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Secuestran y acusan a ciudadanos y opositores, pero ocultan supuestos delitos

Número de presos políticos sigue aumentando. El último detenido es Max Jerez, padre del líder estudiantil, que lleva más de un año en El Chipote

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo arrestó este 29 de noviembre a Max Jerez, padre del líder estudiantil del mismo nombre capturado en julio de 2021. Se trata del arresto más reciente en una escalada represiva desatada en las últimas semanas, que ha dejado al menos doce personas detenidas en diferentes estaciones policiales.

Max Jerez padre se suma a las detenciones arbitrarias de Gisselle y Walkiria Ortega, tía y sobrina, respectivamente; Francisco Hernaldo Vásquez, Rodrigo Navarrete, Óscar René Vargas, Carlos Valle, Mildred Rayo, Miguel Flores, Karla Vega, Allan Sebastián Bermúdez y Sandra del Carmen Acevedo Díaz.

El régimen también mantuvo detenidos durante 14 días a 19 jóvenes indígenas de los municipios de Bilwi y Waspam, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN), quienes fueron capturados en el contexto de las protestas suscitadas tras la farsa electoral municipal y fueron liberados el 25 de noviembre pasado.

En días pasados también se reportó la liberación de otras diez personas capturadas en el contexto electoral.

Fuentes cercanas a la familia de Max Jerez confirmaron que fue trasladado al Distrito V de la Policía, en Managua, pero desconocen las causas del arresto. También explicaron que Jerez padre no mantiene una relación cercana con el líder estudiantil.

Ocultan supuestos delitos en sistema judicial orteguista

Mientras tanto, la Fiscalía del régimen interpuso una serie de denuncias penales en contra de nueve de los doce detenidos. En seis de estos casos el régimen mantiene ocultos los supuestos delitos cometidos por los opositores políticos, en los que “el Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense” se declaran como víctimas u ofendidos.

De acuerdo con el sistema electrónico del Poder Judicial, en el Juzgado Sexto Distrito Penal de Audiencias de Managua se encuentra una acusación penal en contra de Gisselle y Walkiria Ortega, tía y sobrina, respectivamente, y Francisco Hernaldo Vásquez. La acusación fue interpuesta el sábado 26 de noviembre por el fiscal Sandro Peña Urbina, pero el supuesto delito no aparece en el expediente digital.

Gisselle, Walkiria y Francisco fueron arrestados por la Policía Nacional el jueves  24 de noviembre. La primera de estas, llamada popularmente “La Taylor”, fue detenida en 2018 por participar en las protestas ciudadanas de ese año y desde entonces sufría asedio policial.

Familiares de Gisselle y Walkiria presumen que el arresto de ambas se debe a la impresión de unos sticker que Gisselle envó a realizar en Ortega´s Multiservicios, propiedad de Walkiria. Mientras que Francisco, que es propietario de Copynic, habría sido detenido porque alquilaba las impresoras a Ortega´s Multiservicios.

“Lo que se sabe es que Walkiria le mandó unos sticker a Guiselle, alusivos a Nicaragua. No hay nada de acusación, es realmente otro abuso de poder. Ellas no han hecho nada malo para ser tratadas inhumanamente, detenidas arbitrariamente”, comentó uno de los familiares a 100% Noticias.

Dos días antes, el martes 22 de noviembre, fue detenido y acusado penalmente el sociólogo y escritor, Oscar René Vargas. Según denunció su familia, Vargas, de 76 años, fue arrestado a eso de las 10:45 a.m. en la casa de su hermana Patricia, ubicada en Bolonia.

En menos de veinticuatro horas después del arresto, el Ministerio Público lo acusó sin especificar el delito. La acusación señala que el Estado es el ofendido. El caso es llevado por la fiscal es Yubelca del Carmen Pérez Alvarado y la juez es Gloria María Saavedra Corrales, quien ha condenado a varios presos políticos.

El régimen también mantiene una acusación penal sin especificar delito en contra de los jóvenes Mildred Rayo y Miguel Flores, miembros de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), quienes fueron detenidos en el contexto de la farsa electoral municipal.

Delitos imputados a presos políticos

A mediados de noviembre, fuentes de organizaciones opositoras y la abogada Yonarqui Martínez —que da seguimiento al caso como defensora de derechos humanos—, confirmaron que la justicia orteguista acusó a la opositora Karla Vega, originaria de El Rosario, Carazo; Allan Sebastián Bermúdez y Sandra del Carmen Acevedo Díaz por supuesta “conspiración para cometer menoscabo” y “propagación de noticias falsas”, delitos que han sido instrumentalizados por el Poder Judicial para la fabricación de casos contra opositores, han señalado especialistas en derecho y defensores.

Martínez confirmó entonces que Vega fue presentada en una audiencia preliminar el pasado 11 de noviembre y la audiencia inicial fue realizada el lunes 21.

“Nos patearon la puerta y entraron con odio. La montaron (a la camioneta). Eran alrededor de diez antimotines. Su integridad física y su vida está en peligro porque desde que la sacaron de su casa la iban golpeando”, relató una familiar de Vega a CONFIDENCIAL sobre su detención.

Mientras tanto, los familiares de los detenidos Carlos Valle, Rodrigo Navarrete y Max Jerez (padre), están a la expectativa de que se le formulen cargos en su contra o sean puestos en libertad.


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