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La amenaza Trump y el impacto de las deportaciones

Este  es el momento para revivir el debate de la reforma migratoria y legalización de inmigrantes

Ilustración: PxMolinA/Confidencial.

Manuel Orozco

23 de febrero 2017

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Las recientes medidas de la administración Trump endureciendo las políticas hacia migrantes indocumentados, refugiados y otros, representan un nuevo reto para esta población que ya de por sí es la más vulnerable y expuesta a la crítica y el rechazo.  Los inmigrantes indocumentados son vistos como un problema con muchas patas, como dice Peter Schrag, muchos les miran como un mal necesario, como un peso económico que desplaza a la mano de obra local otros, como una amenaza a una nación imaginaria, pues no existe en la realidad, que usurpa la composición étnico-racial de quienes creen que Estados Unidos es homogéneamente blanco y que acusan a los migrantes de resistirse a asimilarse al modelo Americano.

El discurso de Donald Trump y sus políticas forman parte de este último grupo.  Sin embargo, ese discurso nativista-nacionalista, lo disfraza con el argumento de una amenaza a la seguridad y el efecto que tiene sobre el empleo en el país.


El significado de estas medidas es complejo. 

Primero, estas medidas son consistentes con el discurso populista de amedrentar a la gente usando la política del miedo para gobernar. Las medidas expanden la política de deportación a quien esté indocumentado en el país y le dan luz verde a las autoridades migratorias no solo a capturar a quien cometió un delito (civil o criminal) pero a quien pueda ser rastreado. Con esto, Trump se vale de aquellos que son más vulnerables y expuestos al cambio, los inmigrantes indocumentados quienes tienen el menor capital político y económico en el país, para dar una imagen de hombre fuerte.

Segundo, la medida representa una contradicción y un gasto.  La contradicción estriba en que estas acciones  van en contra de otra orden ejecutiva que manda  congelar la contratación de más empleados del gobierno como medida para controlar el gasto. Ya sea por la vía de contratación de al menos a 10,000 nuevos empleados, o mediante la subcontratarlos de  autoridades locales (otorgarles jurisdicción para detener indocumentados), esto representará un gasto mínimo de US$700 millones solamente en salarios.

Tercero, aumenta el debate político sobre la reforma migratoria.  Los Demócratas y algunos Republicanos están claros de que la migración indocumentada hay que regularla por varias vías, y la deportación es solo uno de los  métodos. Reconocen bien el hecho que la migración es un tema de responsabilidad compartida, que la economía tiene una demanda efectiva de trabajadores en ciertos sectores y su sustitución no es sencilla.  También reconocen que los inmigrantes incluyen un fuerte número de personas menores de edad, y padres con hijos nacidos en Estados Unidos.

Las implicaciones.

Uno de los efectos inmediatos es un aumento del temor entre los inmigrantes indocumentados: el gobierno de Trump tiene a muchos asustados.  En muchas localidades existe un fuerte apoyo a proteger la condición de estos inmigrantes, dándoles santuario o rechazando la jurisdicción, o movilizando organizaciones de base.  Sin embargo, los inmigrantes indocumentados están expuestos a perder su trabajo o a mayores ataques, producto de un backlash contra ellos, en sitios públicos. Se arriesga además a que los inmigrantes no colaboren o denuncien delitos ante las autoridades y por tanto estos aumenten y se afecte el imperio de la ley. La realidad es que en general la sociedad Americana no es anti-inmigrante, cree en el estado de derecho y en la legalización, pero el maltrato y el abuso no tienen que ser una práctica generalizada para ser negativa.

En una encuesta realizada en el 2013, justo cuando el entonces presidente Obama había prometido promover una reforma migratoria, los inmigrantes indocumentados, en su mayoría mexicanos y Centroamericanos 5% expresaron que el clima hacia ellos era adverso en ciertas cosas (para alquilar una casa, o que habían sufrido algún tipo de rechazo).  La consecuencia de Trump es empoderar a una minoría: la del resentido social que odia al inmigrante por ser diferente.

Otro efecto de largo plazo está en un aumento de las deportaciones por encima de la tendencia de los últimos cinco años y una disminución de la entrada de indocumentados por la frontera.  El número de deportados se ha mantenido en unas 300,000 personas, y un aumento entre el 30% y 20% sacaría a al menos 87,000 personas más de México y Centro América.  Al mismo tiempo, el endurecimiento en la frontera podría reducir la entrada de inmigrantes en un 10% o 20%, a unas 170,000 personas, es decir 30,000 menos que en años anteriores.

El problema estriba en que miles de Centroamericanos y mexicanos están cruzando por razones de reunificación familiar y violencia, el ser devueltos los afectaría substancialmente hasta en su seguridad física.

Pero el problema no para ahí, cada vez que aumentan las deportaciones los negocios y la gente que contrata a inmigrantes sufren económicamente.  Las empresas de construcción, restaurantes y los hogares que contratan al trabajador doméstico migrante ahorran un promedio anual de US$14,000 entre salarios justos que no pagan (los inmigrantes ganan alrededor de un 25% que lo que le mercado paga) y costos laborales, como el seguro médico, que representan al menos un 25% del salario.  El efecto que tendrán las medidas de deportación y reducción migratoria de 120,000 personas sobre el gasto para la contratación de mano de obra local será de al menos US$1,600 millones.

Finalmente está el impacto sobre el envío de dinero.  Una reducción de este tipo afectará a al menos 120,000 hogares en la región por un monto cercano a los US$500 millones.

¿Ahora qué?

Hasta ahora el consenso está en que hacer uso de recursos para ejecutar estas directrices no es algo que ocurrirá en un año, pero está realizando el debate político más intenso. Los inmigrantes están relativamente desamparados, aunque hay movilización política y social para protegerlos, y esfuerzos para detener cualquier deportación masiva.  Definitivamente este es el momento para revivir el debate de la reforma migratoria y legalización de inmigrantes. También es el momento para divorciar la subordinación prevaleciente de la migración como un tema de seguridad nacional y dar una mirada real a lo que es la migración y cómo sí impacta en la realidad a la sociedad.

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*Politólogo.  Investigador del Diálogo Interamericano en temas de migración, remesas y desarrollo.


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Manuel Orozco

Manuel Orozco

Politólogo nicaragüense. Director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano. Tiene una maestría en Administración Pública y Estudios Latinoamericanos, y es licenciado en Relaciones Internacionales. También, es miembro principal del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, presidente de Centroamérica y el Caribe en el Instituto del Servicio Exterior de EE. UU. e investigador principal del Instituto para el Estudio de la Migración Internacional en la Universidad de Georgetown.

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