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Testigos y peritos falsos condenarán a religiosos y obispo Rolando Álvarez

Testigos contra obispo Álvarez son policías, trabajadores del Estado y sandinistas. "Algunos ni sabían que serían llamados", advierte religioso

Dos días después que se conoció el fallo condenatorio en contra del sacerdote Óscar Benavides, el primer religioso enjuiciado por supuesto delitos de conspiración y noticias falsas, la dictadura de Daniel Ortega enlistó a los doce testigos y cuatro peritos que declararán en el juicio espurio contra el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez. Entre estos destacan: tres policías, dos trabajadores del Estado y varios simpatizantes sandinistas.

“Estos testigos y peritos que van a ser llevados ante el judicial en contra del obispo Rolando José Álvarez y en contra del resto de sacerdotes, son testigos falsos que el mismo régimen está utilizando para crear el mayor daño posible y dar una apariencia de legalidad en este proceso judicial”, opinó durante el programa Esta Noche, la abogada e investigadora en temas religiosos, Martha Patricia Molina.

La experta añade que “sabemos que en la lista de testigos y peritos están paramilitares, familiares de paramilitares, trabajadores del Estado y policías. Entonces es un montaje más del sistema judicial, un juicio completamente nulo, arbitrario e ilegal”.

Por su parte, el abogado y extrabajador del Poder Judicial, Yader Morazán, quien se encuentra en el exilio y ha dado seguimiento al caso de los religiosos, reveló a través de Twitter, que una de las testigos es Josefa Azucena Jirón López, quien es secretaria del Ministerio de Educación (Mined) en el departamento de Matagalpa y Erling Francisco Picado Montoya, defensor público en el Complejo Judicial de Matagalpa.

También mencionó que participará Elba Marina Rayo, quien trabaja en una radio de perfil sandinista y anteriormente colaboró con el obispo Álvarez; Emiliano Pérez Castro, quien es hermano del excomisionado (con baja deshonrosa) Marvin Pérez, “quien después de abril fue nombrado como delegado del Ministerio de Transporte de Matagalpa”. De la mayoría de testigos hay fotografías con propaganda política.

Padre Erick: “También es delito involucrar personas que no saben nada”

El sacerdote Erick Díaz, quien se exilió en septiembre de 2022 para proteger su vida y libertad,  señaló en su cuenta de Facebook que “hay varios ahí que no sabían qué estaban en esa lista y se dieron cuenta hasta hoy (…) Ya sabrán que viene después: citarlos y amenazarlos para que digan lo que ellos prepararon”.

El religioso añadió que “hay varios que van con alegría, a descargar su odio y a decir mentiras contra monseñor. Hay otros que primero prima su fe y no son capaces de dar testimonios falsos. Eso también es un delito que comete el sistema de involucrar personas que no saben nada y que no están dispuestos a decir mentiras. También ellos son víctimas”.

Y reflexiona que “tarde que temprano todo sale a la luz (…) y quien perdió la conciencia y va a mentir contra un inocente, además de ser pecado es un delito penado por la ley”.

Por su parte, la abogada  Martha Patricia Molina recuerda que el Código Penal establece y estipula que hay pena contra los testigos falsos o para aquellos “peritos que dan información que vaya a perjudicar en este caso al acusado”.

Asimismo, recomienda “estar atentos a este tipo de juicios e ir documentando quiénes son los que están participando en el sistema judicial tanto los jueces, los fiscales que representan al Ministerio Público; los defensores públicos, los testigos, los peritos, porque todo esto que ellos están haciendo es ir en contra de lo que establecen las leyes penales”.

Sacerdote Benavides debió ser juzgado junto con otros religiosos

Morazán explica que en el caso del sacerdote Óscar Benavides existe una correlación con los otros religiosos encarcelados, por lo tanto, el Estado cometió un “desacierto” al enjuiciarlo de forma independiente porque “podrían haber contradicciones entre un proceso y el otro, esto podría generar un defecto procesal futuro en estado de apelación, por ejemplo”, dijo.

También explica que en este juicio, como en otros de carácter político, el Estado es juez y parte. Es decir, que “el Estado es el que investiga, acusa, procesa, condena y a la vez el Estado figura como víctima. El Estado incluso impone, un defensor público y este ejerce una simulación de defensa a favor de los sacerdotes”, opinó durante el programa Esta Noche.

Molina señala que en el caso de Benavides, la jueza orteguista Nancy Aguirre Gudiel –quien le había impuesto un defensor público– permitió que asumiera su defensa un abogado privado. Sin embargo, “se tiene conocimiento que ni siquiera los abogados (privados) han tenido el acceso a toda la documentación en donde aparecen las pruebas, las declaraciones de que se le acusa”.

La abogada aclara que si bien ya existe un fallo de culpabilidad contra el sacerdote Benavides, todavía no se han impuesto los años de condena. “Esta pena puede ir entre cinco a 15 años de prisión, pero tampoco nos debemos de asustar si el juez después dice que son más años”, opina.

Curia de Matagalpa sigue tomada

El pasado 13 de diciembre, el Ministerio Público de Nicaragua acusó al obispo Álvarez y al sacerdote exiliado Uriel Antonio Vallejos por los presuntos delitos de conspiración y propagación de noticias falsas.  El obispo fue presentado sin su vestimenta religiosa en la audiencia inicial, celebrada en el Complejo Judicial de Managua, el pasado diez de enero.

La Policía de Nicaragua, que dirige Francisco Díaz, consuegro del presidente Ortega, acusa al religioso de intentar “organizar grupos violentos”, supuestamente “con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales”.

Morazán, quien es exfuncionario del sistema judicial nicaragüense, explica que la Curia Episcopal donde el obispo estuvo “secuestrado” entre el cuatro y el 19 de agosto de 2022, junto a otros sacerdotes y laicos, aún se encuentra tomada por la Policía Nacional.

“A pesar de que no existen conos policiales en el resguardo del perímetro, en ese lugar no se puede ni siquiera aparcar un taxi durante cinco minutos para guardar a un pasajero”, denuncia. Y añade: “no existe un procedimiento que haya dado algún tipo de apariencia de legalidad o haya maquillado la toma de hecho que han realizado en contra de la Curia Episcopal de Matagalpa”.

Año convulso para la Iglesia

En octubre pasado, Ortega arremetió contra la Iglesia católica que dirige el papa Francisco, la acusó de no practicar la democracia, de ser una “dictadura” y una “tiranía perfecta” y de haber utilizado “a sus obispos en Nicaragua para dar un golpe de Estado” a su Gobierno en el marco de las manifestaciones que estallaron en abril de 2018 por unas controvertidas reformas a la Seguridad Social.

En 2022, el Gobierno sandinista expulsó del país al nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag y a 18 monjas de la orden Misioneras de la Caridad, fundada por la Madre Teresa de Calcuta.

También ha llevado a prisión a siete sacerdotes y dos colaboradores de la diócesis de Matagalpa, cerrado nueve estaciones de radio católicas y sacado de la programación de la televisión por suscripción a tres canales católicos, e impedido procesiones y romerías.

**Con información de EFE**


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