3 de mayo 2021
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Dos abogados, un contador y tres directivos, todos representantes de organismos no gubernamentales en Nicaragua, sostienen que el régimen de Daniel Ortega los está “matando suavemente” con la imposición de legislaciones y trámites burocráticos que tienen, como su traba más reciente, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, aprobada a mediados de octubre de 2020, en un paquete de leyes punitivas del orteguismo. Así, coinciden, el método de represión usado por las autoridades ha cambiado, porque estas acciones son “más discretas” que los allanamientos de años anteriores.
Si cuestionar al régimen de Nicaragua te colocaba frente a campañas de descrédito y acusaciones de lavado de dinero, como ocurrió con los representantes del Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO) en 2008, la suerte de las asociaciones depende ahora del excesivo burocratismo y el control que ejercen los funcionarios de dos oficinas adjuntas ubicadas en la planta baja del Ministerio de Gobernación (MIGOB): la de Registro de Agentes Extranjeros y la de Control de los Organismos sin fines de lucro.
A través de su página en Facebook, el Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra denunció que el Gobierno no les ha entregado desde 2018 sus documentos de cumplimiento ni les reciben sus informes financieros. En febrero, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) se quejó de obstáculos en el MIGOB, según relató la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al rechazar la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, una ley que, con el pretexto de normar el financiamiento externo, promueve la segregación de los nicaragüenses, conculcando sus derechos políticos.
Un costoso laberinto
Para quienes han ido a esos despachos del Ministerio, está claro que en ese lugar inicia el laberinto para las organizaciones. Un camino muy costoso, en especial para aquellos representantes de asociaciones que se encuentran trabajando en los lugares más lejanos del país. Si el organismo decide inscribirse como “agente extranjero”, por ejemplo, pero no tiene la constancia de cumplimiento que emite la otra oficina, simplemente no puede hacerlo.
Si en la dependencia de agente extranjero le requieren un documento, aunque el mismo ya lo tiene la otra oficina, eso no importa, porque no se facilita en nada el proceso. Debe llevarlos nuevamente, aunque se duplique el esfuerzo. Las orientaciones que cada solicitante recibe son siempre verbales y, por lo tanto, puede encontrarse con un nuevo requisito del último funcionario que lo atiende, es decir todo depende de su arbitrio.
En Nicaragua, las oenegés están sujetas al control de Gobernación por un marco jurídico formado por la reciente Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que establece multas de medio millón de dólares para quienes actúen fuera de sus fines; la ley de asociaciones y su normativa que se mantuvo oculta para regular las asociaciones desde 2019; y las regulaciones sobre lavado de dinero, establecidas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Lo que nadie dice en público, por temor a represalias, es que existe un control político del cual están perfectamente informados tanto en la oficina de agentes extranjeros como en la de asociaciones. Por eso, según los afectados, en la dirección jurídica, ubicada en el segundo piso del Ministerio de Gobernación, se encuentran los expedientes de organizaciones de mujeres, derechos humanos y aquellas que promueven las libertades públicas.
“Algunos funcionarios han dicho que jamás les darán pase a ciertas asociaciones, porque hay golpistas entre sus directivos”, sostienen.
Con más de 15 años de carrera en las oenegés, otro técnico consultado explicó que el Gobierno diseñó un sistema donde ya no necesita meter patrullas en tu despacho, y simplemente con un contador y un abogado puede intervenirte. Posteriormente se puede dar el reemplazo de la junta directiva, hasta que el régimen se haga con el control de la organización, aunque la misma tenga décadas trabajando. “Ahora las patrullas le dan mala publicidad al Gobierno; es diferente: si quieren quitarte todo, lo hacen sutilmente”.
CONFIDENCIAL envió una solicitud de información al correo electrónico de Relaciones Públicas de Gobernación, después de varios intentos fallidos por vía telefónica. En ninguno de los dos casos respondieron a las preguntas sobre la situación de la legalidad de los organismos y las trabas impuestas desde el Estado.
Un mundo de “dificultades kafkianas”
Las dificultades estatales son tales que los seis miembros de la sociedad civil vinculados a organizaciones, que relataron su periplo a CONFIDENCIAL, calificaron los impedimentos como “kafkianos” en referencia al escritor checo Franz Kafka y el carácter trágicamente absurdo de algunas situaciones planteadas en su obra literaria.
