19 de marzo 2018
AA
Recientemente conocimos declaraciones de la vicepresidenta de Nicaragua Rosario Murillo, en las que expresó que los nicaragüenses están siendo “influenciados negativamente por esas redes sociales.” La vicepresidenta expresó preocupación porque a través del Internet le llega a la población “información de otras realidades de otros países (...) que afectan la concordia que hemos trabajado mucho para construir en nuestro País”. Concurrentemente, el día 9 de marzo de 2018 la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Alba Luz Ramos en un discurso frente a 200 jueces hizo un “llamado a erradicar el ciberacoso”. Casi de inmediato, algunos diputados de la Asamblea Nacional anunciaron el inicio de una consulta para analizar algunas leyes con el supuesto fin de proteger mejor a la niñez y a la familia.
Desde enero de 2007 el régimen de Daniel Ortega ha hecho varios intentos por fortalecer su control sobre todos los medios de comunicación y el Internet. De hecho, la necesaria reforma de la Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales (Ley 200) que data de 1995 ha sido pospuesta ante la suspicacia de varios sectores, incluyendo los proveedores de servicios de Internet. Estos proveedores parecen no haber llegado a un consenso con el gobierno sobre las reformas a la Ley 200. En ese sentido, el gobierno ha puesto en espera, por ahora, su intención de regular el Internet en el marco de una nueva ley, quizás porque considera que su control hegemónico de los medios tradicionales de comunicación televisivos, impresos y radiales era hasta hace poco suficiente. Con la penetración del Internet y de la telefonía móvil, esa realidad ha cambiado.
El régimen Ortega-Murillo tiene razones para preocuparse: Nicaragua cuenta ya con más siete millones de teléfonos celulares y más de 1.6 millones de personas conectadas a las redes sociales. Casi el 50% de los usuarios de redes sociales son estudiantes. Más aún, varias voces críticas al gobierno, a falta de espacios en otros medios, se están haciendo escuchar en los espacios virtuales. Usando la metodología Klout de mediación de influencia en redes, la página nacional de mayor influencia en redes es la de un medio de comunicación de oposición con 83 puntos versus 58 puntos del 19 Digital ó 56 puntos de TN8. A la vez, han surgido numerosos perfiles espontáneos y blogs críticos al gobierno y que no pasan desapercibidos por el número elevado de lectores que poseen. La distancia entre el activismo virtual y las actividades de incidencia “off-line” también se está acortando, como lo recuerda el episodio de OcupaInss en 2013.
En consecuencia, las redes sociales, se han convertido en espacios cada vez más incómodos para el régimen Ortega-Murillo. Los intentos por controlarlas no han sido exitosos a pesar de la gran cantidad de recursos humanos del partido de gobierno dedicados al acoso y monitoreo permanente en las redes. Este control les ha permitido cerrar algunas páginas de Facebook usando el mecanismo de denuncia de contenido inapropiado que tiene esa red social y además crear una sensación permanente de vigilancia que ha logrado intimidar a buena parte de los usuarios de las redes. Según una encuesta de Ieepp aplicada a 800 usuarios del Internet en el 2017, más del 25% de los encuestados afirma tener temor de opinar abiertamente de política en las redes sociales.
Sin embargo, los usuarios críticos al gobierno están aprendiendo a “hackear” el omnipresente ojo del gobierno y están migrando a aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Telegram, que al ser encriptadas no son fácilmente vigiladas. Como respuesta, el nuevo argumento del régimen para avanzar en sus intentos de censura es que Nicaragua necesita más ciberseguridad.
Desde el Ieepp, como un centro de pensamiento enfocado en los temas de transparencia, inclusión social y seguridad, hemos dedicado tiempo a analizar el contexto actual de la ciberseguridad en Nicaragua. Nuestra edición número 15 de la Revista Seguridad y Sociedad de septiembre de 2017, fue dedicada exclusivamente a ese tema. En ella reconocemos que el Internet puede prestarse para un uso inadecuado por parte de ciertos usuarios. No obstante, no encontramos ningún argumento técnico o jurídico que justifique el deseo del partido de gobierno de regular las redes sociales. Por el contrario, nuestras investigaciones han constatado el rápido ascenso de las redes sociales y aplicaciones móviles como herramientas útiles de participación ciudadana y acceso a noticias. Por ejemplo, en la encuesta antes referida confirmamos que más del 85% de las personas de entre 16 y 30 años de edad que acceden al Internet, leen noticias en medios digitales al menos dos veces al día.
La evidencia indica que el uso de las redes sociales para el acceso a noticias ha crecido vertiginosamente en Nicaragua. De las personas de 18 a 34 años de edad que leen noticias al menos una vez al día, más del 90% lo hace a través de las redes sociales. Las redes también son el medio más poderoso para conectar a la comunidad de Nicaragüenses en el exterior. Un sorprendente 35% de los nicaragüenses que acceden a la redes sociales residen en el exterior. A la vez, basándonos en un análisis de 200 páginas de Facebook vinculadas a Nicaragua encontramos que las categorías de mayor circulación son marcas, empresas y comercio con 25%, noticias e información con 20% y recreación y ocio, con 15%. El resto del tráfico tiende a repartirse en páginas de diversas organizaciones ciudadanas y páginas de influenciadores nicaragüenses. Menos del 1% del contenido en Facebook corresponde a categorías que pueden ser consideradas inapropiadas, ya que el mismo algoritmo de esa red social se encarga de mitigar ese tipo de actividad. De manera similar, redes como WhatsApp han mostrado un aumento significativo en su uso para fines informativos.
A pesar del uso mayoritariamente positivo de las redes sociales, el ciberacoso es una realidad que debe ser analizada en su justa dimensión pero no es excusa válida para la censura política. Ciertamente aparecen cada vez con más frecuencia, situaciones de acoso cibernético que se vuelven virales. Esas situaciones suceden de forma espontánea y acelerada en un período corto de tiempo, lo que crea la impresión de que ese es el contenido dominante en las redes dado el fenómeno que he llamado “crowding” o apiñamiento, es decir, la generación de gran cantidad de contenido sobre un tema recurrente en corto tiempo. Paradójicamente, en el muestreo de cinco casos virales sucedidos entre 2017 y el primer trimestre de 2018, observamos que las páginas afines al gobierno son las que mejor aprovechan oportunistamente esos episodios de ciberacoso para promover el tráfico en sus redes. Los sociólogos se refieren a este efecto cognitivo como prejuicio de retrospectiva, que es precisamente lo que el gobierno quiere aprovechar para lograr el respaldo público a sus iniciativas de censura.
Consideramos que la legislación actual cuenta con suficientes mecanismos para actuar contra las acciones ilícitas que puedan suceder en las redes sociales. A la vez, las empresas globales de redes sociales han elevado sus capacidades internas para identificar el uso ilícito de las mismas. Cualquier intento de regular las redes sociales es más bien un paso más en la limitación de nuestra débil libertad de expresión y acceso a la información, algo que bajo ninguna circunstancia se debe permitir.
*Director Ejecutivo del IEEPP
