1 de febrero 2023
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Para "Moisés", que trabaja desde hace 12 años como fiscal, es evidente que la actuación de policías, jueces y fiscales es controlada "en su totalidad" por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Aunque él no ha estado a cargo directamente de juicios políticos contra ciudadanos considerados opositores, admite que "las presiones son grandes" para los funcionarios públicos.
Por ello no le sorprende que el Colectivo de Exfuncionarios y Exfiscales de Nicaragua informara el fin de semana pasado que tanto las detenciones de monseñor Rolando Álvarez, varios sacerdotes y el resto presos políticos en Nicaragua han sido "arbitrarias" y evidencian "el mal proceder" de la Policía, los fiscales y los jueces, lo que podría ser motivo de castigos, porque su actuar va contra la propia Constitución Política de Nicaragua.
"Es algo que todos sabemos, incluso quienes están actuando contra las leyes. Muchos no quisieran hacerlo, pero se ven obligados a hacerlo. No digo que no todos tengan los mismos niveles de culpa, porque hay incluso quienes disfrutan castigando a los presos políticos", detalla este funcionario público.
En su comunicado los exfuncionarios señalan que las detenciones arbitrarias "se han ejecutado para restringir el ejercicio de los derechos civiles contenidos en nuestra Constitución Política, la Declaración Universal de Derechos Humanos y Tratados internacionales ratificados por el Estado nicaragüense".
"La privación de libertad solamente puede ser decretada dentro de un proceso penal con garantías y por orden judicial debidamente fundamentada. Por lo que la privación de libertad y restricción personal que transgreda la función específica de la Policía Nacional también transgrede la Constitución Política y las leyes penales", menciona el Colectivo en su declaración pública.
"Lesbia", trabajadora del Poder Judicial, cree que todos los servidores públicos "saben que su actuar es inconstitucional, porque no hay sustento legal que justifique esos juicios políticos, pero además es inmoral que se condene a personas por delitos que evidentemente no han cometido".
"La gran mayoría de trabajadores del Poder Judicial sabemos que la función pública está secuestrada por los Ortega-Murillo y que se hace lo que ellos quieren que se haga y que cuando alguien se sale del guion que ellos imponen es castigado y cruelmente", expresa.
No hay objetividad ni legalidad
El comunicado de los exfuncionarios apunta que los representantes de la Fiscalía "han obviado actuar conforme los principios de objetividad y legalidad establecidos en los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público" que indica que su actividad debe ser autónoma y libre.
Además criticaron que "han actuado de forma consciente en la criminalización de conductas que no constituyen delito". "Han violentado los principios de legalidad, justicia, proporcionalidad y equidad y los principios universales que garantizan la protección de los derechos humanos de las personas acusadas, lo cual acarrea responsabilidad penal, civil y administrativa de los funcionarios involucrados", insisten.
"Moisés" manifiesta que el comunicado "no generó debates a lo interno de los trabajadores públicos" pero cree "que a nivel individual muchos tienen que reflexionar sobre lo que están haciendo".
"Es una reflexión constante la que hay, cada vez más gente está abriendo los ojos sobre cómo la actuación del régimen se lleva como se dice popularmente 'entre las patas' a los que hoy les sirven. Por eso incluso muchos de los que hoy firman ese comunicado son extrabajadores que salieron huyendo de las presiones que recibían", dice.
Infracciones de jueces
Sobre los jueces y magistrados del Poder Judicial, los exfuncionarios declaran que estos "han olvidado el imperativo legal de su función pública, que se subordina a la Constitución Política y a las Leyes ordinarias que les imponen deberes y obligaciones para garantizar la aplicación de una justicia efectiva".
"Los jueces y magistrados han incurrido no solamente en infracciones normativas relativas al ejercicio de su cargo, sino que también han infringido la norma procesal penal al ignorar las reglas del debido proceso, impidiendo el libre ejercicio de la defensa, ocultando información de los juicios y audiencias, omitiendo su deber de garantizar el acceso a la atención médica de los privados de libertad de forma pronta y oportuna", enumeran en el comunicado.
Para "Lesbia" es una "gran verdad" que el sistema judicial "ha violentado todo principio de independencia profesional y ha quedado en evidencia que su único interés es perjudicar a los acusados".
"Se ha castigado gente por utilizar supuestamente redes sociales cuando es comprobado que no tienen siquiera redes sociales o teléfonos inteligentes", afirma.
"Lo peor es que ahora se está acusando a gente solo por ser familiar de alguien que es opositor, cuando es evidente que no hay prueba alguna contra ellos, pero como los juicios son a puerta cerradas, y tanto defensores como acusadores son los mismos, el resultado es la condena", lamenta.
