9 de junio 2020
AA
La ausencia de una política clara y transparente que alertara y preparara a la población para enfrentar en medio de la pobreza las inevitables consecuencias de la pandemia, ha potenciado el contagio masivo y multiplicado las muertes, que pudieron ser evitadas.
El tiempo se agota
Al imponerse a balazos contra una rebelión desarmada en el año 2018, la dictadura no solo logró prolongar su agonía, sino también postergar cualquier negociación sobre posibles reformas al régimen político, haciendo fracasar nuevamente la intentona del Diálogo Nacional en el año 2019. El “ukase” de la dictadura fue tajante: no habría elecciones anticipadas, es decir, las elecciones generales se realizarían hasta el año 2021. Los diferentes grupos de oposición terminaron adaptándose a esta realidad.
No obstante, este panorama que fue delineado con sangre, ha sido alterado por la pandemia. Propagandistas a sueldo de la dictadura insinuaron que, por la pandemia, a lo mejor no habría elecciones en 2021. En sentido contrario, otros grupos de la oposición vociferan que no podemos ir a elecciones bajo la dictadura Ortega-Murillo, y rasgándose las vestiduras invocan un inexistente gobierno provisional. Incluso, otros grupos van más allá, y están llamando al boicot de las próximos e inciertas elecciones.
El temor y la incertidumbre se han apoderado de la mayoría de los nicaragüenses. Sabemos de dónde venimos, el lugar y la situación en que estamos, pero no hay seguridad hacia dónde vamos, ni la manera de como aprovechar la crisis para salir de una vez por todas de la dictadura.
Mientras la pandemia diezma a la población y termina de asfixiar a la economía que ya estaba en cuidados intensivos, el calendario no se detiene y nos acercamos inexorablemente al 2021, año en que deben realizarse las elecciones generales.
Un semestre decisivo
Es poco probable que, desde el control de la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, la dictadura intente dar un golpe de mano, en el sentido de postergar las elecciones y prorrogar el periodo constitucional por uno o dos años más. El control absoluto que la dictadura ejerce al interior de Nicaragua, incide a favor de esta hipótesis.
Sin embargo, no todo depende de la voluntad de los dictadores. Existen factores internacionales que presionan en sentido contrario. Las últimas sanciones de la Unión Europea y el gobierno de Estados Unidos, contra altos funcionarios del régimen, transmitieron un mensaje claro: la dictadura debe iniciar la reforma del régimen político, lo que implica obligatoriamente la aprobación de “sustanciales” reformas electorales
Dada la correlación de fuerzas actuales, lo más seguro es que las próximas elecciones se realicen bajo esta dictadura, con Daniel Ortega y Rosario Murillo al frente, salvo que el destino nos dé una sorpresa imposible de prever.
Para que se realicen elecciones libres en 2021, los cambios deben comenzar a producirse en el segundo semestre del presente año. Cometeríamos un desliz fatal, argumentar que por el dolor que provocan los innecesarios fallecimientos bajo la pandemia, no se debe convocar a elecciones. Bajo ninguna circunstancia, se debe dejar el campo libre a la dictadura. Sin temor a equivocarme, es casi seguro que parte de la inacción de la dictadura para combatir eficazmente la pandemia y mitigar los efectos de la crisis económica sobre las masas populares, se debe, entre otros aspectos, a una táctica para crear una situación sumamente compleja que nos distraiga de la ineludible tarea de democratizar el sistema electoral. Esta batalla debe librarse aún bajo la pandemia, aunque esta postura no sea comprendida por muchos.
Muchos grupos de oposición han caído en el error inverso: toda su actividad gira en torno al tema electoral, guardando silencio o sin darle la debida importancia a los grandes problemas que afligen a la población: fallecimientos por coronavirus, desempleo, quiebra masiva de pequeños y medianos negocios, carestía de la vida, alzas de combustibles, alzas de las tarifas de energía, agua y telecomunicaciones, etc.
Si la oposición no reúne tras de sí a los distintos sectores sociales perjudicados por la pandemia y la crisis, no tendrá la fuerza suficiente para obligar a la dictadura a negociar una “sustancial” reforma electoral.
