Opinion

Por qué debe movilizarse la comunidad internacional

Nicaragua no se encamina a unas elecciones, sino hacia una nueva escalada represiva de Ortega y Murillo con más violencia y represión

La acciones represivas del Gobierno han sido instrumentales, no para “ganar” las elecciones de 2021 (estas son una inconveniencia), sino para asegurar su propia transición.

El plan de transición del régimen

Desde que Ortega “ganó” las elecciones presidenciales en el fraude de 2016, sin competencia política, el régimen diseñó un plan de transición que consistió en terminar ese período, “ganar” en 2021, y pasar la antorcha a mitad de período, a alguien de confianza de la cúpula del FSLN en 2024. El plan era entregar un país económicamente estable, con una nueva elite dirigente proveniente del círculo sandinista, pro-Ortega.

Así el ciclo presidencial Ortega-Murillo terminaría su era en “buenos términos”.

Pero la crisis de 2018 complicó esos planes tanto por el deterioro económico como por la abrumadora unidad opositora azul y blanco que presionó por reformas políticas y por su salida del poder. De ahí que desde junio 2018 adaptaron el plan haciendo uso del monopolio las fuerzas de seguridad y de la ley. Desde 2016 entre fraude y clientelismo, el régimen ya contaba con el 80% de los votos en la Asamblea, en la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral. En la nueva etapa, el régimen ajustó el plan para criminalizar la protesta, aumentar la división opositora, y gradualmente forzar la eliminación de la oposición, mientras promovían el abstencionismo entre mayo y septiembre, para ejecutar el fraude en noviembre para proclamar victoria con 1.6 millones de votos. Ya en mayo 2021 M&R, se había encargado de ‘anunciar’ la popularidad de Ortega cerca de esas cifras.

Sin embargo, Ortega no contó con el surgimiento de una verdadera unidad Azul y Blanco, competitiva, legítima y representativa, por lo que por la vía del encarcelamiento comprimió en tiempo y espacio sus acciones para decapitar al liderazgo opositor y mantener en marcha su plan.

Ahora en medio de una crisis política, económica y sanitaria, profundizada por el mismo régimen, frente a una economía que no crecerá más de 2%, y un ingreso tributario sin crecimiento, le quedan $400 millones de financiamiento externo por dos años. También le quedan fondos de Bancorp que piensan canalizar a través de Produzcamos. Pero estos $400 millones de préstamos de las instituciones financieras internacionales representan el 10% del ingreso tributario actual, el cual aunque con limitaciones de gastarlo, le da cierta discreción para aprovechar los fondos para mantener el clientelismo de favores económicos.

Para pasar el poder a alguien de la dirigencia y compartir el riesgo de heredar un país dividido, empobrecido (con ingresos de 2017), en decaída, con mucha migración (con más de 100 000 personas saliendo este año), el círculo de poder de los Ortega-Murillo tienen que asegurar la transición intercambiando la lealtad de sus militantes a cambio de discreción para reprimir, acosar y haciendo uso del discurso antimperialista. Por eso es un error pensar que Ortega está buscando negociación con Estados Unidos o el resto del mundo, e intercambiar presos políticos por suavizar sanciones: no lo hizo antes, y no lo hará ahora.

Ortega necesita del oxígeno político de su base militante para salir ileso de la batalla de 2021 y pasar el poder. Y para eso está sacrificando al país entero. La urgencia de asegurar esa transición justifica su nivel de represión y los términos de operación han hecho de esta lucha de poder por la democracia un trabajo desigual: Ortega regala fusiles a su gente, y le da garrote y balas a la oposición, mientras que esta solo quiere una lucha no violenta.  La asimetría es obscena.

Qué hacer antes del 7 de noviembre

Para restaurar un balance de poder a favor de la lucha cívica, los nicaragüenses azul y blanco requieren tanto de la comunidad internacional como del liderazgo que los nicaragüenses más valoran, la Iglesia católica para evocar el civismo sin sangre.

En primer lugar, ante la concesión de Ortega de lealtad a cambio de autorizar luz verde a su base más fuerte, el despliegue de violencia en la calle se avecina de parte de esta militancia orteguista. Es por ello que urge que la movilización internacional sea inmediata para prevenir violencia y más represión. Esta movilización internacional ya no debería ser sobre el proceso electoral, ya que no existen condiciones para elecciones libres, sino para detener el deterioro institucional, social y económico del país entero.  La comunidad internacional, Estados Unidos o la OEA no pueden esperar hasta después del 28 de julio, fecha de inscripción de candidatos, mientras se conforma una mayor represión sistemática. Hay que entender al sandinismo como a una estructura cuasiétnica. Es un movimiento político que se ha constituido como un subgrupo socio cultural diferente del resto de la población, en donde el círculo de poder Ortega-Murillo constituyen un clan dentro de la tribu. Tienen sus hábitos, creencias y lealtades muy diferentes al promedio de la población, pero usan el miedo, el clientelismo y la transacción para mantener un vínculo con estos. Como minoría en el poder (con una base inferior al 20% de la población), miran todo el escenario nacional desde el lente de la amenaza, del acecho de las mayorías contra ellos.  Ellos están dispuestos a matar y morir con tal de seguir a cargo del Estado.  Frente al debilitamiento institucional del Estado, el envejecimiento de Ortega-Murillo, y la creciente popularidad de la oposición en medio de un período electoral, el uso de la fuerza callejera es para ellos una opción real.

