Opinion

No todo lo que brilla es oro

Las condiciones de riesgo humano y daños a la naturaleza de la minería continúan siendo altamente vulnerables

La fiebre del oro en Nicaragua ha tenido sus altibajos, pero los beneficios netos siempre han llegado a las economías de los capitales locales, o a patrimonios extranjeros. Casi nada de las riquezas auríferas de la explotación minera ha contribuido al desarrollo humano, social y económico del país. La primera fiebre cautivó a los conquistadores, quienes después del encuentro de dos mundos, arrasaron con gran parte del oro y la plata a cambio de espejos y otras baratijas. A partir de 1800, compañías extranjeras, sobre todo de Estados Unidos, Canadá, y unas pocas de Nicaragua, iniciaron la explotación de los yacimientos en La Libertad, Siuna, Bonanza, Larreynaga, Santo Domingo, El Limón, Rosita, y otras. En 1940, Nicaragua ocupaba el lugar No. 14 de la producción mundial y el oro representaba el 60% de sus exportaciones.

Al triunfo de la Revolución Popular Sandinista en 1979, el Gobierno de Reconstrucción Nacional aprobó la Ley de Nacionalización del Sector Minero (Decreto 137 del 2/11/1979), una reivindicación nacional de enorme importancia humana, política y social, que permitió nacionalizar las empresas mineras y cancelar todas las concesiones. Pero, no todo lo que brilla es oro. Los casi 400 años de explotación del mineral, dejaron rostros enfermos de lánguidas fisonomías. Los pobladores han vivido en pobreza, sin empleos estables, sin escuelas, y faltos de viviendas. Además de los daños a las personas y la devastación de los bosques, el efecto residual del cianuro, mercurio, arsénico, plomo, cadmio y aluminio, contaminaron ríos, pozos y otras fuentes de agua, destruyeron la flora y la fauna acuática y silvestre, y eliminaron las capas fértiles de los suelos.

Cuando se explota a tajo o cielo abierto, los daños se magnifican, se usa maquinaria pesada y se hacen grandes explosiones en terrenos de mayor dimensión, aumentando los riesgos. Los cráteres producidos son impresionantes. Este proceso implica preparar un inmenso coctel de diesel, nitrato de amonio y ácido acético. Algunos expertos indican que el consumo de agua diario de una mina equivale al que una familia campesina consumiría en 20 años.

Durante las explotaciones y extracciones de oro, los campamentos y pequeñas poblaciones vecinas funcionaban como enclaves, por lo regular militarizados, donde los dueños de las minas y las autoridades, coludidas y sobornadas, imponían a los mineros largas jornadas de trabajo y remuneraciones al margen de la ley. Además, había comisariatos donde, a precios exorbitantes, se vendía ropa, calzado, víveres, medicinas, etc., que los mineros obtenían con vales, o con monedas acuñadas por la compañía minera, que luego descontaban de sus salarios. Al terminar la extracción del mineral, el pueblo quedaba desolado, fantasmagórico, con personas contaminadas, aguas insalubres y sin bosques ni territorios donde cultivar.

En la década de 1980, la extracción del mineral tuvo importantes reducciones por desconocimiento de las técnicas de exploración y explotación, limitada capacidad en el comercio internacional, falta de repuestos a causa del bloqueo, conflictos armados en las zonas mineras y baja de precios del metal.

El 27 de julio de 2001, fue aprobada la Ley 387, Ley Especial Sobre Exploración y Explotación de Minas. El 7 de julio de 2011, con la Ley 525 fue reformada la Ley anterior. En 2002 había sido concesionado el 8.25% del territorio nacional; en 2013, con 446 proyectos, aumentó al 13.5%,. Gran parte de las concesiones están en la Reserva de Biósfera de Bosawás, en violación a las leyes de Áreas Protegidas (17% del territorio), y la de Territorios Indígenas (49.3% del territorio).

En el año 2013 el oro aportó US$442 millones, la cifra más importante de exportación del país, de los que se supone pagaron regalías del 3%. En los últimos seis años su producción se ha triplicado, y los precios se incrementaron hasta el 2012, iniciándose luego un descenso propio de ajuste/corrección de los mercados (Onza Troy: US$271 en 2001; US$ 1.568 en 2011; US$1.735 en 2012; US$1.361 en 2013; US$1,248 en 2014; y US$1.106 en 2015). Pese a estos precios, la actividad minera del país representa entre el 2% y el 2.5% del PIB. En cada yacimiento se emplean entre 250 y 400 empleados, en tareas de limpieza, cuidadores, mecánicos, jornaleros, cargadores, etc., y su salario mínimo es de US$208. Los empleos directos del sector minero suman cerca de 3.000 personas, y los indirectos unos 18.000.

Los güiriseros son mineros artesanales independientes, que extraen oro bajo su propio riesgo. A diario se exponen al uso de químicos para separar la broza del metal y a la expedición en zonas y excavaciones poco seguras. El pasado 28 de agosto, en la mina del Cerro El Comal (Bonanza), ocurrió el más reciente y trágico accidente al derrumbarse un túnel, en el que murieron siete de las veinte y nueve personas atrapadas en túneles de alto riesgo. Los altos precios del oro y el desempleo han incrementado la minería artesanal. Se estima que en 2013 ésta aportó el 25% de la producción nacional de oro.

Los altos precios del oro y la reducción de regulaciones gubernamentales en las últimas dos décadas le han provocado el auge de la industria minera en Centroamérica. En Nicaragua da la impresión que las autoridades han flexibilizado las leyes que norman el sector minero, pues los reclamos de los empleados no han sido escuchados y han sido reprimidos; las condiciones de riesgo humano y daños a la naturaleza continúan siendo altamente vulnerables; además, han aumentado las concesiones de territorios y La Ley 387 y su reforma, la Ley 525, dejaron en total desamparo a los mineros artesanales.

A la fecha se desconoce a cuánto asciende el pago anual enterado al fisco por regalías, impuestos, contribuciones, pagos por kilómetro cuadrado de tierra concesionada y otros. Asimismo, ¿qué cantidad de estos montos han sido invertidos en las zonas en cuestión; y si son consultados los pobladores de las zonas antes del otorgamiento de la concesión?

Dos secuelas lastimosas: En la mina La Libertad (Chontales), después de 28 años de extracción de oro, sus aguas están contaminadas con arsénico, mercurio y cianuro; los suelos han perdido toda fertilidad; y los bosques no existen, siendo lo más grave el deterioro de la salud de la gente. En Siuna, los residuos de la explotación minera cubren 150 hectáreas, equivalentes a 5 millones de toneladas de escombros. Un caso reciente ocurrió en la mina de Santo Domingo, donde fueron cortados 12.000 árboles.

Hace poco, una empresa minera aseguró que se abandonaría el método tradicional de cianuración y mercurio y se implementaría el método de gravimetría y flotación. Habría que ver que tan tóxico al humano y dañino al ambiente es este método, y que tan creíble es su puesta en práctica. En 2010, la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó por unanimidad la prohibición en el territorio nacional de la minería a cielo abierto, también el uso del cianuro y el mercurio en actividades mineras. Ese año, la Unión Europea también prohibió el cianuro para el uso en minería.


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