29 de diciembre 2021
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La continuidad de Daniel Ortega en el poder, tras su tercera reelección consecutiva, genera una perspectiva “aterradora” en una Nicaragua donde, en palabras del organismo Amnistía Internacional (AI): “las violaciones a los derechos humanos se volvieron cada vez más comunes” y expresar una crítica contra el Gobierno deja a los ciudadanos “en grave riesgo”.
“Hemos sido testigos del desarrollo de la trama de una historia de terror en el país, donde son prácticas comunes la represión letal, las detenciones ilegales, los malos tratos, el hostigamiento y criminalización”, sostiene Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.
“El 2021 fue un año nefasto, en el que se endureció el estado policial contra la población, lo que obligó a miles a callarse o salir del país”, valora el abogado y defensor de derechos humanos, Gonzalo Carrión, del Colectivo de Derechos Nicaragua Nunca Más, exiliado en Costa Rica desde finales de 2018.
Para Carrión, el 2021 fue un año “sumamente negativo, represivo y regresivo para todo el pueblo nicaragüense” en el que hubo “un sistemático ataque a todas las voces críticas”, pues estima que Daniel Ortega “ya sabe que perdió todo control social y solo sabe ejercer el poder a través de los fusiles”.
Encarcelamiento de precandidatos, y líderes cívicos
El 28 de mayo de este año, Nicaragua presenció —entonces sin saberlo— el inicio del agravamiento de la más reciente escalada represiva del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que hoy mantiene al menos 167 presos políticos.
El régimen ordenó ese día el secuestro de dos extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh): Walter Gómez y Marcos Fletes, quienes llevan más de 200 días encerrados en prisión y apenas han recibido visitas de sus familiares, a pesar de la demanda de respeto a sus derechos humanos.
Cinco días después —el miércoles 2 de junio— decretó arresto domiciliar para la precandidata presidencial independiente, Cristiana Chamorro Barrios, expresidenta de dicha Fundación. El argumento oficial fue que los tres son “investigados” por supuesto lavado de dinero. Pero ellos solo fueron los primeros de una operación que el oficialismo bautizó como “Danto 2021”, y que la oposición y la comunidad internacional califican de “escalada represiva”.
Después encerró a otros seis precandidatos presidenciales que querían participar en las pasadas votaciones del 7 de noviembre, en las que Ortega y Murillo se reeligieron sin competencia política: Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre.
De ahí en adelante, la cacería orteguista, utilizando su combo de leyes represivas, siguió contra líderes opositores, periodistas, campesinos, empresarios, estudiantes. Situación que se agravó días antes del proceso de votación cuando se encarceló a al menos 27 nicaragüenses.
Familiares de los presos políticos y organizaciones de derechos humanos han denunciado las torturas y la incomunicación que viven en las diferentes cárceles del país. La respuesta de Ortega ha sido calificarlos de “criminales”.
ONU: 50 países demandan liberar a presos y cesar represión
Cincuenta países demandaron el 14 de septiembre la liberación inmediata de todos los presos políticos en Nicaragua, en una declaración conjunta en el marco de la sesión 48 del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
El presidente Daniel Ortega, en su discurso, un día después, calló sobre este y otros hechos en la larga lista de violaciones de derechos humanos cometidas por su Gobierno. Sin embargo, tras anunciar su victoria en las votaciones sin competencia política ha llamado “asesinos” e “hijos de perra” a los presos políticos.
Mientras tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó en noviembre de este año que el número de víctimas fatales en el contexto de la crisis de derechos humanos iniciada el 18 de abril de 2018 en Nicaragua fue de 355 personas.
En un informe señalan que dichas muertes habrían sido resultado del uso excesivo de la fuerza, incluyendo la fuerza letal por parte de agentes estatales y fuerzas parapoliciales. De las 355 víctimas mortales registradas entre el 18 de abril de 2018 y el 31 de julio de 2019, 340 son hombres y 15 mujeres.
“Ha habido particularmente este año, un ensañamiento del régimen con los familiares de las víctimas. Tanto de los presos políticos como de los asesinados. Muchos han tenido que abandonar el país por la persecución y amenazas que viven”, refiere Gonzalo Carrión, del Colectivo de Derechos Nicaragua Nunca Más,
Ortega entre 37 depredadores de libertad de prensa mundial
Carrión afirma que en 2021 “la criminalización y el odio” contra voces críticas ha sido particularmente dirigido contra medios de comunicación y periodistas independientes.
“La mira del verdugo la puso con especial énfasis hacia el periodismo, porque saben que son los portadores de la información que revela sus descaradas violaciones a los derechos humanos del pueblo”, apunta.
Prueba de ello es que la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) ubicó a Daniel Ortega como uno de los 37 “depredadores de la libertad de prensa” a nivel mundial, en su lista 2021 sobre jefes de Estado que “imponen una masiva represión contra la libertad de prensa”.
El “método de depredación” que usa el régimen de Ortega contra la prensa independiente de Nicaragua, según el informe, es el de la “asfixia económica y la censura judicial”.
Este año más de 70 periodistas salieron al exilio por la persecución del régimen, que encarceló al fundador de 100% Noticias, Miguel Mora, al cronista deportivo Miguel Mendoza, al gerente del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holmann y al comentarista televisivo, Jaime Arellano.
