9 de noviembre 2021
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Las elecciones del domingo 7 de noviembre en Nicaragua le dieron el triunfo a la pareja Ortega - Murillo con el 75%. Una grotesca mentira, con elecciones realizadas en medio de un estado policial que ha acallado a la disidencia y cerrado todo espacio democrático. No hubo competencia real y la clausura de los medios de comunicación independientes cerró la libertad de opinión.
Algunos meses previos al acto electoral, cinco candidatos presidenciales fueron apresados y permanecen en las celdas del complejo carcelario Evaristo Vásquez, conocido como “el nuevo Chipote”, y otras dos están bajo arresto domiciliario. Son parte de los 39 líderes y lideresas opositores, arrestados por el régimen, desde finales de mayo pasado y, en su mayoría, acusados de “traición a la patria”, basado en una sui géneris “Ley de Soberanía”. Al mismo tiempo, el Consejo Supremo Electoral, controlado por el Gobierno, canceló la personería del Partido de Restauración Democrática y de Ciudadanos por la Libertad. Ambos partidos eran los vehículos electorales que los principales grupos opositores —Coalición Nacional y Alianza Cívica— habían elegido para competir contra el régimen en estas elecciones. Posteriormente se agregó la anulación de la personería jurídica del Partido Conservador.
Así las cosas, Ortega, convertido en dictador, aceptó competir exclusivamente contra candidatos de cinco partidos políticos que le acomodaban. Según dos encuestas de la firma CID Gallup, elaboradas en septiembre y octubre, recién pasado, estos candidatos no superaban el 4%. También esas encuestas muestran que el Frente Sandinista (FSLN) cuenta apenas con una simpatía entre 8 a 9%, su nivel más bajo en los últimos treinta años.
¿Qué había pasado en Nicaragua?
En julio de 1979, después de 40 años de una dictadura oprobiosa, el pueblo nicaragüense terminaba con la dinastía de la familia Somoza. Una mayoría ciudadana abrumadora, encabezada por el FSLN, se rebelaba contra la expoliación económica, la represión política, la muerte y la tortura. La revolución popular sandinista no solo abría un camino de esperanza para Nicaragua, sino se convertía en un referente de lucha, en los años 80, para América Latina, región oprimida por dictaduras militares oprobiosas.
El sandinismo fue un proceso político inédito en la historia política mundial, que le consagró un masivo apoyo internacional de Gobiernos con variado signo político y de ciudadanos de distintos países. El FSLN no solo había tenido éxito en derrocar al Somoza, sino también en defender el Gobierno de la agresión norteamericana, negociar la paz y garantizar la alternancia democrática en favor de la oposición, representada por Violeta Chamorro a comienzo de los años 90.
Después de Violeta Chamorro y dos gobiernos de derecha, Daniel Ortega, a comienzos de 2007, accede a la presidencia. Sorprendentemente, construye una sólida alianza con la Iglesia católica y el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), con el respaldo del FMI y el Banco Mundial. Recibe además el beneplácito de los Estados Unidos, a cambio de la garantía del control estricto del tráfico de droga, con una presencia activa de la DEA en territorio nicaragüense. Además, Ortega concretó un pacto ignominioso con el expresidente, el liberal somocista Arnoldo Alemán, que aseguraba un manto de protección a los robos de este y, al mismo tiempo, garantizaba su apoyo a la gestión de Ortega. A partir de ese momento el FSLN y el Partido Liberal Constitucionalista se reparten las instituciones públicas, desde la Corte Suprema hasta el Consejo Electoral. Así las cosas, el nuevo Gobierno alcanza un apoyo fáctico significativo, con un claro viraje hacia la derecha. Ello favoreció el enriquecimiento de la oligarquía tradicional, pero también el de una nueva burguesía: la burguesía orteguista.
Gracias al crecimiento económico y a las políticas sociales de corte asistencial, se avanzó en la reducción de la pobreza. A este propósito fue fundamental la ayuda venezolana, consecuencia de un ventajoso acuerdo petrolero, con dineros que nunca pasaron por el Presupuesto de la nación y que fueron manejados directamente por la pareja presidencial y sus allegados. Fondos que sirvieron además para multiplicar los negocios de la familia presidencial, entre ellos la compra de canales de televisión, administrados por los hijos de Ortega. En las condiciones descritas, fue fácil para Ortega reelegirse en 2011 y luego en 2016 y, gracias a una reforma constitucional, iniciar su tercer mandato; esta vez acompañado en la vicepresidencia por Rosario Murillo, su esposa. Todos los esfuerzos opositores por construir una alternativa han sido aplastados por Ortega y sus socios del somocista Partido Liberal Constitucionalista.
La crisis de 2018
En abril de 2018, una reforma a la Seguridad Social, rechazada por los trabajadores, hizo explotar el descontento acumulado. La insurgencia se extendió a demandas por la democratización, la salida de Ortega y el adelantamiento de las elecciones. Era la respuesta de los indignados frente al poder discrecional del Gobierno y a su control del Parlamento, el aparato judicial y de las autoridades electorales. La Policía, junto a bandas paramilitares, reprimió con inusitada violencia las protestas. Según organismos internacionales, el resultado fue brutal: 328 asesinados, 2000 heridos, 100 000 ciudadanos exiliados y 150 presos políticos. Fue la respuesta del régimen orteguista frente a las demandas ciudadanas contra la arbitrariedad, el robo y la corrupción.
Las banderas rojinegras, democráticas y revolucionarias del FSLN de los años 80, se habían arriado y los Ortega Murillo terminaban con la democracia en Nicaragua. Ello explica la oposición al Gobierno de históricos sandinistas como Sergio Ramírez, el padre Cardenal, Mónica Baltodano, Dora María Téllez y la escritora Gioconda Belli, así como el rechazo a Ortega de los mismos comandantes de la revolución Henry Ruiz, Luis Carrión, Jaime Wheelock y Humberto Ortega.
El crecimiento económico no le alcanzó a Ortega para frenar las demandas ciudadanas. Después de una década de autoritarismo, intolerables arbitrariedades y prácticas antidemocráticas, ha surgido una potente protesta popular contra el Gobierno, comparable a las heroicas luchas contra el Somoza. Hoy día, Ortega funda su Gobierno en la represión, porque ha perdido toda legitimidad. Los empresarios, la Iglesia y los propios norteamericanos, que habían sido su principal fuente de apoyo, ya no están con él. Y, lo más importante, la ciudadanía masivamente lo rechaza.
Ortega está aislado. El nepotismo, la corrupción y los asesinatos masivos contra ciudadanos indefensos han borrado de una plumada el proyecto democrático y transformador, en favor de las mayorías, que imaginó Sandino y que intentaron impulsar sus seguidores en la gesta del 19 de julio de 1979. La elección del 7 de noviembre ha sido una grotesca mentira, una farsa inaceptable, que solo acorta el camino para la expulsión de los Ortega Murillo del poder.
*Artículo publicado originalmente en El Desconcierto de Chile.