Segundo, la comunidad internacional cuenta con muchos medios a los que recurrir.  Estados Unidos tiene varias herramientas a mano, y las sanciones solo son una.  La aplicación del recurso legal del Nica Act ante las condiciones actuales justifica la implementación del artículo 4 y 5 de esta ley que estipula que este país puede influir sobre las políticas de los organismos internacionales como el FMI o el Banco Mundial. Los préstamos de cerca de 200 millones del FMI están siendo mal utilizados y en un contexto dictatorial que oxigena al régimen.  Ya es moral, política, y económicamente, indefendible que el FMI le siga desembolsando fondos a un régimen que ha sido condenado por la comunidad internacional y la gran mayoría de los miembros de la junta directiva del FMI. De igual forma está en la legislación de Estados Unidos influir sobre este y otros desembolsos del Banco Mundial o el BID.  A estas alturas ningún financiamiento a la dictadura tiene un componente humanitario.   Es importante suspender tal apoyo sin necesidad de cancelarlo. Pero condicionar su restauración a cambio del apego al orden constitucional democrático.

El Congreso de Estados Unidos también puede llamar a testificar mediante la comisión Lantos a organizaciones de derechos humanos sobre la situación actual de Nicaragua. También pueden pedir el rendimiento de cuentas al Departamento de Estado sobre las acciones que tomará el Gobierno sobre Nicaragua en el corto plazo.

El silencio de Estados Unidos no es factible, toda vez que la crisis nicaragüense directamente afecta a la región y a este país. Este año estarán saliendo de Nicaragua más de 100 000 personas (casi un 2% de la población), como resultado de la crisis. Solamente en los primeros cinco meses de 2021 han intentado entrar a la frontera de Estados Unidos más de 15 000 nicaragüenses.  Por la frontera sur, cada semana hay miles de personas pidiendo visa para entrar a Costa Rica y otros más intentando cruzar irregularmente.  La intención de migrar entre más del 30% de los nicas aumenta más entre quienes creen que habrá fraude electoral, y las condiciones de derechos humanos son el principal problema del país.  Esta intención es similar a las condiciones que causan muchos centroamericanos a emigrar.

Tercero, Estados Unidos y otros países de la región también tienen la obligación de influir en Centroamérica, y en particular en Honduras para suspender el financiamiento del BCIE.  Honduras ha sido reacio a criticar a Nicaragua porque su presidente piensa usar este país para exiliarse después que termine su período.  Sin embargo, el BCIE tiene que considerar su viabilidad reputacional al seguirle dando financiamiento a esta dictadura, cuando el resto del mundo ha dejado claro las graves violaciones de derechos humanos bajo el régimen de Ortega.

Cuarto, el concierto de naciones puede promover la selección de un enviado especial para Nicaragua a nombre de Naciones Unidas que interceda para mediar y detener la represión y demandar la suspensión del estado policial. Este enviado es de vital urgencia justo en el momento que la escalada de violencia pueda iniciarse después de la celebración del aniversario de la revolución sandinista el 19 de Julio. Diplomáticos con experiencia en mediación pueden contribuir a encontrar una salida a esta crisis.  La Unión Europea y España han sido vocales en rechazar la estrategia de desinformación oficial que mienten al pueblo nicaragüense día a día mientras censuran y reprimen a la prensa independiente.

Quinto, la diáspora nicaragüense tiene un rol muy importante. Sus remesas a 750 000 hogares siguen sosteniendo literalmente esta economía, sin embargo, tanto los familiares de la diáspora como sus ingresos pueden usarse como estrategia de resistencia, toda vez que administren sus gastos sin que beneficien al Estado.

Sexto, en este momento es vital contar el liderazgo de la jerarquía de la Iglesia católica y el Vaticano. Su rol es primordial para dar fe en reconstruir los diversos bloques opositores que han sido decapitados, e intermediar con la comunidad internacional en momentos en que la oposición está siendo silenciada. La autoridad religiosa es altamente valorada en Nicaragua y puede contribuir a presionar para restaurar derechos civiles y políticos, las condiciones electorales inclusive. El rol del Vaticano ha sido de vital importancia para intermediar entre la oposición y el Gobierno en muchas ocasiones, por lo que su voz, no su silencio, ante tanta represión se convierte en una obligación moral, religiosa y humanitaria para prevenir una ruandarización de este país.

Dentro del sector sandinista, y entre los servidores públicos –civiles y militares—existe un amplio sector disidente que no apoya los recientes encarcelamientos y no encuentra justificación, pero necesita incentivos para manifestarse en medio de la represión imperante.  La autoridad moral y religiosa de la Iglesia y el Vaticano son de vital importancia para apelar a la conciencia política de estos sectores disidentes e incluso pro-Gobierno.

De otra forma, el declive nicaragüense en los próximos dos años se caracterizará por más violencia política, delincuencia y migración. Los Ortega-Murillo no tienen escrúpulos, y como William Walker, están dispuestos a incendiar primero el país, antes que dejar el poder.


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