Los entrevistados explicaron que el objetivo común de las autoridades estatales es mantenerlos en la ilegalidad en este año electoral, lo que afecta directamente la posibilidad que puedan mantener sus cuentas en el sistema bancario y recibir de esa manera financiamiento externo con intromisiones que incluso llegan a plantear reformas de los estatutos de las asociaciones.
“Por ejemplo, si no le gusta cómo tomamos decisiones, mandan a cambiar la forma cómo lo hacemos. Eso violenta la libertad de organización y también se entromete en lo que ya fue previamente (personería) aprobado por otro poder del Estado: la Asamblea Nacional. Igual yo tengo que pagar un contador prácticamente para cumplir los caprichos de los funcionarios”, explican.
Rosario Sáenz, una ambientalista con una trayectoria de treinta años en el sector, dice que la última vez que un delegado suyo fue a solicitar una constancia para la Fundación Nicaragüense del Desarrollo Sostenible (Fundenic), en la que es vicepresidenta, le dijeron que no aceptaban que los miembros de la directiva se hubiesen reunido de manera virtual, pese a que la organización da fe de la sesión.
“Hemos ido como cinco veces desde 2018 y no nos entregan la constancia de cumplimiento. No argumentan nada, no hay respuesta, y lo último que nos dijeron fue que no recibían los documentos porque algunos de los miembros de la Fundación estaban fuera del país y entonces no se admite que hayan tenido presencia virtual. Cuando hoy hasta resoluciones de Naciones Unidas se hacen de esa manera; la Primera Dama lanza (también) resoluciones así”, criticó Sáenz refiriéndose a que distintas instituciones lo hacen en el contexto de la pandemia.
Según Sáenz, en el laberinto institucional, a los organismos se les van venciendo los otros documentos necesarios para operar: la autorización de la Junta Directiva y Asamblea General de miembros, y el número del Registro Único de Contribuyente (RUC). Estas trabas estatales complican más a la Fundación y otros organismos, causando “estrés” en los miembros de la misma y en algunos casos concluyen con el cierre, lamentó.
Representantes de diversas organizaciones presentaron recursos por inconstitucionalidad contra la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Foto: Cortesía
El presidente de Fundenic, fundada en 1995, es el doctor Jaime Incer Barquero, premio National Geographic, uno de los científicos más reconocidos en Nicaragua, y asesor presidencial desde 2007, lo que parece no importarle a la dirigencia sandinista. Sáenz explica que el Ejecutivo ha mantenido una posición contradictoria con Incer, porque por un lado lo mantienen como asesor, pero desoyen sus consejos y mantienen en ilegalidad a Fundenic.
“Un día llegás con tu organización, aquí hay algo que le falta, pero en ningún lado está ese requisito, lo subsanás, llegás nuevamente y te salen otros requisitos”, insistió Sáenz. Para lograr el desconcierto de los representantes de las oenegés, el Gobierno introdujo la normativa de la Ley de Asociaciones en 2020, diciendo que la habían escrito un año antes, aunque no la hubiesen divulgado.
Pese a que los impedimentos estatales pueden variar según fue constatado, CONFIDENCIAL identificó los motivos más frecuentes brindados por las autoridades de Gobernación para no entregar las constancias de cumplimiento. Un equipo periodístico revisó las bitácoras de dos de los organismos consultados sobre sus gestiones ante la institución estatal, una de las asociaciones tuvo que ir 15 veces para intentar obtenerla, mientras la otra fue en 20 ocasiones. Ninguna lo logró.
- El expediente está en digitalización (uno de los ONG pasó en esta situación 2019 y 2020).
- Solicitud de información en Excel de las donaciones recibidas certificadas por un Contador Público Autorizado, lo que debe incluir los beneficiarios.
- Señalamiento de inconsistencia de los estados financieros de manera retroactiva (es decir antes de la aprobación de la normativa de 2019) y, a pesar que los mismos incluso fueron avalados en su momento por las mismas autoridades.
- A finales de febrero, cuando estaba previsto la entrega de los informes financieros, a muchos representantes les tocó salir a las dos de la mañana para cumplir con la entrega de los suyos. Una fuente dijo que aquello parecía un “mercado persa”.
- La documentación fue regresada porque no se detalló el barrio donde se desarrolló la actividad del organismo.
- También hay una arbitrariedad con la duración de las constancias. Según las fuentes consultadas, la validez de las mismas antes de 2018 era de un año, luego fue reducida a seis meses y ahora las otorgan con dos plazos: tres meses (para quienes se inscriben como agentes) y un mes para los que no están obligados a hacerlo.
