Opinion

Necesitamos una auditoría de OPS sobre el manejo de la pandemia en Nicaragua

Desestimar la realidad y el conocimiento tuvo efectos fatales. Las decisiones tomadas respecto a la pandemia han provocado demasiadas muertes.

En pocas semanas, la pandemia de COVID-19 podría considerarse como una de las mayores tragedias de la historia del país, un acontecimiento indignante para Nicaragua porque muchas muertes se pudieron evitar.

La solicitud de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, presentada por el director de Emergencias en Salud, doctor Ciro Ugarte, para que Nicaragua presente los datos recopilados sobre la enfermedad de COVID-19, surge de la preocupación de que se está incumpliendo el Reglamento Sanitario Internacional (RSI). Según ese reglamento, los estados deben prevenir y proteger a la ciudadanía de la propagación de las enfermedades. Se debe examinar exhaustivamente el actuar del Minsa desde el 31 de diciembre pasado cuando se supo del brote de coronavirus y – en palabras del doctor Ugarte – hacer “una evaluación de los servicios de salud, la situación epidemiológica y de todas las medidas” que debieron tomarse para enfrentar la pandemia de COVID-19.

Una inspección de la OPS evidenciaría la incapacidad de las autoridades de actuar resueltamente desde el comienzo de la pandemia. Se descubriría que la deplorable situación en materia de salud pública es el resultado de negligencias y decisiones erráticas que conllevaron a que el virus se propagara de golpe y sin ser detectado.

Cuando se enfrenta una nueva enfermedad como COVID-19 es mejor exagerar la respuesta que no reaccionar.  La mejor estrategia para un país pobre es evitar por todos los medios que un agente infeccioso se propague, como lo hicieron varios países africanos que actuaron decididamente. El éxito de Etiopía, por ejemplo, no dependió de cuántos ventiladores ni cuántos hospitales tenían, sino de la implementación de un conjunto de acciones sencillas para contener la propagación del virus a tiempo.  ¿Por qué Nicaragua fracasó en evitar la penetración del virus?

En plena explosión de la fase de transmisión comunitaria, Nicaragua no cuenta con un plan de mitigación del COVID-19. El Libro Blanco que el gobierno ha presentado como un “modelo singular” para el COVID-19 no reconoce que el país ha dejado atrás la fase inicial de la pandemia ni que los hospitales están saturados. Tampoco responde a los reclamos de la comunidad médica y científica sobre la necesidad de implementar medidas efectivas de prisa. Una auditoría deberá examinar protocolos y guías de actuación técnico-científicas – si las hubiera –, valorar la calidad de los procesos, el cumplimiento y los resultados, aunque sea difícil entender la jerga única y original del Minsa, como diferenciar entre “dos delicados y atendidos y dos delicados pero estables”.  ¿Por qué se violaron los estándares de calidad? ¿Por qué no se establecieron acciones concretas para promover el distanciamiento físico y reducir el contagio de la población?

Otra falta grave es la ausencia de liderazgo y negación del problema. Los expertos han criticado que los comentarios de funcionarios del Minsa en contra del uso de mascarillas y equipos de protección minimizaron las amenazas y enviaron a la población el mensaje equivocado de que no pasaba nada. Creyeron que un resfriado era más dañino que el coronavirus y, apenas iniciada la batalla, expusieron al personal de salud al contagio desfilando en carnavales suicidas.

En otros países los presidentes han atendido la pandemia como su misión prioritaria y junto a sus ministros de salud actualizan diariamente, con transparencia, la información sobre el estado de la pandemia. En Nicaragua apenas se ha visto al Presidente en meses, un ejemplo más del mal manejo de la pandemia.

La sobrevaloración fingida de las capacidades del sistema de salud conllevó a que toda la responsabilidad de la pandemia recayera en el personal de salud.  Ese engaño provocó que la gente no se tomara en serio los riesgos de la enfermedad.  Para desestimar el impacto del coronavirus, se vinculan los fallecimientos a condiciones preexistentes, desde ser portador de VIH hasta cáncer, diabetes o hipertensión.

Quizás errores matemáticos injustificables en la elaboración de escenarios epidemiológicos condujeran a grotescos malentendidos sobre los peligros reales del COVID-19.  El número de muertos por coronavirus ya ha sobrepasado las estimaciones que en febrero pasado realizara el Minsa.  Otros estudios han previsto más de 66 mil casos que, a una tasa de letalidad de 5%, significaría al menos 3300 personas fallecidas. Emplear las matemáticas correctamente podría haber salvado vidas.  ¿Cómo se hicieron las proyecciones inverosímiles de 800 muertos cuando todos los estudios pronosticaban millares de fallecidos?

