19 de enero 2016
AA
Yelka Ramírez y su familia, víctimas de la masacre de Las Jagüitas, se llevaron otra decepción este martes: formaron un plantón en la sede de la Policía Nacional para demandar respuestas a la primera Comisionada Aminta Granera por las promesas pendientes, pero una vez más la funcionaria se ocultó.
“No me da la cara”, lamentó, entre ira y frustración, Ramírez. Los familiares llegaron a las nueve de la mañana a Plaza El Sol, en Managua, amontonados en la tina de una pequeña camioneta. Traían pancartas con increpaciones dirigidas a Granera, quien tras la masacre cometida por agentes anti-narcóticos prometió, entre llanto, reparar los daños.
Pero han pasado más de seis meses y las promesas solo fueron palabras sin compromiso. Ramírez se bajó de la camioneta con su hija (nacida tras la masacre) entre los brazos. La pequeña nació con secuelas de salud al ser un feto estresado. Mientras su madre la gestaba, fue pateada por Policías, sus hermanos (que nunca conocerá) se desangraron por las balas, y sintió el drama de esta familia humilde que demanda justicia.
Yelka Ramírez gritaba con fuerza ante el portón de Plaza El Sol: “Ni la cara me da (Aminta Granera). Si la Aminta no va donde mí, aquí estoy yo. Que vea el pueblo de Nicaragua que no es mentira, que dicen que ya me dieron (indemnización) y ya me quedé callada. He tocado puertas y no me las han abierto. ¡Quiero Justicia!”.
Ramírez y su esposo, Milton Reyes, lograron ingresar a la secretaría de Plaza El Sol tras sus reclamos. Querían hacerlo con la diputada del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Edipcia Dubón, pero los oficiales que resguardaban el recinto lo prohibieron, también a los medios de comunicación. Ramírez y Reyes salieron pocos minutos después decepcionados. En la secretaría les pedían documentos para “procesar” sus demandas y luego la llamarían por teléfono.
“Estoy harta de que recepcionen papeles y no me llamen. No he pasado de la recepción. Dejo papeles y los botan y ya está. ¿Cuándo me van a llamar?”, protestó Yelka. “Que me digan ya lo que me van a decir. Se siguen burlando. ¿Cómo lo tomarían ustedes si nadie me dice: Yelka vení sentante para resolver?”, agregó.
En diciembre de 2015, antes de que el Estado saliera de vacaciones, Ramírez envió cartas a la primera comisionada Granera, a la Alcaldía de Managua y al procurador Hernán Estrada para lograr resolver el tema de la indemnización, la legalización de las tumbas donde descansan sus muertos, el retorno del carro en el que fueron baleados y el acompañamiento psicológico que no han tenido.
Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), sostuvo que Yelka Ramírez tiene razón en no entregar más papeles a las autoridades. “La jefa de Asuntos Internos nos recibió esa carta en diciembre, pero nos dijo que Granera estaba fuera del país. Se comprometió a que cuando ella regresara, personalmente le entregaría la carta y llamarían a Yelka. Eso fue hace casi un mes”, dijo el defensor de derechos humanos.
Granera envía a emisaria
Ante la tenacidad de Ramírez, su familia y vecinos en la puerta principal de la sede policial, la comisionada mayor Yamileth Martínez salió a atender los reclamos de las víctimas. Pero no traía ningún aviso esencial:
– Vengo a recibir los papeles que trae – dijo la comisionada.
– Estoy harta de dejar papeles. El 15 de diciembre vine y nada. Soy una ciudadana que ustedes deberían atender- le espetó Ramírez.
– Está bien. Vamos a comunicarlo a la Jefatura
– No voy a dar papeles porque los agarran y los botan. ¿Dónde están todas las cartas que he traído? – fustigó la madre clavando la mirada en la comisionada.
– Vamos a comunicar sus decisiones a la Jefatura – repitió Martínez, quien justificó que no estaba autorizada para responder preguntas a los periodistas.
Ramírez se frustró. Advirtió que si Granera no salía, iniciaría una huelga de hambre. Barajó la idea pero desistió. Convocó para este jueves a otro plantón en Plaza El Sol.
Para la diputada Dubón, en el caso de Las Jagüitas existe una “violación evidente” de los derechos básicos de los niños y de su madre. Para tratar de reparar los daños que la Policía ni el gobierno del comandante Daniel Ortega quieren asumir, la legisladora dijo que promoverá en el Parlamento una pensión de gracia “para los niños que quedaron huérfanos y la condición en la que ella se encuentra”.
Carrión enfatizó que más allá de la Policía Nacional, el Estado de Nicaragua es responsable de pagar las consecuencias de los actos que sus agentes comenten. “No hubo tutela judicial y la apelación que tramitó la familia no se ha programado audiencia para ese proceso. La familia apeló porque es una burla, minimizaron las penas. La responsabilidad criminal fue atenuada, se dejó como responsabilidad menor. La responsabilidad del daño tampoco la han asumido”, agregó el director jurídico del CENIDH.
Yelka Ramírez no dejó de gritar justicia esta mañana en Plaza El Sol. Su voz de desgarraba cuando la alzaba. No se inmutaba ante las cámaras filmadoras y fotográficas de dos policías que registraban el plantón desde atrás del portón de la sede policial.
La hija de la hermana de Ramírez, asesinada en la masacre, gritaba justicia con su voz infantil en medio del plantón. Portaba una cartulina con la leyenda “Aminta cumpla”. Más que reclamar, la pequeña parecía jugar con otra niña a pedir justicia “por Yelka”. Al mismo tiempo se levantaba su camisa y dejaba al descubierto la cicatriz de las balas y del bisturí que le salvó la vida, cicatriz alargada que desde hace seis meses divide su abdomen de niña.