- A quienes logran ser inscritos como agentes extranjeros, los obligan a pagar 50 dólares por cada transferencia (donación). Según el Ministerio, se debe informar antes y después de recibirla en cinco días hábiles.
La “muerte civil de la organización”
Las consecuencias son claras para los afectados. “Es una muerte civil constante en la que te mantienen. Para mí es un terrorismo de Estado”, afirmó una jurista que representa a doce organizaciones, entre asociaciones locales, extranjeras y fundaciones que se encuentran prácticamente en “el limbo” tras la serie de obstáculos planteados por las autoridades.
La abogada relató que los funcionarios que atienden en el Ministerio de Gobernación son solo cinco y que, como en su interior las dos oficinas tienen comunicación, es usual que en un momento los mismos empleados atiendan a solicitantes de un despacho y en otro instante en otro. Visten azul y blanco, y la propaganda al régimen en el despacho solo es visible en los murales o los canales de televisión donde siempre mantienen en sintonía a los medios oficialistas.
Organizaciones alegan ante la Corte Suprema de Justicia que legislación viola al menos 17 artículos de la Constitución nicaragüense.
En varias ocasiones, la abogada preguntó si uno de sus organismos, definido como religioso, debería inscribirse como “agente extranjero” dado que es una de las excepciones en la legislación. Primero le dijeron que no, y, cuando les avisó que recibiría fondos, cambiaron de opinión, definiendo la religión como “leer la Biblia, gritar en cuatro paredes (entiéndase la Iglesia)” y, por supuesto, eso no incluía nada de obras sociales.
La misma jurista, se levanta durante la conversación con el equipo periodístico y escribe en un papel la palabra “literal”. Dice que durante una visita en enero a Gobernación los funcionarios les orientaron que en la escritura de otra asociación suya faltaba esa palabra cuando citaban el artículo 27 y una “f”. Solucionado el problema, tiempo después llegó nuevamente a dejar el mismo documento. Esta vez una mujer le hizo una pregunta sobre uno de los miembros de la directiva, quien había dimitido.
—¿Esta persona va a mantener su membresía?— le preguntaron
—Ahí en el documento tiene la lista de todos los miembros y está él.
—No me queda claro, compañera, traiga el documento de nuevo y déjelo claro— le dijeron.
Las exigencias de los oficiales son tan variadas como la imaginación e interfiere reiteradamente en la vida de las organizaciones. “Te obligan también a usar el libro de actas de tu asociación como si fuera un protocolo notarial. Eso quiere decir que, si hay manchas, separaciones inadecuadas entre acta y acta, debés cambiar el libro. Te multan por uso indebido del mismo y debés esperar varios días para que te den el nuevo firmado y sellado. Eso tiene otro costo”, narró.
La escalada contra la libertad de asociación
Las medidas de Gobernación forman parte de una escalada del Estado en contra los organismos de la sociedad civil, luego que a finales de 2018 el Ejecutivo ordenó la confiscación de las instalaciones de nueve organismos, a los que acusaron de respaldar el “golpe de Estado” como el Gobierno llama oficialmente a las protestas de 2018 que fueron violentamente reprimidas, dejando 328 asesinados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A finales de 2018, Luis Cañas, el viceministro de Gobernación, justificó el cierre de las mencionadas instituciones: “Estaban actuando en contra de los principios que ellos estaban (llamados) a funcionar: actividades fuera de la ley, alteración del orden y realizar actividades que no estaban de acuerdo a sus fines y objetivos por los cuales se les otorgó esa personería jurídica”, dijo a medios oficialistas.
Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, uno de los organismos confiscados por el Gobierno en 2018, sostiene que durante el régimen de Ortega se han dado las peores acciones contra las organizaciones asociativas.
“Nuestros miembros eran 22, sumale unos 20 más, se quedaron sin dos radios comunitarias que cubrían El Castillo y la zona de San Carlos (en Río San Juan), 22 propiedades fueron expropiadas, incluyendo cuatro áreas de conservación de bosques, hemos tenido presencia por treinta años con trabajo”, explicó Ruiz.
A principios de febrero de 2021, tras la aprobación de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y PEN Nicaragua describieron el carácter autoritario del régimen de Ortega. “Hoy es un día de luto cívico para las organizaciones de la sociedad civil que no aceptan ser agentes extranjeros en nuestro propio país”, sostuvo Cristiana Chamorro, de la FVBCH. El segundo organismo es representado por la poeta Gioconda Belli, quien afirmó que se había perdido la posibilidad de optar a otros proyectos, luego que la cuenta bancaria fue cancelada a consecuencia de la misma legislación.
