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Las democracias latinoamericanas siguen firmes

La democracia, cualesquiera sean sus imperfecciones, es hoy el sistema natural de gobierno para los millones que viven en América Latina

El exmandatario Pedro Castillo durante su detención, en la Prefectura de Lima. Foto: EFE | Confidencial

26 de diciembre 2022

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 Santiago- Tan solo en los últimos meses, el presidente del Perú intentó disolver el congreso, la vicepresidenta de Argentina fue condenada por corrupción, y el presidente de Brasil amenazó con no dejar su cargo si perdía en las próximas elecciones. Cuando a esto se añade la consolidación de las dictaduras en Venezuela y Nicaragua, y el anuncio hecho por el presidente de El Salvador que será candidato a su reelección a pesar de que la constitución de su país lo prohíbe, la conclusión parece clara: en América Latina la democracia está en aprietos.

Una segunda mirada revela un panorama diferente. El presidente del Perú que trató de disolver el congreso fue destituido pacíficamente por ese mismo congreso. Y si bien el presidente saliente de Brasil pasó sus últimas seis semanas enfurruñado en su residencia –al estilo de Donald Trump– su jefe de gabinete informó que se procedería al cambio de mando sin trabas. Y a pesar de que en Argentina abundan los problemas, los argentinos pueden estar agradecidos de que por lo menos disponen de jueces independientes que condenan a figuras gubernamentales poderosas, algo con lo que solo pueden soñar los ciudadanos de Rusia, China o Arabia Saudita.


Es posible que la democracia liberal en América Latina no esté pasando por su mejor momento, pero tampoco es el peor. Las crisis han ido y venido, pero la cultura y las instituciones de la democracia han demostrado ser inesperadamente robustas en muchos países de la región.

El destituido líder peruano, Pedro Castillo, fue el primer maestro de escuela rural en llegar a la presidencia de su país, pero también resultó cómicamente incompetente y lastimosamente falto de preparación para el cargo. En menos de un año y medio, tuvo cinco gabinetes y más de 80 ministros. Luego de que el fiscal nacional acusara de corrupción a él y a varios miembros de su familia, trató de asumir poderes dictatoriales.

Pero este intento solo confirmó su incompetencia. Castillo no aseguró el apoyo de las fuerzas armadas ni de la policía, cuyos líderes rápidamente anunciaron que no lo respaldarían. Incluso miembros de su propio gabinete rechazaron la toma de poder. A pocas horas había sido destituido y estaba detenido, mientras la vicepresidenta, Dina Boluarte, asumía la presidencia, transformándose en la primera presidenta de la historia del Perú.

Los partidarios de Castillo han lanzado protestas callejeras que a veces han sido violentas. En respuesta, Boluarte ha propuesto, con la anuencia del congreso, realizar las próximas elecciones generales en abril de 2024, casi dos años antes de lo previsto. No han salido los tanques a las calles, y hay motivos para permanecer cautelosamente optimistas acerca del futuro político del Perú.

En Brasil, el profundo temor que provocaron las amenazas antidemocráticas proferidas por Bolsonaro indujo a los políticos de centro e incluso a ciertos líderes empresariales a tragar saliva, apretar la mandíbula y apoyar al candidato de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva. Para ellos, era más importante el futuro de la democracia en Brasil que sus preferencias partidistas de corto plazo. Lula no asumirá el poder hasta el 1 de enero, pero las posibilidades de que algo descalabre un cambio de mando pacífico parecen cada vez menores.

En medio de los escándalos de la corrupción en la década de 2010, el expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso hizo un comentario –hoy famoso para explicar cómo constataba él que la democracia brasileña progresaba. Según dijo, antiguamente todo el mundo conocía los nombres de los generales que podían dar un golpe, mientras hoy día todos saben los nombres de los fiscales y de los jueces que enjuician a los funcionarios corruptos (entre ellos,

Lula, quien fue sentenciado a 12 años de prisión, pero dejado en libertad luego de 580 días, en 2019, cuando su condena fue revertida en base a un tecnicismo). Hubo un tiempo en que Bolsonaro, con su gabinete de uniformados, parecía estar preparado para probar que Cardoso se equivocaba. Pero, a la larga, prevaleció la democracia.

