14 de diciembre 2019
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Con 73 votos a favor, la recién sancionada Distribuidora Nicaragüense de Petróleos (DNP Petronic) fue nacionalizada este sábado durante una sesión que se desarrolló en la Asamblea Nacional. Esto ocurrió dos días después que el Departamento de Tesoro de Estados Unidos la sancionara, junto al hijo de la pareja presidencial, Rafael Ortega Murillo y también a la empresa de seguridad El Goliat e Inversiones Zanzíbar.
Tras aprobarse esta iniciativa, los inventarios de esta distribuidora de petróleos serán parte del Estado de Nicaragua y serán administrados a través del Ministerio de Energía y Minas (MEM). Sin embargo, el analista, César Arévalo señala que esta es una estrategia para eludir las sanciones que aplicó Estados Unidos.
“Se evaden las sanciones porque estas eran para la compra de productos. Y como DNP ya no puede importar, ahora el importador va a ser Petronic. Lo mismo que hicieron con Alabanisa cuando sancionaron a PDVSA. Albanisa traía el fuel oil para la generadora Alba y lo depositaba en los tanques de Corinto, propiedad de Petronic. Cuando la sancionaron, Petronic pasó a ser el importador, que es el Gobierno. Entonces, siguieron importando fuel oil todo este tiempo”, explica el especialista en hidrocarburos.
Eso significa que Petronic será el importador de todos los combustibles y usará la flota que le pertenecía a DNP Petronic, para transportarlo a las instituciones de Gobierno, a clientes industriales y a las estaciones de servicio que ya eran parte de Petronic. Y las estaciones que le pertenecen a la red de DNP y al grupo Zanzíbar, advierte, que podrían ser compradas o indemnizadas para unirse a las de Petronic.
Asimismo, explica que tras las sanciones el régimen tenía un plazo de treinta días para convertir a Petronic en el importador de los combustibles. Pues la refinería no tiene la capacidad, por los tipos de crudo, para producir suficiente gasolina y la terminal de Corinto, de la estación de la Puma tiene limitaciones.
“En el Atlántico hay tres estaciones DNP que importaban diésel de Estados Unidos. Entonces, ahora solo le ponen el nombre de Petronic y van a importar la gasolina y diésel a esas anteriores DNP”, explica.
Según explica un economista que pidió el anonimato, con la aprobación de esta ley lo que se nacionaliza son los inventarios, no así las instalaciones, activos o pasivos de DNP Petronic. Estos inventarios son de 30 días de consumo. Asimismo, “manda al ente regulador a nombrar empresas o instituciones para realizar la distribución de esos inventarios”, que no pueden aumentar porque ni las empresas de EE.UU. ni las mexicanas les venderán.
“La cadena minorista de los Ortega Murillo queda cerrada. Entonces, tendrán que otorgar esas concesiones a otras personas, testaferros muy probablemente (…) Y como la figura de ‘nacionalización’ no contempló el pago o indemnización. Habría que averiguar eso para hacer un recurso de amparo con suspensión del acto”, dijo.
DNP Petronic controlaba el mercado de hidrocarburos
Hasta septiembre de 2019, DNP Petronic era quien controlaba la venta total de gasolinas y diésel en el país, con un 40.8 por ciento de las ventas en el mercado de hidrocarburos, señala el analista, César Arévalo. En ese periodo, según datos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), importó 964 KB de gasolinas y 1 773 KB de diésel. Superior a los 340 KB de gasolinas y los 460 KB de diésel que importó Puma Energy, la segunda distribuidora e importadora de combustibles del país.
“Las petroleras Puma Energy y DNP son las únicas que tienen facilidades de inventarios de gasolinas y diésel en la terminal de Corinto y Managua. Pues, la ley de hidrocarburos establece inventarios mínimos para cada producto en base a las ventas”, dice Arévalo.
Sin embargo, como DNP Petronic tiene más capacidad de importación que Puma Energy, es vital que su terminal en Corinto entre a funcionar, pues, señala que el estante de carga (loading rack) de esta importadora no tiene capacidad para manejar todo el volumen de las ventas que se operan en 24 horas.
“Al nacionalizar el inventario de DNP Petronic es muy probable que las instituciones de Gobierno y clientes industriales le compren el suministro que está tenía con DNP, a UNO o a Puma, dependiendo las cláusula de fuerza mayor. Aunque también podrían suministrarlas las estaciones de servicio que son propiedad de Petronic”, dice.
Desacuerdo en sesión de aprobación
El diputado liberal, Jimmy Blandón, replicó durante la sesión de aprobación de la “ley de aseguramiento soberano y garantía del suministro de combustible y productos derivados del petróleo”, que al momento de sesionarla no se explicó cuál sería la carga económica para el Estado, ni qué pasará con las acciones y contratos.
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“En la iniciativa no se establece a cuánto asciende el inventario, quiénes son los dueños en la actualidad de este inventario, quiénes son los socios de esta empresa, qué pasa con las acciones, los contratos, las instalaciones, de qué manera afecta al Estado el tema de los contratos que puede tener esta empresa con los proveedores. Hay un totalidad desconocimiento alrededor de estos temas”, replicó y aseguró que los diputados de su bancada votarían en contra.
Antes esto, el jefe de la bancada sandinista, Edwin Castro, aseguró que con esta nacionalización lo que se quiere es “garantizar el suministro de hidrocarburo a la población nicaragüense y a todos los agentes económicos”. Luego, dio un discurso en contra del somocismo.
Sanciones contra la corrupción
Tanto DNP Petronic, El Goliat e Inversiones Zanzíbar fueron sancionadas por “lavado de dinero y apoyo a la corrupción” el jueves 12 de diciembre pasado. Pues, el primogénito de los gobernantes, Rafael Ortega Murillo, utilizó la DNP para enriquecerse “a partir de contratos no competitivos con instituciones gubernamentales nicaragüenses”.
“Rafael Ortega es el administrador de dinero clave detrás de los esquemas financieros ilícitos de la familia Ortega. El Tesoro está apuntando a Rafael y las compañías que posee y usa para lavar dinero para apuntalar el régimen de Ortega a expensas del pueblo nicaragüense”. Es así que “ha brindado asistencia, patrocinio o asistencia financiera, material o tecnológica para bienes o servicios en apoyo de la vicepresidenta de Nicaragua, quien fue designada (sancionada) el 27 de noviembre de 2018”, dijo el secretario del Departamento del Tesoro, Steven T. Mnuchin, tras anunciarse las sanciones.
Esta es la segunda vez que el régimen nacionaliza o compra, a través del Estado, alguna de las empresas que fueron sancionadas por Estados Unidos. En marzo de este año, se aprobó un anteproyecto de Ley que permitió la comprar del Banco Corporativo (BanCorp), por un monto de 743.1 millones de córdobas, que serán pagados con bonos en un plazo de cinco años, para reconvertirlo en un ente público llamado Banco Nacional.
Hasta la fecha 16 funcionarios nicaragüenses han sido sancionados. Entre ellos: el magistrado Lumberto Campbel, Laureano Ortega Murillo, el comisionado general de la Policía Nacional, Ramón Avellán, entre otros.
