Opinion

La política de fronteras de Biden, una decepción

Privar a los solicitantes de asilo de sus derechos no impedirá que huyan de países en los que corren peligro

En la víspera de la asunción del presidente de los Estados Unidos Joe Biden, los defensores de los inmigrantes se mostraban optimistas respecto de que el gobierno entrante pusiera fin al Título 42, una regla misteriosa que durante la pandemia de covid‑19 permitió a los agentes de frontera rechazar a migrantes que en otras condiciones hubieran tenido derecho a solicitar asilo. Investigando para mi próximo libro, Precarious Protections, entrevisté a abogados que trabajan en Los Ángeles con niños inmigrantes no acompañados, y me dijeron que confiaban en que la nueva administración reinstituyera el derecho a pedir asilo en los Estados Unidos. Pero no es lo que sucedió.

La idea de que los solicitantes de asilo engañan al sistema de inmigración estadounidense con pedidos fraudulentos es infundada. Lo cierto es que durante los gobiernos que precedieron a Biden (los de Barack Obama y Donald Trump), las autoridades migratorias de los Estados Unidos hicieron una interpretación demasiado estricta de la ley que no protegía a la mayoría de los niños vulnerables que huyen de la violencia asesina en Centroamérica.

Pero allí donde la administración Obama combinó la aplicación de la ley con medidas humanitarias, las políticas de Trump mostraron un desinterés explícito por los derechos humanos y el Estado de derecho, y esto sentó un precedente peligroso y al parecer duradero. Un buen ejemplo de ello es el Título 42. Se lo justificó como una medida excepcional para limitar la transmisión de la COVID‑19, pero jamás contó con el aval de los epidemiólogos. Sin embargo, eso no impidió a la administración Trump usar el Título 42 para restringir el derecho a pedir asilo, que está protegido por la legislación estadounidense e internacional.

Tras dos años de mandato, Biden no ha cumplido su promesa de reforma migratoria humanitaria. En vez de eso, su gobierno sigue menoscabando los derechos humanos y expulsando a migrantes. Incluso anunció, a principios de este mes, una ampliación del Título 42 que sumará a nicaragüenses, cubanos, haitianos y venezolanos a la cada vez más larga lista de personas a las que se les niega el derecho a solicitar asilo. Además, ha creado un nuevo programa de permisos de permanencia temporal para dar a ciudadanos de estos cuatro países una forma «segura y ordenada» de ingresar a los Estados Unidos. Pero el programa excluye a guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, a quienes también se expulsa conforme al Título 42, a pesar de la violencia a gran escala y las violaciones comprobadas a los derechos humanos que experimentan en sus países.

Esta política no tiene nada de humanitario. La administración Biden quiere reemplazar el derecho de asilo con una vía de ingreso excepcional reservada a unas pocas personas. La ley de inmigración de los Estados Unidos no establece un límite de solicitantes de asilo, pero el nuevo programa fija un tope de 30 000 permisos temporales al mes para solicitantes de los cuatro países mencionados.

Otro objetivo del programa es garantizar la cooperación de México con la política de frontera estadounidense. Por cada 30 000 permisos temporales otorgados, se expulsará a una cifra igual de solicitantes de asilo. Que México esté dispuesto a recibirlos «resuelve» el problema diplomático que impide a Estados Unidos aplicar el Título 42 a todos los migrantes que cruzan la frontera: en concreto, algunos países se han negado a cooperar con las deportaciones estadounidenses y repatriar a sus ciudadanos.

Al poner como requisito para el permiso temporal que los solicitantes lo tramiten desde el país de origen, de donde huyeron porque allí corrían peligro, o desde países de tránsito como México, donde enfrentan riesgo de secuestro, violación, maltrato y muerte, el programa de Biden ignora en la práctica los padecimientos de decenas de miles de personas que ya están en la frontera entre Estados Unidos y México. Para poder inscribirse en el programa, el solicitante necesita un patrocinador que sea residente legal de los Estados Unidos y tenga medios financieros para darle apoyo; dinero para un billete de avión; y un pasaporte válido. Sólo los solicitantes de asilo más privilegiados pueden tener acceso a estos recursos.

En 2018 conocí a un salvadoreño de dieciséis años al que llamaré Gael (no es su nombre real), que se había inscrito en el CAM, un programa similar de la era Obama destinado a menores centroamericanos por el que estos debían pedir permiso de permanencia temporal desde el país de origen. Gael pasó más de dos años en peligro, ocultándose y sin recibir respuesta del gobierno de los Estados Unidos (una experiencia típica). Lo habían amenazado de muerte varias veces, y como otros migrantes que huyen de la violencia, no podía esperar a que se completara el proceso burocrático. Si la lentitud con que funcionó el programa CAM sirve de indicación, y con el desorden actual del sistema de inmigración estadounidense, no es de prever un otorgamiento rápido de permisos temporales durante el gobierno de Biden.

Además, incluso los pocos afortunados que puedan inscribirse en el programa sólo obtendrán permiso de trabajo temporal y quedarán en situación precaria. La concesión de asilo implica derecho legal permanente a residir en el país, pero el permiso temporal se puede revocar en cualquier momento. Una de las primeras medidas del gobierno de Trump fue quitar la residencia legal a miles de niños que ingresaron por el programa CAM. Para quienes reciban el permiso temporal con el programa de Biden y quieran protección permanente contra la deportación, la única alternativa será pedir asilo, y eso agravará el enorme atraso de los tribunales (justo lo contrario a lo que supuestamente pretende la administración Biden).

Con Obama había dos opciones: inscribirse en el programa CAM o ir a la frontera. Al final, Gael se decidió, huyó y logró ser admitido en la frontera entre Estados Unidos y México. Tal vez por eso sigue con vida. Por el contrario, con las nuevas políticas de Biden, las «personas que crucen irregularmente la frontera de Panamá, México o Estados Unidos … [y] no utilicen estas nuevas vías» de obtención de permiso temporal serán expulsadas y no podrán inscribirse en el programa en el futuro.

Acusado por Trump de tener una postura «débil» en materia migratoria, Biden decidió mantener la agenda de su predecesor. Incluso hay planes de revivir las restricciones de Trump que privan del derecho a solicitar asilo a aquellos migrantes que lleguen a la frontera pasando por países de tránsito o no usen un puerto de entrada legal a los Estados Unidos (una política que fue derogada en los tribunales). Biden también anunció que las personas con vulnerabilidades especiales que quieran una exención del Título 42 deberán usar una aplicación llamada CBP One para agendar una entrevista en un puerto de entrada oficial. Esta aplicación parece una nueva forma de «dosificación» de migrantes, una versión digital de la táctica ilegal por la que el servicio de aduanas y protección de las fronteras obliga a los solicitantes de asilo a esperar (a veces varios meses) para que se los admita.

Estas no son soluciones. Privar a los solicitantes de asilo de sus derechos no impedirá que huyan de países en los que corren peligro. Los expulsados conforme al Título 42 seguirán tratando de cruzar la frontera entre Estados Unidos y México (lo que supondrá un aumento artificial de la cantidad de arrestos y aumentará la percepción pública de que hay una crisis de fronteras) o morirán en el intento.


*Chiara Galli, profesora asistente de Desarrollo Humano Comparado en la Universidad de Chicago, es autora de Precarious Protections: Unaccompanied Minors Seeking Asylum in the United States (que saldrá publicado por University of California Press en 2023).

** Texto original publicado por Project Syndicate


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