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La Nicaragua de Daniel Ortega y la urgencia del cambio político

La sociedad ahora está lista para negociar los contrapesos necesarios para volver a un régimen democrático y representativo.

Manifestantes en contra del Gobierno de Ortega derriban y queman una "arbolata" en la rotonda Jean Paul Genie. Confidencial | Carlos Herrera

23 de abril 2018

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Bajo cualquier estándar político o académico en Nicaragua los pocos vestigios de ser un país democrático desaparecieron una vez que los magistrados de la Corte de Justicia aprobaran, violando la Constitución,  la reelección de Daniel Ortega en 2011,  y desde entonces crearon garantías para su reelección otra vez (y de manera indefinida) en Noviembre 2016, cunado anularon al partido de oposición de Eduardo Montealegre, y legitimaron a un partido decorativo.  El resultado de este cálculo político fue garantizar un fraude, y eliminar todo posible liderazgo opositor que pudiese reclamar la ilegitimidad del proceso político.

Ahora hay una resistencia que puede volcar al régimen al suelo.


Doce meses después de la relección de Ortega la oposición al régimen creció.  La reacción internacional se hace sentir con la propuesta del NicaAct, los casos de corrupción que incluyen miembros del sandinismo y la familia Ortega van sobresaliendo con mayor intensidad, el escándalo a voz pública del rol de Roberto Rivas, sancionado por la ley Magnitsky, sobresale a finales de 2017.

Estos son algunos de los problemas que van aumentando la intolerancia y rechazo al orteguismo. El final del primer trimestre del año se inaugura con la oposición al régimen ante las amenazas de censura en las redes  sociales, seguido de una crítica dura por el mal manejo de no contener a tiempo la gigantesca quema de la zona Indio Maíz.  Llega mediados de abril, y las medidas de reducción a las pensiones y el aumento a las cotizaciones hacen estallar la paciencia de los ciudadanos. El Orteguismo atacó a los más vulnerables!

Más de veinte muertos después la resistencia sigue su curso. Sin embargo, la defensa del régimen es muy fuerte y su anuencia a someterse a reformas es muy limitada.  El Orteguismo quiere comprar tiempo para recuperar su espacio perdido y mantener su poder casi absoluto.  La pregunta clave es que tan absoluto o relativo es ese poder.

El poder de Daniel Ortega-Rosario Murillo

La paradoja de la democracia en Nicaragua es que Daniel Ortega tiene el monopolio de la autoridad y la ley a su favor.   El legislativo está en manos del FSLN.  Este control se logró mediante el fraude electoral del 2016 y con la eliminación del partido opositor; gracias a esto hoy  el FSLN tiene 71 de 92 curules. La independencia del poder judicial no existe, desde más de 10 años el poder judicial está controlado también por el Orteguismo: 11 de 16 magistrados de la corte son Sandinistas. Estos magistrados responden directamente a señales del ejecutivo sobre las decisiones a tomar.  El ejecutivo por otro lado, eliminó espacios de acceso para la sociedad y los ciudadanos para plantear demandas. Es un gobierno que no permite la interpelación, el debate o la propuesta.

Finalmente, la astucia del régimen ha incluido el control de los medios mediante la censura, el corte o suspensión de señal y la noticia manipulable.  También tiene el control físico de la población, mediante la intimidación de la protesta con miles de individuos organizados como fuerzas de choque conocidas como ‘turbas’, cuya presencia existe gracias a su vínculo vertical con la Juventud Sandinista y las organizaciones ligadas con la vicepresidenta.  Pero también el grupo Ortega-Murillo mantiene el monopolio de la fuerza mediante el uso y abuso de la fuerza policial y militar.  La independencia de la policía nicaragüense desapareció una vez que su comisionada fue obligada a renunciar o aceptar la nueva forma de gobernar de los Ortega-Murillo. La intimidación incluye además el chantaje hacia personajes claves del país mediante amenaza de cárcel o desprestigio público si no guardan su silencio.

