El largo camino a la Corte Penal Internacional

El gobierno de Sudán se ha comprometido a colaborar con la Corte Penal Internacional (CPI) en relación a los crímenes de Darfur. En tal sentido anunció que entregará a Omar Hassan al-Bashir, dictador durante treinta años derrocado en 2019.

El anuncio fue formulado por el canciller de Sudán luego de reunirse en Khartum con el nuevo fiscal de la corte, Karim Khan. La reunión fue acompañada de la firma de un Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno y la Corte. Ello debe leerse en el marco de la decisión del gabinete, anunciada el 3 de agosto, de adoptar el Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI, y así hacerse Estado parte de la misma.

Una orden de aprehensión pende contra Bashir, emitida por la CPI en 2009 por los hechos ocurridos en el Sudán occidental entre 2003 y 2008. Contiene cargos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad; incluyendo responsabilidad por las acciones de limpieza étnica llevadas a cabo por la milicia Janjaweed. Las diferentes estimaciones van de 100 000 a 400 000 muertos, todo ello aumenta la probabilidad de que el juicio a Bashir finalmente ocurra.

También esta semana, y a solicitud del fiscal Khan, la Corte hizo pública la versión completa de las observaciones confidenciales sobre Venezuela formuladas por la fiscal anterior, Fatou Bensouda, el 15 de junio pasado. En ellas ratifica que, al menos desde 2017, civiles y militares miembros del Gobierno de Nicolás Maduro han cometido crímenes contra la humanidad: detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual entre otros.

La fiscal saliente concluye que hubo persecución contra grupos civiles por motivos políticos. Considera que el proceso es admisible en la Corte en virtud de la inacción del Estado y el limitado número de procedimientos internos relacionados con los casos, y la falta de pasos concretos para determinar la responsabilidad penal de personas sospechadas de haber cometido dichos crímenes.

Queda en manos del fiscal Khan determinar ahora el inicio de una investigación formal. De ocurrir, será un proceso criminal bona fide. Siempre es largo el camino a la justicia y tal vez sea aún más largo en la Corte Penal Internacional. Sin embargo, si el caso Bashir y la publicación de las observaciones de la fiscal saliente sirven como indicador, es probable que la causa avance.

A propósito de este camino extenso, la primera petición a la CPI por Venezuela se realizó en 2002, a raíz de los ataques a la población civil ocurridos durante los sucesos de abril de ese año, siendo entonces rechazada por la fiscalía. Más tarde, algunas oenegés de derechos humanos—CASLA, Foro Penal y no muchas más—comenzaron a accionar en la Corte con base en la evidencia de represión sistemática y generalizada ocurrida a partir de 2014. Sin embargo, tuvieron que actuar en soledad.

En 2017, Luis Almagro organizó un proceso de audiencias en la OEA con víctimas y familiares para recabar información sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad. También Almagro inició esta acción sin demasiado acompañamiento y escuchando que no había “caso” con demasiada frecuencia, aún por voces vinculadas al campo de derechos humanos. Pero el resultado fue un demoledor informe de 400 páginas.

En él un panel de expertos documentó que, de las once categorías de crímenes de lesa humanidad tipificados en el Estatuto de Roma, siete fueron cometidos por el gobierno de Maduro. A saber, más de 8000 asesinatos y ejecuciones extrajudiciales cometido por fuerzas regulares y paramilitares; 12 000 casos de detención arbitraria, casi todos con la complicidad de jueces y fiscales; 289 casos de tortura, muchos de ellos acompañados de violencia sexual. Eso solo “hasta” 2017.

Allí se deja constancia de 1300 presos políticos desde 2013, no todos al mismo tiempo, y del uso de la desaparición forzada como táctica represiva en un contexto generalizado de impunidad. Recomiendan investigar a 11 funcionarios por responsabilidad en la comisión de estos crímenes, Maduro y la primera línea de su Gobierno, y a otros 146 cuyos nombres han mantenido en reserva.

El informe además documenta cómo el hambre y la enfermedad han sido una política de Estado, armas en una guerra contra la población civil. En la Venezuela de Maduro no se alimenta ni se cura a quien piensa distinto, un sufrimiento masivo deliberado. Al respecto, Oxfam informa que más de la mitad de la gente con hambre en América Latina ya vivía en Venezuela aún antes de la pandemia. La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) indicó que el 30% de los niños más pobres presentan una estatura menor a la media por deficiencias de nutrición. Si la hambruna causada por Stalin, el Holodomor en Ucrania, constituyó un genocidio, ¿qué concepto describe lo ocurrido en Venezuela?

En septiembre de 2018, y a partir de una iniciativa encabezada por Iván Duque, seis países del hemisferio solicitaron a la Corte Penal Internacional (CPI) abrir un proceso contra funcionarios del régimen de Maduro para investigar los crímenes denunciados, la primera ocasión que Estados miembro del Estatuto de Roma refieren ante el tribunal a otro Estado miembro. Acompañaron la petición con el informe de la OEA.

El caso Bashir y el documento de la fiscalía de la Corte sobre Venezuela es una bocanada de aire fresco en dirección de la justicia. Ambos son coincidentes con un tercer hecho, a su vez: el inicio de un diálogo en México entre el régimen y algunos dirigentes de oposición en busca de una salida negociada a la crisis que incluya elecciones.

El paralelo trazado aquí entre Sudán y Venezuela es deliberado. Bashir también tenía todo el poder en sus manos, así produjo el primer genocidio del siglo XXI. Hoy sabemos que no es el único; que se dialogue mientras los crímenes descritos siguen ocurriendo subraya la sordidez que inevitablemente caracteriza dichas conversaciones.

A propósito de sordidez, el régimen está representado por Jorge Rodríguez, hoy presidente de la Asamblea Nacional oficialista y, curiosamente, número 4 de la lista de 11 funcionarios denunciados por responsabilidad en la comisión de los crímenes en cuestión. También está sancionado por Estados Unidos y Canadá, entre otros.

Jorge Rodríguez debería usar a Bashir como espejo de su propio futuro, a propósito del largo camino de la justicia. Y nadie en su sano juicio le creería promesas de elecciones libres y justas a Bashir.

Para América toda, además, recuperar una noción básica de justicia es condición necesaria para la supervivencia de la democracia como forma normal de la política. La ayuda de La Haya sería necesaria y bienvenida.

Este artículo fue publicado originalmente en Infobae.