4 de mayo 2022
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La Asamblea Nacional, dominada por la bancada del Frente Sandinista, canceló la personalidad jurídica de 50 organizaciones de sociedad civil; la mayor cifra de oenegés ilegalizadas en una sola sesión desde que el régimen orteguista inició su arremetida contra estas formas de asociación. De esta forma, Daniel Ortega ha eliminado 144 oenegés en lo que va de 2022.
Con 75 votos a favor y 16 abstenciones los diputados aprobaron los decretos presentados por el legislador orteguista, Filiberto Rodríguez López, quien durante su intervención, destacó la cantidad de organizaciones canceladas de un solo plumazo. Señaló que estas no quieren cumplir con las legislaciones y aseguró que velarán porque las leyes no se sigan violentando.
“Nos comprometemos a seguir haciendo que se cumplan las leyes, los que creen violentar las leyes, y los que creen que van a seguir con subterfugios, con mentiras, tratando de engañar a las autoridades que administran las leyes de Nicaragua, esto se acabó. Vamos a continuar profundizando nuestra legislación y el cumplimiento de las mismas", amenazó.
Con estas nuevas organizaciones anuladas —mediante un decreto presentado el 29 de abril y otro el 3 de mayo— el régimen orteguista suma 218 asociaciones, universidades, fundaciones y organizaciones clausuradas desde finales de 2018 a la fecha.
Entre las oenegés canceladas hay decenas que desarrollaban proyectos de educación, programas médicos como los ejecutados por Operación Sonrisa, movimientos de mujeres, del medioambiente; la promoción y defensa de los derechos humanos, el desarrollo social, la democracia, la cultura, los indígenas y los niños y adolescentes.
Ante la ilegalización de las organizaciónes, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), señaló en su cuenta de Twitter que "sin espacio cívico no hay democracia".
#Nicaragua: sin espacio cívico no hay #democracia. Las iniciativas legislativas en trámite ante la Asamblea Nacional para cancelar la personalidad jurídica de otras 50 #OSC, que sumarían 210, hablan por sí solas.
— OACNUDH (@OACNUDH) May 4, 2022
25 oenegés en cada decreto
El martes pasado se conoció uno de estos decretos que incluían a 25 oenegés, entre ellas la Asociación Civil Instituto Histórico Centroamericano (IHCA) —creada por la Compañía de Jesús, también responsables de la Universidad Centroamericana (UCA)—; la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Sostenible —liderada por el destacado científico Jaime Incer Barquero—; la Asociación de Cirujanos Dentistas de León; Asociación Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua (FEDH-IPN); entre otras.
Este miércoles se conoció el otro decreto que incluyó a las otras 25 oenegés, entre estas la Asociación Programa Regional Feminista La Corriente, que trabajaba en la defensa de los derechos de las mujeres y cuestionó en diversas ocasiones el actuar del Estado frente a la demanda de parar la violencia machista y los femicidios.
La socióloga y directora de La Corriente, María Teresa Blandón, calificó la decisión de los diputados como "un acto ilegal" porque atenta contra el derecho constitucional a la libertad de asociación y destacó la labor que desarrollan las organizaciones ante el vacío generado por el Estado, principalmente, con las mujeres y grupos de la diversidad sexual.
"Vivimos en un régimen que en todo caso quiere deshacerse de las organizaciones de la sociedad civil porque no quiere tener una población consciente de sus derechos y una ciudadanía activa, que participe, que demande, que formule, y que denuncie también la violación de derechos", sostuvo la socióloga.
Agregó que esta arremetida contra la organización que dirige y otras 49, responde a una "política de arrasamiento, de silenciamiento", y que busca "desactivarnos, desmovilizarnos e imponer una única forma de participación, una única forma de organización que este controlada por el régimen. Es parte de una política típica de los gobiernos autoritarios”, denunció.
La Academia de Ciencias de Nicaragua (ACN), integrada por destacados especialistas en diferentes áreas del conocimiento. La organización, cuya sede se encuentra en la Universidad Centroamericana (UCA), se encargaba de fomentar y difundir la ciencia, investigación y educación.
Otras organizaciones clausuradas son: Fundación “Grupo Fundemos”; Fundación Diez; Asociación Juventud por la Democracia de Nicaragua (JUDENIC);Asociación para el Desarrollo del Pacífico Sur de Nicaragua; Asociación Promotora de Beneficios Mutuos (PROBEMOS);Fundación Poetas Organizados en un Espacio social, Intelectual y Artístico (Fundación Poesía); Fundación Amigos en Acción en Nicaragua; Asociación Centro de Formación Juvenil (CEFOJ); Fundación Nicaragüense de Apoyo a Programas Sociales; Asociación Biodiversidad de Nicaragua.
También fueron cerradas la Asociación Casa de la Mujer Bocana de Paiwas; Asociación sin Fines de Lucro Tierra; Asociación Movimiento de Jóvenes de Ometepe; Asociación para la Promoción de la Mujer de Waslala; Asociación Trabajadores para la Educación, Salud e Integración Social; Asociación Nicaragüense de Cirugía General; Fundación para la Promoción y el Desarrollo Sostenible en el Istmo de Rivas; Fundación Fondo Centroamericano de Mujeres (FCAM); Asociación Campesina de Condega “Conociéndonos y Produciendo”; Fundación Hermanamientos de Nueva Guinea “Luz en la Selva”; Fundación Yarrince; Fundación Apapachoa y Asociación de Centro de Iniciativas de Políticas Ambientales.
Supuesta violación a leyes
El Ministerio de Gobernación (Migob) acusa a las organizaciones del incumplimiento de tres legislaciones: la Ley sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro o Ley 147; la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua o Ley 606, y la Ley contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o Ley 977.
La entidad argumenta además que las organizaciones no han reportado sus estados financieros con desgloses detallados, o no se registraron como agentes extranjeros. Sin embargo, en múltiples ocasiones, los responsables de las oenegés cerradas han asegurado que el Ministerio colocaba trabas para que estos cumplieran con los procesos requeridos por la ley o incluso, a veces, ni les recibían la documentación pese a que lo intentaron en varias ocasiones.