Para Rosario Sáenz, de Fundenic, lo que ha ocurrido se debe a una política estatal de desmontar la participación ciudadana de todas las instancias de Estado, para reemplazarla por lo partidario. En eso coincide con Amaru Ruiz, coautor de un análisis de la libertad de asociación en Nicaragua entre 2007 y 2020, publicado por Popol Na y la Fundación del Río a finales del año pasado.
“La estrategia del FSLN fue que comenzó a tratar de controlar los fondos (de cooperación). Le dio continuidad a (al expresidente Arnoldo) Alemán. La orden de Valdrack Jaenstchke (entonces vicecanciller de Ortega) fue que no se podía financiar en estos temas, derechos humanos, por ejemplo, y que toda la cooperación tenía que pasar por el Estado”, explicó Ruiz.
Mientras esto ocurría, el FSLN mantuvo una persecución a los movimientos sociales como las feministas, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, el Instituto de Liderazgo de Las Segovias, el Centro de Información de Asesoría para la Salud, el Instituto para la Democracia y el Desarrollo (Ipade), entre otros, así como el movimiento autoconvocado de Ocupa INSS, el Movimiento Campesino, entre otros, igual que las presiones a organismos internacionales como el Programa de Naciones Unidas del Desarrollo (PNUD) expulsado en 2016, reseña el mismo análisis de Popol Na y Fundación del Río.
La consecuencia de la partidización de las instituciones fue también, además de los abusos de derechos humanos, la falta de transparencia generalizada. “Lo que ves es un secretismo en todo. La única información válida es la que el Gobierno decide dar”, añadió la ambientalista Rosario Sáenz.
La persecución de Daniel Ortega en contra de las oenegés en Nicaragua
Daniel Ortega ha ejecutado una estrategia implacable contra los organismos que considera sus enemigos: intervención policial en sus sedes, expulsiones de representantes de la sociedad civil, allanamientos ilegales y confiscaciones.
10 de octubre de 2008: Allanamiento ilegal de las oficinas del Movimiento Autónomo de Mujeres y el Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO), en Managua. Fueron acusados falsamente de triangulación de fondos y lavado de dinero.
26 de noviembre de 2018: El Gobierno expulsa del país a la directora del Centro de Información y Servicios de Asesoría de la Salud (CISAS), Ana Quirós, quien tenía nacionalidad nicaragüense desde 1997. Quirós había participado en las manifestaciones contra las reformas al Seguro Social en abril de 2018, donde fue agredida por turbas del Frente Sandinista.
12 de octubre de 2018: Se publica el reglamento de la ley de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que permite la regulación de organismos no gubernamentales.
12 de diciembre de 2018: Legisladores sandinistas cancelan las personerías jurídicas del Instituto de Liderazgo de Las Segovias, el Instituto para la Democracia y el Desarrollo (Ipade), la Fundación del Río, CINCO y Popol Na. Días antes también fueron cancelados CISAS, el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y Hagamos Democracia.
14 de diciembre de 2018: El régimen se toma manu militari las instalaciones de las oenegés canceladas. Además, asalta y se toma las instalaciones de CONFIDENCIAL y Esta Semana sin ningún argumento legal.
5 de febrero de 2020: Se denuncia la aplicación de una normativa de la Ley 147, vigente desde 2019, cuyo objetivo es prevenir el lavado de activos, pero en realidad es un instrumento de control a los organismos. El artículo 30, numeral 7, explica que es razón para intervenir un organismo cuando este “intervenga en asuntos de carácter político partidario del país”.
19 de octubre de 2020: Aprobación de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, supuestamente para regular el financiamiento externo. Se establecen controles mensuales de los fondos y la aprobación de los mismos de parte de las autoridades. Denuncian que la ley segrega a los nicaragüenses y conculca sus derechos políticos.
23 de diciembre de 2020: Aparecen rótulos donde se dice que las propiedades son del Ministerio de Salud, comenzando la consumación de la confiscación del Estado de bienes de organismos no gubernamentales y medios de comunicación. El Minsa “inauguró” los supuestos centros en febrero de 2021.
5 de febrero de 2021: PEN Nicaragua anuncia el cierre de sus operaciones por la imposición de requisitos para recibir fondos del exterior con la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros.
06 de febrero de 2021: La Fundación Violeta Barrios Chamorro anuncia el cierre de sus operaciones y rechaza imposición de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros.
