3 de enero 2023
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El 2023 muestra un escenario opaco en donde la continuidad autoritaria entra en cuenta regresiva, pero su violencia prevalecerá en medio del contrapeso de la comunidad internacional y los movimientos cívicos democráticos. A fines de 2023 Nicaragua seguirá bajo un régimen represivo, con una economía más débil y un círculo de poder más pequeño, aferrándose al timón a través de purgas, retrayendo dinosaurios políticos y reprimiendo. El cambio político en Nicaragua podrá ser asumido de parte de quienes aprovechen los espacios de ruptura que están ocurriendo al interior del sistema y que representan una oportunidad toda vez que sean capaces de coordinar un amplio frente de acciones nacionales e internacionales en los momentos de mayor debilidad de la dictadura.
El contexto económico en 2023
Después de la recuperación de 2022, el país entrará en una etapa de debilitamiento económico ante la realidad que la confianza en la economía sigue baja, la inversión privada no ha retornado ni a niveles de 2018, las exportaciones no cubren el creciente déficit comercial, el trabajo informal ahora es más del 80% de la fuerza laboral, aun en medio de alta migración. Lo que sostiene al país es la extorsión fiscal a las empresas y las remesas familiares, pero son fuentes de ingreso limitadas ya que las empresas no podrán seguir pagando las multas millonarias, ni los migrantes podrán enviar mas de lo que han hecho hasta ahora. Aunque la gente seguirá saliendo, lo hará en cantidades menores porque ya ha salido más del 10% de sus ciudadanos en cuatro años, y la gente que queda son quienes no pueden salir, tienen obligaciones familiares, son menores o adultos mayores, y quienes son leales al régimen. El país no crecerá más del 3% y no podrá subir niveles de ingreso que ahora oscilan en menos de USD150 mensuales ante un costo de vida de más de USD 600.
La purga en la cúpula del poder
A nivel interno el círculo de poder está lidiando con las consecuencias de dar luz verde discrecional a sus operadores principales a cambio de lealtad: excesos de autoridad que desembocan en corrupción fuera del control del régimen. El círculo de poder ha respondido con purgas contra funcionarios del Estado que aprovecharon su cercanía al poder para enriquecerse. A la fecha son mas de veinte funcionarios, que en mayoría provienen, del sistema judicial, la Policía y las alcaldías, que se han apalancado de extorsión, confiscaciones de propiedades, contrabando, lavado de dinero para sus beneficios propios. Dentro del círculo de poder se observan situaciones que pueden generar en ruptura.
De unos doscientos operadores, casi cincuenta han sido afectados con sanciones internacionales. Por otro lado, más de veinte operadores han sido purgados por el régimen a través de distintas modalidades: asedio político y disminución de sus competencias y poder real; remoción de sus cargos; o incluso detención y acusación judicial. Entre ellos: la presidenta de la CSJ, Alba Luz Ramos, intervenida por el control de la Secretaría del FSLN en el Poder Judicial; el ex comisionado general Adolfo Marenco, de baja en la Policía y casa por cárcel; la exmagistrada Ileana Pérez, “renunciada” a su cargo, después de recurrentes escándalos de corrupción; el exvocero de la Corte Suprema, Roberto Larios, preso en El Chipote; el combatiente histórico “Chino Enoc”, detenido y acusado por narcotráfico; los exfuncionarios del poder judicial: Moisés Astorga, María José y Hans Camacho Chévez, presos y acusados por los delitos que le atribuyen a los presos políticos. Y al menos diez altos operadores y sus subordinados han salido del país, entre ellos el exalcalde de Rivas. La razón de ser de esta situación está ligada a la temporalidad de la elasticidad de una dictadura de mantener pleno control por la fuerza del país, incluidas sus propias bases y operadores.