En Argentina, el panorama económico sigue tan inestable como siempre, como lo indican los varios tipos de cambio, entre ellos uno exclusivamente para los hinchas que asistieron al Mundial de Fútbol en Qatar. Sin embargo, las instituciones democráticas permanecen firmemente enraizadas. Las próximas elecciones generales se realizarán en 2023, y las encuestas actuales sugieren que la oposición ganará si logra presentar un frente unido.

Si bien la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner afirma que no será candidata a ningún cargo después de que termine su actual período, los analistas políticos lo dudan. Se espera que ella apele su reciente condena por fraude, y si se jubila perderá su inmunidad frente a un posible arresto. En años no tan distantes, el partido que ejerce el poder pudiera haber respondido mandando matar al juez que firmó la sentencia o lanzando matones a las calles. Esta vez, lo único que Kirchner pudo hacer fue emular a Eva Perón y pintarse como la víctima, en este caso, de una supuesta “mafia” judicial.

Kirchner no es la única líder latinoamericana que se enfrenta con los magistrados. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador (conocido como AMLO) ha hecho un llamado a realizar una limpieza del poder judicial, yha acusado a algunos juecesde defender los intereses de “grupos” no identificados en lugar de los del “pueblo”. Del mismo modo que Trump se basaba en “hechos alternativos”, AMLO ha respaldado sus dichos aludiendo a otros datos, que no son comprobables.

Pero cuando hace poco intentó modificar la constitución para debilitar el Instituto Nacional Electoral (INE), la sociedad mexicana dijo basta. Intelectuales y líderes de opinión enviaron cartas y firmaron solicitudes, mientras doscientas cincuenta mil personas se lanzaban a las calles en Ciudad de México para manifestar su oposición a los cambios propuestos. Finalmente, hasta el líder del propio partido de AMLO en el senado votó en contra de la reforma, afirmando, “Yo solo quiero que se respete la constitución”.

A pesar de que no logró la supermayoría necesaria para enmendar la  Constitución, AMLO sí obtuvo suficientes votos para restringir la autonomía del INE, recortar su presupuesto, y remover a muchos de sus actuales empleados. La oposición ahora planea impugnar el proyecto de ley ante la Suprema Corte, argumentando que viola la constitución. El sacudón experimentado por la democracia mexicana ha motivado a los demócratas del país para ponerse en acción.

Lo mismo ha sucedido con los demócratas chilenos, que a fines de 2019 pusieron fin a las violentas protestas callejeras promoviendo un proceso de reforma constitucional. Si bien el primer intento de redactar una nueva constitución fracasó, un grupo amplio de partidos recién ha llegado a un acuerdo sobre los mecanismos que regirán un segundo intento. Es muy probable que para fines de 2023 Chile tenga una constitución que reemplace a la redactada en 1980, durante la dictadura del General Augusto Pinochet.

La democracia liberal vive en los estatutos, los reglamentos y las instituciones. Pero además, y lo que es más importante, vive en los corazones y los hábitos mentales de la ciudadanía. La democracia, cualesquiera sean sus imperfecciones, es hoy el sistema natural de gobierno para los casi setecientos millones de personas que viven en América Latina. Las alternativas parecen cada vez más improbables. Al finalizar el annus horribilis de 2022, el vigor de las democracias de la región es motivo de aplauso.

Traducción de Ana María Velasco

Andrés Velasco, excandidato a la presidencia y ex Ministro de Hacienda de Chile, es Decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics and Political Science. 

 

Copyright: Project Syndicate, 2022.
www.project-syndicate.org

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Andrés Velasco

Economista, académico, consultor y político chileno. Fue ministro de Hacienda durante todo el primer gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010). Es director de Proyectos del Grupo de Trabajo del G30 sobre América Latina y Decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics and Political Science. Sus textos son traducidos por Ana María Velasco.

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