20 de septiembre 2015
AA
Mi contribución la semana pasada en Confidencial alertó sobre el riesgo del escalamiento del conflicto por las tierras comunales en la Costa Caribe. Durante los últimos días se reportaron más agresiones, desplazados y muertes en el Caribe Norte, un escenario evitable pero cuya advertencia fue inicialmente desestimada por las autoridades. A la vez, el compromiso que anunció el Presidente Ortega el 9 de Septiembre de “acompañar” a las comunidades para que éstas afirmen sus derechos de propiedad ante los colonos “invasores”, ha tardado en materializarse. La Policía y el Ejército intervinieron con un enfoque inapropiado, y como resultado las tensiones han aumentado. Las principales organizaciones políticas, YATAMA y el FSLN se han acusado mutuamente de alentar el conflicto; o han señalado a las organizaciones de derechos humanos de armar a grupos de auto-defensa, y hasta se ha sugerido – sin evidencia alguna – que las redes del narcotráfico exhortan a los comunitarios a resguardar los territorios por donde pueden operar libremente.
En la confusión creada por las acusaciones entre unos y otros, dos cuestiones son extremadamente problemáticas: la idea de que los colonos mestizos de zonas rurales o urbanas del Pacífico y de otras regiones del país han “invadido” masivamente las tierras comunales indígenas y afro-descendientes y por tanto la única posible solución es expulsarlos; y el igualmente peregrino argumento que la Ley 445 “beneficia a los terceros” o llamados colonos mestizos, como equivocadamente lo sugirió un reportaje de Adán Silva en el Diario La Prensa (edición del 18 de septiembre 2015).[1] Estas dos conjeturas no contribuyen a entender la naturaleza del conflicto de la propiedad indígena y afro-descendiente de las Regiones del Caribe Nicaragüense.
Lejos de lo que se cree, en varios de los territorios indígenas en donde existen ocupaciones de familias de colonos campesinos mestizos, en su mayoría éstos no provienen del Pacífico del país, sino de otras zonas rurales y urbanas de la Costa Caribe. Es decir, se trata en su mayoría de una población campesina empobrecida, analfabeta, de familias numerosas y jóvenes que se han desplazado desde zonas del interior en la Nicaragua central (parte de las Regiones Autónomas, como La Cruz de Río Grande, El Tortuguero, El Ayote, y de las zonas minera de Bonanza y Siuna), hasta los territorios indígenas. Son en su gran mayoría desplazados internos, precaristas, no una población de reciente aparición o “invasora” proveniente del Pacífico u otros departamentos del país. Por ejemplo, en el territorio Mayangna Sauni As, uno de los primeros territorios titulados (2006) en el Caribe Norte, el 71 porciento de las 197 familias campesinas mestizas ocupantes (que suman casi 900 personas) provienen de zonas rurales de las mismas Regiones Autónomas. Entre 1999 y el 2015 estas ocupaciones se triplicaron, y la mayoría de las familias de colonos no cuenta con documentos que acrediten una posesión legal de las áreas que ocupan.[2] Lo mismo sucede en el territorio de Sikilta, cuya mayoría de colonos provienen de Siuna, Rosita y Waslala. En el Alto Wangki, el desplazamiento interno proviene de Ayapal y San José de Bocay, donde la mayoría son mestizos vinculados a grupos de la ex-resistencia. El territorio de Tasba Pri, con una población de 20,000 habitantes, de los cuales el 83 por ciento de familias residentes son mestizas, muchas de ellas nativas, coexisten con un 17 por ciento de habitantes indígenas. En este escenario una reubicación masiva de colonos mestizos – cuestión que no se ha planteado el Gobierno Territorial Indígena – crearía una rebelión campesina.
El Presidente Ortega, las autoridades regionales, organizaciones locales y hasta algunos medios de comunicación se han referido a los colonos como “invasores” o “usurpadores.” Este lenguaje no solo generaliza las distintas experiencias de los residentes campesinos mestizos, sino que estigmatiza y victimiza aún más a una población campesina empobrecida que ha sido forzada a desplazarse desde el Centro de la Costa Caribe hacia el Este, Sur y Norte, como un último recurso, y en este propósito, ocupando los territorios indígenas y afro-descendientes. En ciertos territorios hay ocupaciones ilegales alentadas o auspiciadas por autoridades municipales, abogados inescrupulosos y traficantes de tierras, en circunstancias como éstas el conflicto es más intenso y puede escalar más aún. Las ocupaciones ilegales aumentaron exponencialmente en la última década, como resultado de la expansión de la ganadería y la producción agrícola en la Nicaragua central, es decir, del modelo de desarrollo económico agro-exportador y extractivo adoptado por el país. Dentro de la misma Costa, la minería extractiva y la economía de plantación provoca cada años cientos de nuevos desplazados internos.