La cuenta regresiva
Como parte de su estrategia mitigadora el régimen ha revivido a dinosaurios políticos como Lenin Cerna, y Horacio Rocha, y promovido a nuevos operadores estratégicos como Zhukov Serrano como un esfuerzo para apretar la tuerca y evitar más derrame desde el interior. La apuesta para este año es continuar su gobernabilidad represiva, y extenderla hacia el mismo círculo de poder y contra los adolescentes y jóvenes menores de 20 años. Ellos representan esa masa crítica de la población que no se movilizó hace cinco años y que ahora están conscientes de los vicios de la dictadura, de las limitaciones impuestas a sus libertades y derechos ciudadanos y quienes estén dispuestos a asumir la protesta.
El trabajo de extorsión, debilitamiento interno a pesar de reajustes con purgas y reformas, acompañado de mayor represión, está desgastando al régimen. Las posibles rupturas están a la vista, y el destierro de los dinosaurios es una forma de prevenirlas. Este debilitamiento ha puesto a Ortega en la defensiva, situación que muestra una cuenta regresiva en donde los costos de mantener la dictadura siguen creciendo y sus operadores buscan salidas antes de que sea muy tarde.
La presión internacional, aunque insuficiente ante la represión desproporcionada, desgasta más al régimen. Este año Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá continuarán presionando y ampliando sus ámbitos de operación (incluyendo sanciones contra las operaciones rusas), y en función de lograr que Ortega acepte dialogar. Los Estados miembros de OEA están alineándose más hacia una postura democrática, reconociendo que la vía diplomática no se puede agotar pero coincidiendo en la postura de que el régimen Ortega-Murillo es un Estado paria y no es ejemplo del Sistema Interamericano, especialmente con el nuevo liderazgo de un embajador de Estados Unidos ante la OEA. No solo es una cuestión de cuántos altos funcionarios y operadores del régimen serán sancionados este año, las penalidades al comercio externo se extenderán, que la desconfianza popular se mantiene, pero también que la organización democrática, aunque tenue estará trabajando por restaurar le fe del nicaragüense.
Una hoja de ruta sin definición
Pero el camino a la transición política no está fácil. Los nicaragüenses tienen la autoestima caída no solo porque el régimen los maltrata, sino porque su principal roca de apoyo, la Iglesia católica, ha sido silenciada. Mientras el liderazgo de la Iglesia católica protestó contra la dictadura de Somoza en los años setenta, y contra el Frente Sandinista en los ochenta, el silencio de la jerarquía católica en medio de persecución religiosa tiene a los nicaragüenses indignados. Como si la historia se repitiera, la Conferencia Episcopal en 1979 protestó una y otra vez, en su carta pastoral en junio de 1979 diciendo: “hoy vemos que los diques de la cordura se han roto ante el desborde de los incesantes reclamos ciudadanos y la falta de respuesta por parte del sistema establecido. Pareciera que ya no se tiene otro fin que el de matar, aniquilar, olvidando incluso la misma ética de la guerra”. Aun en los 80 la jerarquía lamenta la división causada por el régimen de Ortega en la Iglesia católica. Ante la oleada de violencia sin precedentes desatada por Ortega y Murillo contra la Iglesia, la jerarquía evita tocar el tema real de la represión del país y la reduce como un tema individual y no sistémico de estilo totalitario. Los grandes empresarios y los gremios empresariales tampoco representan un aliado para las fuerzas de cambio. Chantajeados, sin liderazgo, prefieren callar antes que promover una solución a la crisis, pero tampoco han pactado con Ortega.
De igual forma los nicaragüenses en el exterior aunque tratan de manejar el trauma del exilio evitando abordar los problemas de su tierra, hay una creciente fuerza de la diáspora y exilados dispuestos a asumir riesgos en promover una transición democrática.
El escenario más probable este año entonces será de continua represión en medio de un mayor debilitamiento de Ortega, con posibles rupturas en medio de purgas, exilios y cambios en la estructura.
El reto de las fuerzas democráticas radica en aprovechar las crecientes debilidades, las posibles rupturas y recuperar el espacio que los ha minimizado, en miras de devolver la confianza y la autoestima al pueblo para presionar por un cambio político mostrando a los altos funcionarios del régimen, civiles y militares, que no hay salida con Ortega y Murillo, y los crecientes costos de transacción en los que incurren éstos no les favorecerán una vez que estén en más desgracia económica, social y política.
