12 de marzo 2020
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La Policía Nacional perderá el control total que ejerce sobre el Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano (Issdhu), luego de que la aplanadora orteguista en la Asamblea Nacional, aprobara este jueves una iniciativa de Ley para el “Fortalecimiento de la Gestión del Issdhu”. El proyecto legislativo ordena que los mandos policiales dejen el Consejo Directo del Issdhu, que a su vez quedará adscrito a la Presidencia de la República.
La iniciativa de Ley fue introducida este miércoles con carácter de urgencia por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La dictadura ha sido obligada a separar a los mandos de la Policía Nacional, luego de que esta fuera sancionada la semana pasada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El Gobierno estadounidense acusa a la institución policial de “ser responsable o cómplice, o haber participado directa o indirectamente en graves abusos contra los derechos humanos en Nicaragua”.
La sanción no incluía directamente al Issdhu, ya que este es una entidad autónoma del Estado de Nicaragua. Sin embargo, analistas y expertos en seguridad habían adelantado a Confidencial que a corto plazo el instituto se vería afectado, por estar adscrito a la Policía Nacional.
El Issdhu brinda beneficios y maneja las futuras pensiones de los trabajadores de: la Policía Nacional; la Dirección General Sistema Penitenciario Nacional; la Dirección General de Migración y Extranjería; la Dirección General de Bomberos de Nicaragua; los órganos centrales del Ministerio de Gobernación; y el personal que conforma el ente autónomo y que no está afiliado al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
En su página web indican que también realizan préstamos de emergencia, personales y escolares. Tienen 19 sucursales en todo el país.
Cambios en la directiva
El Issdhu fue creado en agosto de 1996, desde entonces hasta 2014, el titular del Ministerio de Gobernación (Mingob), era designado como presidente del Consejo Directivo del Instituto. Sin embargo, esa disposición se cambió con el régimen orteguista en el poder. En julio de 2014, aprobó la Ley 872 o Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de la Seguridad Social de la Policía Nacional, que estableció que la presidencia del Issdhu estaría a cargo del “director o directora de la Policía Nacional”, en este caso, el primer comisionado Francisco Díaz, consuegro de la pareja presidencial y también sancionado por Estados Unidos.
“El Consejo Directivo es la máxima autoridad del Instituto, es a quien corresponde la dirección, orientación, administración y determinación de las políticas del mismo”, ordenan ambas leyes y lo ratifica la iniciativa.
El artículo 76 de la Ley 872 manda a que “el director o directora general de la Policía Nacional ejercerá la Presidencia del Consejo Directivo, y el subdirector o subdirectora general de Administración y Gestión de la Policía Nacional, ocupará la vicepresidencia y, en caso de ausencia del presidente o presidenta, asumirá sus funciones”.
La iniciativa de Ley en su artículo 9 establece: “El presidente y vicepresidente del Consejo Directivo serán electos de entre sus miembros, pudiendo ser reelegidos en sus cargos”. Desaparece la disposición de asignar al jefe u otro mando policial.
Otro cambio que trae el proyecto de Ley es que el Consejo Directivo ya no estará copado por autoridades policiales. El artículo 75 de la Ley 872 detalla que la directiva estará integrada por: el ministro o ministra de Gobernación; el director o directora General de la Policía Nacional; el subdirector o subdirectora general de Administración y Gestión de la Policía; el inspector o inspectora general de la Policía; el ministro o ministra de Hacienda y Crédito Público; el presidente ejecutivo o presidenta ejecutiva del INSS; y un representante de los pensionados.
La propuesta del régimen recomienda en el artículo 8 que “el Consejo Directivo esté integrado por: un representante del Ministerio de Gobernación; uno del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; uno del INSS; tres representantes de la Policía Nacional; y uno de los pensionados”.
Bajo la Presidencia de la República
La Ley 872 en su artículo 71 señala que el Issdhu “es un ente autónomo del Estado de Nicaragua, de duración indefinida, con patrimonio propio, personalidad jurídica y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, adscrito a la Policía Nacional”.
La iniciativa de Ley, en su artículo 4, ratifica al Issdhu como un “ente autónomo del Estado de Nicaragua”, pero ordena que ahora estará “adscrito a la Presidencia de la República”. Los expertos preveían este cambio, pero se inclinaban más por la posibilidad de que el Instituto pasará a manos del Mingob o el INSS.
El régimen tiene hasta el próximo seis de mayo como fecha tope para hacer cambios en las relaciones de la Policía con otras instituciones y empresas privadas, incluidos bancos. La oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, estableció ese plazo para que las empresarios y entidades estadounidenses corten de manera “paulatina” las transacciones con la Policía Nacional.
Desaparece el Consejo Técnico
El proyecto de Ley sugiere, en su artículo 7, que el Instituto estará conformado por: un Consejo Directivo; una Dirección Ejecutiva; Auditoría Interna; y las “dependencias administrativas que se requieran para el cumplimiento de sus funciones”.
Con este nuevo organigrama desaparecería el Consejo Técnico —establecido en la Ley 872—, que es “una instancia consultiva y de apoyo a la gestión del director ejecutivo o directora ejecutiva quien lo preside”, según el artículo 79 de la referida legislación.
Este Consejo Técnico está integrado por “altos funcionarios y asesores del Instituto que fueren designados por el Consejo Directivo”, indica el mismo artículo, que ordena que se reúna “por lo menos una vez al mes”.