El ejecutivo no solo no tiene contrapesos ante su ejercicio de autoridad, sino que su control político es cien por ciento autoritario.  Por ello no es sorpresa que la participación de la policía en las protestas fue represiva, el intento de controlar los medios fue inmediato y contundente, y su decisión de revocar una ley fue tan  inmediata y caprichosa como fue su aprobación en un principio. Sin embargo, no tiene en sus manos el poder de los ciudadanos, ni de la disidencia que ha venido creciendo, ni de la gran empresa.

La táctica actual y las posibles opciones de cambio

Ante esta circunstancia los Ortega-Murillo aunque saben que cuentan con los recursos en el corto plazo para contener la resistencia espontánea de los manifestantes, están claros que la rapidez de su contención garantizará la continuidad del régimen en el corto plazo.  Si bien esta premisa es correcta, hay al menos cuatro factores que pueden debilitar, y ya la están debilitando, su autoritarismo. De hecho, el gobierno ha perdido de sus manos el control de la agenda política. Al menos temporalmente.

Primero, la posibilidad del agrandamiento de la resistencia más allá del movimiento joven y del reclamo sobre las pensiones. Segundo, la coalición política de entre el movimiento de la calle con grupos liderados a nivel nacional, entre ellos el FAD y otras organizaciones que llaman al cese de la represión, incluyendo el AmCham.  Tercero, el reposicionamiento del sector privado mediante su el gremio del COSEP a renegociar la relación con el gobierno bajo términos diferentes que incluyan el cese a la represión, y reformas políticas, incluyendo su famoso decálogo. Cuarto, la manifestación pública de rompimiento con Ortega-Murillo de fichas claves dentro del gobierno.

No cabe duda de que las demandas son muchas y la posición de Ortega-Murillo no será la misma, aun cuando logren reprimir las manifestaciones en el corto plazo.  Las demandas van desde una reforma de pensión justa, hasta la salida de los Ortega-Murillo. Sin embrago, los cambios políticos ocurren en el medio.

La resistencia no se ha debilitado y ya no es anónima ni espontánea.  De alguna manera se fortaleció mas con el mensaje de Ortega al revocar la ley y mas bien insinuar que seguir en protesta era hacer delincuencia.  No solamente es un discurso típico del dictador en aprietos, pero más que eso ignora los mas de 20 muertos asesinados por la policía o las turbas. En este momento las coaliciones están en proceso de formación, e incluso el COSEP tiene que tomar un paso decisivo que legitime su rol histórico en Nicaragua.  La disidencia en este momento está siendo aislada y confinada, situación que no durará mucho.  Dentro del FSLN hay líderes que están dispuestos a sacrificar la dictadura a cambio de preservar al partido.

El movimiento político de resistencia tiene como clave plantear una propuesta de un proceso de transición política que legitime y responsabilice a quienes causaron muertes y violencia, pero sobre todo que  devuelvan los contrapesos de la democracia a su lugar.  En otras palabras, es el gobierno tiene que reconocer el abuso de la fuerza y la incitación de la violencia, y hacer justicia. También, la resistencia tiene que proponer una agenda mínima para negociar con el gobierno. Entrr los puntos clave debe estar: a) garantizar la independencia de la policía, del sistema judicial, y legislativo. Estas garantías incluyen reformas al proceso de selección de comisionados y jueces, y una elección legislativa extraordinaria; b) de manera inmediata hacer transparente cuál es el presupuesto del país, en qué se gasta y por qué. c) desarticular de manera inmediata los aparatos represivos afines al gobierno, incluyendo los grupos que han sido organizados por el movimiento sandinista para causar violencia y destrucción.

No se trata más de dialogar en Nicaragua. Daniel Ortega ha sabido ‘dialogar’ y se ha burlado de las conversaciones y propuestas.  La sociedad ahora está lista para negociar los contrapesos necesarios para volver a un régimen democrático y representativo.  Este es el verdadero poder del pueblo.

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Manuel Orozco

Politólogo nicaragüense. Director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano. Tiene una maestría en Administración Pública y Estudios Latinoamericanos, y es licenciado en Relaciones Internacionales. También, es miembro principal del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, presidente de Centroamérica y el Caribe en el Instituto del Servicio Exterior de EE. UU. e investigador principal del Instituto para el Estudio de la Migración Internacional en la Universidad de Georgetown.

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