Por otra parte, es incorrecto decir que La Ley 445 contiene “beneficios para los terceros.” La Ley 445 o Ley de Demarcación de la Tierra Comunal aprobada en el 2003 es una ley que define un procedimiento para demarcar y titular las tierras indígenas y afro-descendientes a través de varias etapas, la última de ellas, y la más compleja, dedicada al “saneamiento” de los territorios. El saneamiento es un proceso a través del cual se va a determinar el tipo de derechos con que cuentan los “terceros” (personas jurídicas o naturales que tienen algún reclamo de propiedad sobre la tierra indígena) y establecer las reglas del juego para quienes deseen permanecer (si hubiese validez legal en el reclamo de propiedad), o si tuviesen que ser re-asentados en otras áreas. Por eso he argumentado que una política de “cohabitación” que intente imponer soluciones anticipadas para evitar el posible reasentamiento de colonos ilegales sería un enfoque inadecuado.
Por el carácter complejo y la magnitud del saneamiento, los territorios indígenas no puede completar esta última etapa de forma unilateral. Además de ser sumamente delicada (por ejemplo, realizar consultas o estudios en donde existe animosidades históricas entre colonos mestizos e indígenas), un proceso de auto-saneamiento inadecuado puede atizar más el conflicto. Es al Estado Nicaragüense a quien le corresponde liderar este proceso a través de la Comisión Nacional de Demarcación. El Estado, a través de la Procuraduría General, y los Consejos Regionales tendrían la capacidad de mediar y adjudicar proactivamente en aquellas situaciones en donde hubiesen disputas por conflictos de tierras entre las comunidades, o entre las comunidades y los “terceros.” Es el Estado la única entidad que podría asegurar los recursos si hubiese que indemnizar a colonos precaristas, a expulsar a los traficantes de tierras o re-asentar a quienes, por no contar con documentos legales que legitimen su posesión, debieran ser removidos hacia otras zonas. Pudiese ser el caso que algunas familias de colonos permanezcan en los territorios, con el consentimiento de las autoridades indígenas y pagando un canon de arrendamiento de las tierras comunales, que de acuerdo con la Constitución Política del país, son inalienables, es decir, no se pueden comercializar. En este caso, el Estado sería el garante de estos acuerdos a través del sistema judicial.
Los territorios costeños indígenas y afro-descendientes tienen realidades (culturales, políticas e históricas) muy diversas, y por tanto será necesario que las respuestas al conflicto actual dediquen una adecuada atención al contexto, acentuando la participación de las comunidades y sus autoridades en liderar las soluciones. El desplazamiento interno en la Costa debe reconocerse como un elemento central para explicar las distintas realidades de la población campesina colonista que ocupa territorios indígenas. Existe en la actualidad una vasta y detallada sistematización de las condiciones organizativas comunitarias y sobre la tenencia de la tierra sobre algunos territorios, elaboradas por organizaciones locales bajo procesos participativos que podrían formar la base para un ejercicio estratégico encaminado al saneamiento. Un esfuerzo en este sentido debería ser complementado eficazmente empezando con eliminar del lenguaje la imagen de los colonos mestizos como “invasores” o “plaga” pues solo crea mayor animadversión entre pueblos igualmente empobrecidos y racializados, y sobre todo una confusión que impide interpretar el tipo de respuestas que necesitamos hoy en la Costa Caribe.
[1] Titulado “Claves para entender el conflicto en el Caribe Norte” y accesible en: https://www.laprensa.com.ni/2015/09/17/reportajes-especiales/1903452-claves-para-entender-el-conflicto-en-el-caribe-norte
[2] “Proyecto de Resolución de Conflictos sobre la Tenencia de la Tierra que Garantice la Seguridad Juridica y Efectiva del Territorio Mayangna Sauni As,” Gobierno Territorial Indígena Mayangna Sauni As, Managua, Agosto 2015. Accesible en: https://www.dropbox.com/s/um8n9ab1qo3kh8o/Presentaci%C3%B3nAsambleaGTI4%20(1)%20(1).pptx?dl=0
