El espíritu tras las nuevas leyes represivas

La locomotora legal del régimen orteguista bufa y avanza a todo vapor. Por orden presidencial, la Corte de Supremas Injusticias trabaja en una reforma para reinstaurar la cadena perpetua, aplicable a un vago pero ominoso bolsón de delitos etiquetados como “crímenes de odio”. Su aplicación -podemos estar seguros, a la luz de la retórica de la Vicepresidente- propiciará más persecución a los opositores. Más carbón a la parrilla añadieron los dos anteproyectos de ley que fueron sometidos por la bancada sandinista ante la Asamblea Nacional con menos de una semana de distancia entre uno y otro: la ley de regulación de agentes extranjeros (22 de septiembre) y la ley especial de ciberdelitos (28 de septiembre). En total suman 43 páginas y otros tantos eslabones de flamantes cadenas que quisieran perpetuarse.

La primera iniciativa de ley crea una categoría particular de nicaragüenses que, como los judíos en la Alemania nazi –muchos de los cuales tenían generaciones de estar asimilados y solo mediante esa ficción legal pudieron ser construidos como individuos no alemanes y por ello segregables–, pierden derechos constitucionales y, por tanto, dejan de ser ciudadanos a plenitud para serlo a medias, privados de derechos y recargados con nuevos deberes. La segunda tiene la quimérica pretensión de colocar una mordaza a internet para inhabilitarlo como instrumento de lucha política de la oposición. Esa propuesta fue sometida ante los diputados en la víspera de la proclamación, mediante decreto presidencial, de la Estrategia nacional de ciberseguridad.

La inferencia más inmediata sobre la finalidad que persigue el gobierno es que el conjunto de instrumentos legales componen una variada panoplia para golpear más y mejor a la oposición en cualquiera de los escenarios posibles: con o sin elecciones, con elecciones amañadas o con elecciones supervisadas, con una oposición fragmentada o unificada, con o sin la venia del Secretario General de la OEA, con más o menos petrodólares, etc. El asunto es por qué recurrir a esta vía oblicua para conseguir los mismos resultados que antes obtuvieron por medios más directos y expeditos.

¿Para qué amenazar hoy con una cadena perpetua si muchas personas que se autoconvocaron en abril de 2018 fueron capturadas por paramilitares, que estaban desprovistos de orden judicial y de funciones para esa labor, y luego fueron sometidos a farsas judiciales y condenas caprichosas? ¿Para qué cadena perpetua si en 2019 pudieron condenar a 216 y 2010 años de prisión a los  líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena? ¿Por qué un régimen que pudo romper todas las formas legales y que puede encerrarnos una y otra vez –hoy por narcotráfico, mañana por intento de homicidio– ahora necesita amenazar con prisión a perpetuidad? ¿Por qué condenar al por mayor si entre unas y otras sentencias puede consumir la vida más joven? ¿Para qué arrebatar de un solo golpe lo que antes podía arrancar a sádicos pellizcos? Y más aún: ¿por qué si los paramilitares y policías de Ortega perpetraron más de 400 ejecuciones extrajudiciales, el régimen busca ahora descender de nivel punitivo? Si no viniera de donde viene, se diría que es un acto de clemencia.

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¿Por qué el orteguismo necesita en octubre de 2020 acalambrar a las ONGs y medios de comunicación, y a muchos políticos y asesores, con una ley que los transforma en agentes extranjeros? No precisaron de tal herramienta cuando en 2018 anularon jurídicamente, allanaron, saquearon y confiscaron a Confidencial-Esta semana, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, la Fundación Popol Na y la Fundación del Río. Tampoco necesitaron de esa ley ni de ninguna otra para cancelar las personerías jurídicas del Instituto para el Desarrollo de la Democracia (IPADE), el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), el Instituto de Liderazgo de Las Segovias (ILLS), el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS) y Hagamos Democracia.

