19 de febrero 2022
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Señoras y señores miembros del Consejo Permanente de la OEA, estoy aquí para informarles sobre la grave situación que enfrentan los presos políticos en Nicaragua. No estoy exagerando cuando les digo que muchos de ellos están enfrentando una situación de vida o muerte; hoy día, la vida de 177 presos políticos está en manos del dictador Daniel Ortega y Rosario Murillo. Por esa razón, he venido a pedirles que hagan todo lo posible para evitar que haya más muertos. Como ustedes bien saben, el régimen de Ortega y Murillo ha sido claro en expresar su rechazo a encontrar por la vía pacífica una solución al conflicto en Nicaragua. Por el contrario, ha incrementado la represión, los crímenes de lesa humanidad, y las graves violaciones de los derechos humanos. El régimen está convencido que la comunidad internacional no va a responder proporcionalmente a sus acciones. ¡Hay que demostrar que están equivocados!
La muerte de Hugo Torres
La repentina y misteriosa muerte del general de brigada en retiro Hugo Torres, el pasado 11 de febrero, ha impactado a la opinión pública en Nicaragua y a nivel internacional. Hugo Torres pasó de ser un heroico dirigente sandinista que rescató de la prisión a Daniel Ortega en los años 70, a ser una víctima más de la dictadura de Ortega.
La doctora Vilma Núñez, de la organización de derechos humanos CENIDH, planteó varias interrogantes sobre la muerte de Hugo Torres en una reciente entrevista en La Prensa: Hugo Torres fue capturado el 13 de junio de 2021. Su captura fue ilegal, arbitraria, sin orden judicial y con violencia. Fue trasladado al centro de seguridad conocido como El Chipote, y lo mantuvieron incomunicado de sus familiares. Fue sometido a torturas, a tratos crueles e inhumanos. No le permitieron que sus familiares le suministraran alimentos, y fue sometido al racionamiento del sistema judicial. Los familiares indicaron que Torres era una persona sana antes de ser detenido. Muchos de sus compañeros mencionaron que no era una persona que se doblegara en la cárcel, él era un hombre disciplinado y hacía ejercicios a menudo.
Repentinamente, Torres empezó a ponerse mal en la cárcel, se le inflamaron las piernas a tal punto que ya no podía moverse por sí mismo. Algunas veces llegó a verlo un médico del centro de seguridad. No se sabe cuánto tiempo estuvo en esa situación, hasta que un día se desmayó y fue cuando finalmente lo sacaron. “Nunca informó Auxilio Judicial que este reo que estaba bajo su resguardo y competencia en El Chipote que fue trasladado a un hospital” denunció la doctora Vilma Núñez.
Rumores de la hospitalización de Torres y su grave estado de salud circularon entre diciembre de 2021 y en los primeros días de 2022. El CENIDH junto a otras organizaciones exigieron públicamente que se revelara dónde estaba Torres y las circunstancias. Pero jamás hubo una respuesta. Según la doctora Núñez, ahí está lo anómalo, ¿por qué se lo llevaron escondido, que ocultaban? Se lo llevaron violando el debido proceso legal, cometiendo más abusos de autoridad ya que un reo que está bajo la jurisdicción de la Policía no puede ser trasladado a otro lugar porque se les ocurre.
El régimen ha manejado el caso de Hugo Torres en absoluto secreto. No ha habido un dictamen médico legal que indique la causa de su muerte. Hasta los médicos del hospital están siendo omisos en sus responsabilidades y ningún juez ha ordenado un diagnóstico sobre este caso.
Los riesgos de los presos políticos
Los presos políticos en Nicaragua están corriendo riesgo de muerte. Su situación en las celdas de los diferentes centros del Sistema Penitenciario es cada día más grave y preocupante. Hoy día hay 177 presos políticos en las cárceles de Nicaragua, y diez de ellos están presos desde antes del estallido sociopolítico de 2018.
A partir de mayo de 2021, el régimen incrementó la persecución a candidatos presidenciales, periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos, activistas sociopolíticos y cualquier persona que exprese una opinión en contra del régimen. En ocho meses, la Policía ha apresado ilegalmente a 55 personas pasando de 112 personas presas políticas a 167.
De este total, 154 son hombres y 13 son mujeres. Una persona tiene menos de 20 años. 72 personas están entre 20 y 34 años. 41 personas entre 35 y 49 años. 38 personas entre 50 y 64 años; y 15 personas tienen entre 65 y 79 años.
Cada una de las detenciones ilegales que se han llevado a cabo en los últimos años en Nicaragua están llenas de graves violaciones a los derechos humanos, como el uso desproporcionado de la fuerza durante la captura, detenciones por policías y parapolicías sin orden judicial, desapariciones forzadas por ocultamiento de paradero, incumplimiento de los plazos de acusación y presentación, recursos de exhibición personal declarados sin lugar, negación de información a familiares y defensores, sustracción natural del juez y aplicación desigual de la ley.
