16 de octubre 2020
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Desde la perspectiva de corto plazo, la democracia boliviana sufre un impacto significativo a partir de octubre y noviembre de 2019, con la anulación del proceso electoral que había presentado una serie de irregularidades. Desde el día de la votación hasta la renuncia del expresidente Evo Morales, se observó un ambiente de tensión que activó la polarización latente entre los sectores afines al MAS y los de oposición. A estos factores se sumaron, desde marzo de 2020, los impactos de la pandemia del COVID-19 en el ámbito de la salud, de la economía, de la educación y de la gobernabilidad por las evidentes desconexiones o abiertas fracturas entre los diferentes niveles de gobierno. Debido a las medidas de contención de la pandemia, las Elecciones Generales programadas inicialmente para el 3 de mayo tuvieron que ser postergadas en reiteradas oportunidades, en medio de crecientes tensiones y, en más de un caso, con manifestaciones violentas que amenazaron la estabilidad institucional y la convivencia pacífica.
El proceso electoral 2020 es fundamental para el restablecimiento de la legitimidad de los órganos del poder público, así como para la estabilidad social, pues se puede esperar, aunque sin plena seguridad, que la gente entre en una suerte de cuarto intermedio en torno a sus demandas urgentes mientras el nuevo gobierno se instale y adopte las primeras medidas para encarar la grave crisis que atraviesa el país. Por otra parte, la adecuada gestión del proceso electoral en curso es fundamental para que el OEP recupere la credibilidad como poder de Estado, lo cual es de capital importancia, más allá incluso de la elección legitima de las autoridades públicas, porque puede poner en tela de juicio la capacidad que ha mostrado la sociedad boliviana, desde el restablecimiento de la democracia en octubre de 1982, para resolver sus profundas controversias políticas, sociales, económicas o regionales mediante el voto.
¿Qué se elige este domingo y cómo se elige?
En las Elecciones Generales del 18 de octubre se elegirá a las principales autoridades Ejecutivas y Legislativas del nivel nacional. Bolivia elige por voto popular y directo a los titulares de la Presidencia y Vicepresidencia del Estado, así como a los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional (Senadores/as y Diputados/as), bajo la modalidad de elecciones concurrentes.
El sistema de elección de los titulares de la Presidencia y Vicepresidencia contempla tres rutas: dos en primera vuelta y una en segunda vuelta. En la primera ruta, el binomio que salga primero deberá obtener el 50% más uno de los votos válidos. En la segunda ruta, el binomio que salga primero deberá obtener un mínimo de 40% de los votos válidos y una diferencia de, al menos, 10 puntos porcentuales respecto del segundo. Si ninguno de los binomios logra uno de los dos resultados anteriormente descritos, procede la segunda vuelta electoral (ballotage) entre los dos candidatos más votados. La candidatura presidencial encabeza las listas de una gran parte de miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Bolivia tiene un sistema bicameral asimétrico: la Cámara de Senadores se conforma bajo el criterio de representación territorial, por lo que sus 36 miembros están distribuidos de manera igualitaria entre los 9 departamentos (4 por cada uno). Sus miembros se eligen en cada uno de los nueve distritos departamentales, a partir de las listas cerradas y bloqueadas que acompañan la votación por el o la candidata a la presidencia, y mediante la fórmula proporcional de divisores naturales simples. La Cámara de Diputados se conforma bajo el criterio de representación poblacional, por lo que la cantidad de miembros de cada departamento varía según la población que tenga, a partir de una base mínima de 5 cargos. En la asignación de curules, se procede a través de un sistema mixto proporcional. La mitad de los miembros se eligen en distritos uninominales mediante fórmula mayoritaria y la otra mitad mediante fórmula proporcional en distritos plurinominales; dentro del total de 130 miembros, siete escaños están reservados para minorías indígenas, mediante circunscripciones especiales. Finalmente, se eligen nueve representantes supraestatales que son miembros del legislativo sin derecho a voto. La elección de todos los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional es por un período de 5 años y debe observar obligatoriamente el principio de paridad y alternancia de género.
La competencia presidencial
Ocho candidaturas iniciales: Acción Democrática Nacionalista (ADN) con María Bayá, Comunidad Ciudadana (CC) con Carlos Mesa, CREEMOS con Luis Fernando Camacho, Frente Para la Victoria (FPV) con Chi Hyun Chung, JUNTOS con Jeanine Añez, Libertad y Democracia (LIBRE 21) con Jorge Quiroga, Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP) con Luis Arce, Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL) con Feliciano Mamani. De estas ocho fuerzas políticas iniciales, las alianzas JUNTOS y LIBRE 21, se han retirado de la contienda política (JUNTOS hace 4 semanas y Libre 21 hace 3 días). A la luz de las encuestas, sólo 3 de las candidaturas que siguen en carrera son relevantes y lograrán una presencia significativa en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
La recuperación y diversificación de la economía, un sistema sólido de salud, la educación con fuerte acento en el desarrollo científico y tecnológico, así como la transparencia de la gestión pública frente a la endémica corrupción, todo ello marcado profundamente por el impacto de la pandemia del COVID-19, constituyen los temas centrales y recurrentes de la campaña electoral. Por último, aunque no menos importante, en especial en el discurso de las fuerzas de oposición al MAS, se advierte un fuerte acento en la necesidad de recuperar la institucionalidad democrática, fuertemente erosionada durante el gobierno del MAS y también durante el gobierno de transición actual.
A principios de 2020, mientras el gobierno nacional y la presidente Añez bajaban en sus niveles de confianza, el TSE gozaba de 61% de confianza para llevar adelante un proceso electoral limpio y transparente. Sin embargo, las reiteradas postergaciones del día de votación y la intensa campaña de descrédito desencadenada, tanto por el MAS como por el partido de la presidente Añez y algunos generadores de opinión, contra el TSE y, en particular, contra su Presidente Salvador Romero, han logrado erosionar significativamente ese nivel de confianza, ya que para principios de octubre el 40,4% de la población le daba un voto de confianza, pero 50% desconfiaba de su accionar.
Las últimas encuestas: La intención de votos y los indecisos
Las últimas encuestas coinciden en torno a la probabilidad de una segunda vuelta, aunque sin descartar el triunfo del MAS en primera (CIES Mori).
Un dato crucial es el de los indecisos que rondan el 19%, y que pueden definir los resultados en primera vuelta si se desplazan a favor del MAS. Llama la atención la encuesta de Página Siete, que es la única que otorga a Carlos Mesa la posibilidad de ganar en la primera vuelta, aunque no con la diferencia suficiente como para obtener directamente la Presidencia.
Los desafíos planteados por una democracia en retroceso desde hace, al menos, 20 años, los eventos traumáticos de octubre y noviembre de 2019, la llegada de la pandemia y los costos y desafíos generados por ella para la sociedad, la economía, la gobernabilidad y el propio proceso electoral en curso, sumados a la creciente desconfianza ciudadana en la política y sus instituciones, hacen que este proceso electoral sea determinante, tanto para la institucionalidad democrática como para la relación de la ciudadanía con el sistema político.
Todo indica que el próximo gobierno deberá encarar profundas reformas en todos los campos de la agenda pública. Eso requiere una gran capacidad de construcción de acuerdos entre los actores políticos, y también entre éstos y las diversas y cada vez más demandantes y movilizadas organizaciones de la sociedad civil.
Director regional de IDEA Internacional www.idea.int. Publicado en Aristegui Noticias