Los médicos han denunciado con valentía el contagio del personal sanitario y han cuestionado la objeción de las autoridades a que el sector privado y otros laboratorios públicos o universitarios apoyaran en el diagnóstico de COVID-19.

 

Durante toda la pandemia el Minsa ha desestimado la importancia de las pruebas de diagnóstico. La carencia de pruebas mutiló la respuesta contra la pandemia y costó muchas vidas. Se ignoró el llamado a un muestreo masivo, utilizando la técnica de RT-PCR. Quizás les haya parecido una excentricidad tecnológica, pero en pleno siglo XXI las pruebas moleculares son parte esencial de toda estrategia que comprende un estricto sistema de identificación de casos, localización de contactos, aislamiento y tratamiento. ¿Por qué se subutilizaron las capacidades técnicas del Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia, CNDR?

Las 26 mil pruebas serológicas, que desde hace dos meses permanecen almacenadas, establecerían si un enfermo presenta anticuerpos a COVID-19 o si ya ha superado la enfermedad y ayudarían a trazar una imagen más completa del curso de esta enfermedad en Nicaragua.

La investigación de la OPS no solo va a requerir la información de rutina que no ha sido proporcionada (número de pruebas positivas, negativas, indeterminadas, fechas y procedencias, segregación de resultados, etcétera).  También se indagará sobre los protocolos para reportar los resultados porque no cuadran las pruebas realizadas con las reportadas y no se comunican los verdaderos resultados a pacientes y familiares de las víctimas. ¿Se violaron las normas de bioseguridad en el CNDR? ¿Por qué se menospreció el valor diagnóstico de las pruebas? ¿Por qué obstaculizaron que otros laboratorios del país apoyasen en el diagnóstico?

La pandemia ha desnudado un sinnúmero de debilidades en materia de gobernanza y que las políticas públicas no obedecen a criterios técnicos ni científicos.  En el Libro Blanco sobre COVID-19 se argumenta que se hizo un balance entre los impactos de la salud y los económicos, pero a renglón seguido hay una extensa explicación política para atacar la Rebelión de Abril.  Esto confirma que desde el inicio la respuesta para enfrentar la Covid-19 partió de un deplorable sesgo político.

Además, del Libro Blanco se deduce que la institución a cargo no es el Minsa. Pero la atención adecuada de una pandemia como la COVID-19 implicaba un alto nivel de conocimientos técnicos y científicos, principalmente de las ciencias médicas como epidemiología, infectología, virología, microbiología, neumología, entre otras. La pandemia no se puede dejar en manos de operadores políticos. Esto es importante dilucidarlo porque la causa de tanta muerte radica allí, no en los hospitales.

El personal calificado del Minsa se queja de ser relegado y que todas las decisiones vienen “de arriba”, pero se sabe que a más alto el cargo, menor el grado académico. Así se ha visto socavada la credibilidad de las instituciones como el CNDR que realiza las pruebas de COVID-19.  ¿Quién asesora al Minsa? ¿Cuáles son sus méritos científicos?  ¿Quién explica la base científica de todas esas decisiones?

Desestimar la realidad y el conocimiento tuvo efectos fatales.  Las decisiones tomadas respecto a la pandemia han provocado demasiadas muertes.  Al 3 de junio el Observatorio Ciudadano registra un total de 5027 casos y 1015 muertes por COVID-19. A juzgar por estas cifras, Nicaragua se ha convertido en el país más afectado por la pandemia en Centroamérica, ubicándose también en la lista de los cinco principales afectados en América Latina. Peor aún, el número de casos y de fallecidos viene aumentando con tanta rapidez que – de seguir así las cosas – Nicaragua, con 159 muertos por millón, presentaría una de las tasas de muertos por millón más altas del mundo.

Las respuestas a todas estas preguntas ayudarán a explicar lo ocurrido. Lo que hace la tragedia más inaceptable no es solo el horror de la muerte de centenares de personas a la vez y los entierros apurados en la noche, sino que todo esto se pudo evitar.

Nadie conoce mejor el horror vivido en los hospitales que el personal de salud. Por eso las asociaciones médicas han solicitado asistencia internacional.  La auditoría de la OPS ofrece una nueva oportunidad para evaluar qué ocurrió durante la pandemia y dejar atrás esa larga tradición de indiferencia e irresponsabilidad en Nicaragua.

Ph.D. El autor es biólogo molecular


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