Tras ser capturados, los presos políticos estuvieron prácticamente desaparecidos e incomunicados durante más 80 días y sometidos a audiencias secretas. Los presos políticos continúan secuestrados en distintos centros del Sistema Penitenciario Nacional, como la cárcel El Chipote y La Modelo, conocidos por ser centros de torturas. Las torturas: Los prisioneros políticos están sometidos a torturas, tratos crueles, inhumanos, y degradantes: Recluidos en condiciones de máxima seguridad, aislamiento y castigo con acceso restringido al sol.
Están expuestos a condiciones infrahumanas, sus celdas tienen poca ventilación y durante el día las temperaturas son muy altas. Hay 44 personas en celdas de diferentes tipos de reclusión en aislamiento, viviendo bajo esas condiciones. Mantener a prisioneros en estas circunstancias por períodos prolongados constituye no solo tortura, si no que tortura agravada.
Tenemos el ejemplo de cuatro mujeres defensoras de derechos humanos y activistas políticas: Dora María Téllez, Tamara Dávila, Ana Margarita Vijil y Suyén Barahona, que permanecen desde hace más de ocho meses en casi absoluto aislamiento, enfrentando restricciones de visita de sus familiares. Uno de los aspectos más deplorables es la falta de atención médica adecuada para los presos políticos, lo cual está poniendo en peligro sus vidas. El panorama se vuelve más crítico ante la pandemia del covid-19, el hacinamiento, la insuficiente atención médica y muchas veces la restricción a paquetería, hace que la situación se vuelva crítica para ellos. En últimos meses al menos 48 de las 96 personas que se ha monitoreado por las organizaciones de derechos humanos en el país han tenido covid-19 o síntomas relacionados al virus. Actualmente 11 presos políticos de distintos centros del Sistema Penitenciario Nacional están con síntomas de covid-19 y sin recibir atención adecuada.
El racionamiento de la alimentación y su poco contenido nutricional ha causado drásticas pérdidas de peso y daños permanentes a la salud poniendo sus vidas en peligro. Por ejemplo, el caso de José Pallais, quien ha perdido 90 libras, lo que ha puesto su vida en grave riesgo por ser hipertenso, diabético y tener apnea del sueño. El pasado 15 de febrero durante su juicio, Pallais se descompensó y desmayó. Hay muchos otros casos de violaciones a la salud y bloqueos a una adecuada atención médica.
Muchas son las historias que podría relatar sobre las deplorables situaciones de las presas y los presos políticos. Entre las situaciones más graves están tres personas que son sobrevivientes de cáncer y ameritan una serie de atenciones especiales por su estado como adultos mayores: Edgar Parrales, Evelyn Pinto y Marvin Vargas, este último está en máxima seguridad en la Modelo.
Padecimientos como enfermedades renales, síndrome nefrítico, convulsiones, derrame cerebral, como el caso de don Eliseo de Jesús Castro de 57 años quien se encuentra en cuidados intensivos desde hace dos meses y otros casos de depresión y pensamientos suicidas, como el de Róger Reyes (abogado defensor de Félix Maradiaga, también preso político) que presenta pérdida de memoria y psicosis. Dentro los padecimientos de salud de los presos políticos están enfermedades de cáncer, Parkinson, padecimientos del corazón y del sistema circulatorio, así como problemas de la vista. 44 personas sufren de algún problema asociado a estas enfermedades. Debido a las terribles condiciones y el tiempo en la cárcel, muchas de sus enfermedades se han agudizado. Mientras más pasa el tiempo, el deterioro de su salud continúa y en algunos casos hasta ha provocado la muerte.
Se conoce que por lo menos cuatro presos políticos han tenido que ser hospitalizados por complicaciones de salud, incluyendo el caso de Hugo Torres. Esto es una situación de gran preocupación para muchos de nosotros, pensar que la vida de personas que han levantado sus voces para rescatar la democracia en Nicaragua corre riesgo de muerte.
No se puede seguir permitiendo que las familias nicaragüenses continúen sufriendo. La situación en que viven los familiares de las presas y los presos políticos es lamentable. Son asediados, reciben malos tratos en los Sistemas Penitenciarios y se les niega acceso y comunicación con sus familiares. Como es el caso de Max Jerez, a quien la Policía le negó la visita a su madre estando enferma y no le permitieron asistir a su entierro. La misma situación le sucedió a José Adán Aguerri, a quien tampoco le fue permitido asistir al entierro de su madre. Esta es una clara violación a la legislación de Nicaragua. Todas estas formas de tortura están siendo usadas para tratar de quebrantar la moral de los presos políticos.