¿Para qué una ley de ciberdelitos que ponga un dique a las denuncias contra los abusos del FSLN o a los memes que toman como materia prima los videos oficiales del orteguismo a los que bastan unos mínimos retoques –o ni eso– para destilarlos en hilarantes sátiras? Ninguna ley fue necesaria en 2018 para confiscar las instalaciones de Confidencial y 100% noticias ni para incendiar la sede de Radio Darío. Tampoco han apelado a ninguna ley para revisar los celulares y detener a influencers de Tik Tok, Twitter, YouTube y otras plataformas.

Han ocurrido algunos acontecimientos que pueden arrojar alguna luz sobre este giro instrumental de la represión orteguista. A medida que los principales funcionarios del régimen son acusados en foros internacionales por crímenes de lesa humanidad y violencia sexual, los plumíferos jurídicos sandinistas ondean grilletes perpetuos ante los transgresores de recién inventados crímenes de odio y otros delitos. Los diputados de Ortega combaten la juridicidad internacional con el poder soberano de legislar, beneficiándose del hecho de que, pese a la comprobada comisión de crímenes horrendos, ningún Estado-nación se anima a desconocer al régimen de Ortega y, por consiguiente, todos aceptan la vigencia de su facultad de legislar. Magnífica veta que el orteguismo sabrá explotar. La comunidad internacional reprueba, pero se aviene en el punto esencial. El gobierno acepta ese juego y opone su legalidad soberana a la legalidad internacional, es decir, al sistema global de derechos humanos.

El orteguismo decidió explotar esa ambivalencia. Ese es el espíritu tras las nuevas leyes que vienen a dar un barniz legal a la represión. El FSLN desprecia las leyes como los históricos revolucionarios, pero guarda las formas leguleyas como los mejores burgueses. Y todo porque siempre encuentra presuntos revolucionarios y pequeños burgueses dispuestos a seguirles la corriente. Ante los Almagros de este mundo representa su espectáculo. También ante quien dijo que los presos políticos no podían ser liberados todos de sopetón porque era preciso revisar caso por caso para estar seguros de qué modalidad legal de excarcelamiento debía serles aplicada. Capturados sin asidero legal ni formalismo alguno, su liberación debía respetar puntillosamente los estándares jurídicos más exigentes. Vengan leguleyos et alii, el FSLN les dedica este acto de su tragicomedia. Mañana no podrán decir que la policía quebranta las leyes ni que los opositores están libres de culpa. Luego veremos bajo qué figura legal habremos de liberar al señor de la revisión caso por caso cuando lo condenen por enviar un par de memes.

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El ejercicio de la represión desde la esfera jurídica, en consonancia con el espíritu que alienta las nuevas leyes –el de la explotación de la ambivalencia del sistema interestatal–, servirá para facilitar el trabajo de los observadores internacionales a la carta –la de Ortega y Murillo, por supuesto– en las elecciones de 2021. En caso de que las haya y concurra algún tipo de supervisión internacional, vendrá Vinicio Cerezo o alguno de sus vicarios a decir que todo se ha hecho con arreglo a las leyes, incluso el procesamiento y la inhibición del candidato más fuerte por… da igual: un tuit dudoso, una donación externa o una opinión en los decibelios y adjetivos del odio.

A quienes padecen la represión les da lo mismo si los condenan por levantar la bandera azul y blanco, por compartir fotos de los asesinatos que las fuerzas coercitivas de Ortega cometen en las montañas más recónditas, por apedrear una patrulla policial, por pasar un video sobre el vello en las axilas o por vender cuajadas. El espectáculo legal no se hace para ellas y ellos. Nadie les dará atol de leyes con el dedo. Sin embargo, ese espectáculo tendrá impacto y es temible, aunque su alcance sea limitado. Y lo será en el terreno nacional, porque el blanco al que dirigen los dardos son las ideas y el pensamiento. Lo que Spinoza expresó hace más de tres siglos sigue siendo válido: las cosas solo son limitadas por otras de su misma naturaleza, un cuerpo por otro cuerpo, un pensamiento por otro pensamiento. Las ideas no pueden ser limitadas por las prisiones y menos cuando la lucha es masiva y se desarrolla en la era de la información.

Investigador asociado de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador y autor de Autoconvocados y conectados. Los universitarios en la revuelta de abril en Nicaragua, UCA Editores-Fondo Editorial UCA Publicaciones, Managua, 2019.