Segundo allanamiento a CONFIDENCIAL y toma de La Prensa
La mañana del jueves 20 de mayo, una decena de policías antimotines asaltaron el estudio de televisión que provisionalmente había instalado la redacción de CONFIDENCIAL, en una oficina de un centro corporativo, para producir Esta Semana y Esta Noche, después que en la medianoche del 13 de diciembre de 2018 la misma Policía ocupó militarmente el edificio de la redacción en Planes de Altamira, hasta consumar la confiscación ilegal del inmueble en febrero de este año.
“Esta sería la segunda vez que la dictadura lanza un ataque frontal contra este medio de comunicación que fue asaltado ilegalmente la madrugada del 13 de diciembre de 2018, entonces nos robaron todo. Al día siguiente ocuparon ilegalmente la redacción de CONFIDENCIAL y mantuvieron esa ocupación durante dos años y tres meses. Hasta que ejecutaron la confiscación definitiva”, explicó su director, Carlos Fernando Chamorro.
Daniel Ortega, que también es el jefe supremo de la Policía Nacional, ordenó el viernes 13 de agosto la toma del diario La Prensa. Un día después que la junta directiva del periódico más antiguo de Nicaragua anunciara que no circularía más su edición impresa por un “bloqueo de insumos” impuesto por el régimen.
El dictador justificó el allanamiento alegando, sin ninguna prueba, que La Prensa ha incurrido en los presuntos delitos de defraudación aduanera y lavado de dinero. “Cuando se calumnia al Estado, es delito”, declaró en tono amenazante la misma noche del asalto que terminó con el encarcelamiento de su gerente general.
Ortega desacata a la Corte IDH
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró en “desacato” al Estado de Nicaragua por negarse a cumplir con las medidas provisionales de ese tribunal a favor de 21 presos políticos y advirtió que someterá a consideración de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) la decisión de este país.
A juicio de la Corte, “la posición asumida por Nicaragua, de acuerdo con la cual no hay ninguna voluntad de cumplir con lo ordenado por la Corte, constituye un acto de evidente desacato de las decisiones de esta Corte, contrario al principio internacional que impone al Estado el deber de acatar sus obligaciones convencionales de buena fe, así como un incumplimiento del deber de informar a este tribunal”, dice la resolución.
En las resoluciones de la Corte del 24 de junio, 9 de septiembre y 4 de noviembre de 2021, ese tribunal otorgó medidas provisionales y ordenó la liberación de los presos políticos: Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguerri, Félix Maradiaga, Lesther Alemán, Freddy Navas, Pedro Joaquín Chamorro, Walter Gómez, Marcos Fletes, Pedro Vásquez, Arturo Cruz , Luis Rivas, Miguel Mora, Hugo Torres, Víctor Hugo Tinoco, José Pallais, Violeta Granera, Tamara Dávila, Cristiana Chamorro, Dora María Téllez, Ana Margarita Vijil y Suyén Barahona. Pero el Estado de Nicaragua las ha ignorado.
Para la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, es claro que el régimen “está alejado de toda legalidad” porque estas sentencias son de obligatorio cumplimiento.
“El problema es que estamos ante una dictadura que no respeta sus compromisos internacionales, y por medio de mentiras e insultos continúa insultando a los presos políticos”, expresa Núñez.
Sigue masacre contra indígenas
La cacería contra indígenas mayagnas y miskitos continuó en 2021. Los ataques de colonos, aunque fueron menos frecuentes en comparación con las denuncias de 2020, dejaron al menos 12 personas asesinadas entre enero y octubre de 2021.
CONFIDENCIAL registró tres denuncias de ataques de colonos en contra de indígenas mayangnas y miskitos que han ocurrido en 2021, constatando así que las zonas afectadas fueron Wilus, Kiwakumbai y Kimakwas, todas ubicadas en el territorio Sauni As, dentro de la Reserva Biósfera de Bosawás.
Un análisis de datos de CONFIDENCIAL, a partir de los reportes de ataques de los últimos años, comprueba que, desde abril de 2018 a octubre de 2021, las invasiones de colonos incrementaron y dejaron un saldo de al menos 27 indígenas miskitos y mayangnas asesinados, sin que hasta ahora se conozca la detención o condena de los responsables.
Cierre de organizaciones
El régimen de Ortega con el voto de los diputados sandinistas y sus aliados, han ilegalizado a aproximadamente cincuenta oenegés nicaragüenses en lo que va del año, sumando 58 organizaciones canceladas desde 2018.
Durante este año el Ministerio de Gobernación ha cancelado los registros y números perpetuos de tres ONG estadounidenses y tres europeas. Los proyectos de las organizaciones cerradas, incluyendo médicas y de mujeres, beneficiaban a miles de personas en todo el país.
“Hay un afán por desaparecer el trabajo de la sociedad civil organizada. Es un año nefasto porque se han violentado los derechos de decenas de personas y perjudicado a cientos de beneficiarios de proyectos por todo el país”, afirma el defensor, Gonzalo Carrión.
Para Carrión no hay forma de que Ortega permanezca en el poder “si no es por la fuerza de las armas, porque no tiene el apoyo popular y eso quedó demostrado en la farsa electoral a la que no acudió la mayoría del pueblo”.