La violación al debido proceso y la impunidad
La impunidad en la que se encuentra el país incluye la transgresión al debido proceso legal. Primero, los juicios políticos se están realizando fuera del sistema judicial: dentro de las cárceles mismas. Esta es una violación al artículo 121 del Código Penal. Segundo, el régimen ha dado órdenes directas a jueces pro-Gobierno de rechazar todo tipo de argumentación legal de parte de la defensa, de refutar la solicitud de eliminar información presentada como evidencia por no ser vinculante a la ley, y de utilizar como testigos a policías que desconocen del caso y que fueron instruidos y preparados para dar testimonios falsos. Por ejemplo, la Policía aduce que la prueba de promover injerencia extranjera por parte de los jóvenes activistas en una foto con el secretario general Luis Almagro, o tuits llamando a un Estado de derecho, o fotos con personas notables como Laura Chinchilla, o José Manuel Vivanco.
Bajo estos términos a 30 personas les han sido ya impuestas penas de 8 y 15 años. Tercero, el entorno en el que se produce el proceso judicial en un marco intimidador. La Policía realiza requisas a familiares y abogadas mujeres con acoso sexual, concentración policial en los lugares donde se realizan las sesiones. Esta transgresión evidencia la magnitud de castigos crueles e inusuales típicos de la impunidad del régimen
Me uno a los llamados de las diferentes organizaciones que demandan (la Organización Víctimas de Abril, Grupo Secuestrados Políticos Unidos, Asociación de Familiares de Presos Políticos, Comité Pro liberación de Presas y Presos Políticos, y Familiares de presos políticos en El Chipote desde mayo 2021) por la inmediata liberación de los presos y las presas políticas en mi país.
Yo acuso al dictador Daniel Ortega y a su cómplice Rosario Murillo por las condiciones inhumanas en las que se encuentran las presas y presos políticos. Sus vidas corren serio peligro. No queremos más muertes, como la de Hugo Torres (febrero 2022), como la de Eddy Montes (preso político que murió al recibir un balazo el 16 de mayo de 2019, por un custodio en el Sistema Penitenciario Nacional) o como la de Santos Flores (quien denunció a Daniel Ortega por la violación sexual de su hermana Elvia Flores, desde que tenía 15 años), él estuvo encarcelado y torturado desde el 2013. Falleció por causas desconocidas y misteriosas el pasado noviembre de 2021.
En múltiples ocasiones se ha pedido que se autorice al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a evaluar el estado de salud de las presas y presos políticos. Esta solicitud no ha tenido respuesta. Esto viola el memorándum de entendimiento entre el CICR y las autoridades de Nicaragua en el cual se acordó las visitas del Comité a los centros de detenciones.
Propongo y solicito: Exigir al Gobierno de Nicaragua que libere de inmediato a todos los presos políticos y que acepte una misión de alto nivel de Estados miembros, autorizada por el Consejo Permanente de la OEA, con el mandato de visitar Nicaragua para verificar la situación de los presos políticos y seguir abogando por una solución justa y pacífica al conflicto actual. En 1979 el dictador Somoza me permitió visitar las cárceles, acompañando a la Cruz Roja nicaragüense.
Urgir al Gobierno de Nicaragua que de acceso a la Iglesia católica para visitar y asistir a los presos políticos en las cárceles.
Que el régimen permita una investigación de la CIDH sobre las causas de la muerte de Hugo Torres, y de las condiciones físicas y mentales de cada uno de los presos políticos.
Es de vital importancia que la CIDH y la OACDH de Naciones Unidas, y otras organizaciones de derechos humanos, regresen a Nicaragua.
Es imperativo que los Estados miembros de la OEA transmitan al régimen Ortega Murillo de forma inequívoca que la comunidad interamericana rechaza su actuación dictatorial, sus crímenes de lesa humanidad, sus graves violaciones a los derechos humanos, y sus transgresiones a los principios de la Carta Interamericana
Es urgente convocar una Asamblea General extraordinaria para abordar la situación de Nicaragua y aplicar el Art. 21 contra el régimen.
Hago un llamado a todos los países miembros de la OEA, a ponerse al lado de la democracia y de los derechos humanos, apoyando al pueblo de Nicaragua en estos momentos cruciales de su historia. La comunidad interamericana tiene que decidir si está al lado de la dictadura, o al lado de una población indefensa a la que se le está violando sus derechos fundamentales, y donde se ha producido la ruptura del orden democrático.
Más allá de la OEA, la comunidad internacional debe tomar acciones concretas para demandar la liberación inmediata de los presos políticos y lograr el retorno de la democracia en Nicaragua
En este Consejo están representados Gobiernos que también deciden el financiamiento hacia Nicaragua en el BID y en el BCIE (y también el Banco Mundial). El BCIE es el principal sostén financiero del régimen. Es importante que el financiamiento que recibe el régimen sea condicionado al respeto de los derechos humanos. Cualquier recurso ya aprobado o por aprobarse, debe ser monitoreado por un cuerpo internacional independiente, que asegure el uso correcto de fondos.
Estados Unidos debe de implementar de inmediato el contenido completo de la Ley Renacer, que fue aprobada con respaldo bipartidista por su Congreso. No hay razones para no aplicar de inmediato lo que dicta esa ley.
Testimonio de Bianca Jagger en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA 18 febrero 2022