La dificultad de la reforma electoral
En diciembre pasado, la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) lograron consensuar un proyecto de reformas electorales que incluía una combinación de reformas constitucionales y reformas a la Ley Electoral, como condición para reorganizar el poder electoral y convocar a elecciones libres.
¿Cómo se van a lograr negociar y aprobar estas reformas electorales, si la oposición verdadera no tiene diputados? Incluso, aunque sumásemos los votos de los 14 diputados del PLC, 2 del PLI, 2 de ALN, 1 del Partido Conservador, 1 de APRE y 1 de YATAMA, tendríamos apenas 21 diputados, contra 71 del FSLN. Para reformar la Constitución y la Ley Electoral se requiere una mayoría absoluta del 60% de votos de los diputados, y esto solo lo pueden hacer los diputados del FSLN.
Este control absoluto del FSLN sobre la Asamblea Nacional dificulta cualquier propuesta de reformas electorales, por muy moderada que sea. Solo el FSLN tiene las llaves que pueden abrir los múltiples candados. Evidentemente, en estas condiciones, la aprobación y el grado de profundidad de las ansiadas reformas electorales no dependerá de la mala o buena redacción de un documento, sino de la voluntad política de la dictadura, de los intereses particulares y del nivel de fuerza y capacidad de negociación de cada bando, así como de la actitud beligerante o complaciente que asuma la comunidad internacional.
En esas discusiones del proyecto consensuado no participó el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), aunque se sumó posteriormente en enero del corriente año al esfuerzo unitario, lo que significó en los hechos una delicada renegociación del documento consensuado, porque en ese momento nadie quería aparecer rompiendo la unidad de la oposición.
Las “agendas ocultas”
En la medida que se acerca la fecha para iniciar la negociación de reformas electorales, y cuando la oposición debería estar mostrando su músculo, el proyecto de la Coalición Nacional (CN) parece naufragar irremediablemente. Algunos de los actores que se han salido de la mesa multisectorial denunciaron la existencia de “egos” desmedidos y de “agendas ocultas”. Este lenguaje sibilino no aporta claridad sobre lo que ocurre en los sótanos del palacio.
Debemos hurgar un poco más para descubrir las causas verdaderas de la división de la oposición. En política, los individuos generalmente reflejan los intereses de grupos, aunque de manera excepcional algunas personas representan únicamente a su sombra.
El aborto del proyecto de la CN tiene su origen principal en la equivocada concepción de que al juntarnos todos tenemos más fuerza, independientemente de las trayectorias y comportamientos diferentes en el pasado inmediato, y de enfoques políticos contrarios en la actualidad. Pero, además, hay un aspecto central que ha permanecido oculto y que pronto saldrá a luz: existen profundas diferencias en torno al paquete de reformas electorales que se debe negociar con la dictadura como, por ejemplo, flexibilizar los requisitos para constituir nuevos partidos, que las alianzas electorales puedan escoger o crear una casilla diferente a los partidos que la conforman, la eliminación de los privilegios para el partido del segundo lugar, etc.
Los privilegios del partido del segundo lugar
A pesar de los diferentes y entusiastas comunicados sobre aspectos parciales y temas específicos de las reformas electorales, en realidad hay un tranque que impedirá continuar avanzado en la estructuración de la CN: la actual Ley Electoral, que está vigente desde el pacto entre Arnoldo Aleman y Daniel Ortega en el año 2000, estableció que el partido del segundo lugar en las últimas elecciones tiene derecho a nombrar el segundo miembro de las Juntas Receptoras de Votos (JRV).
Cuando el Partido Liberal Independiente (PLI) de Eduardo Montealegre iba a usar esos privilegios en las elecciones del 2016, la repuesta de la dictadura fue la destitución de todos sus diputados y la asignación de la casilla del PLI a otro grupo disidente, alterando drásticamente las reglas del juego establecidas.
Un aspecto central de la próxima reforma electoral debe ser la eliminación del reparto de cargos dentro del Consejo Supremo Electoral (CSE) y la posibilidad que surjan nuevas fuerzas políticas, y que estas puedan constituir sus alianzas sin ningún tipo de restricción o condicionamiento. Si se mantiene en la Ley Electoral la disposición que obliga a las alianzas a correr en la casilla de uno de los partidos que la conforman, y en la Constitución las sanciones al transfuguismo, los diputados que salgan electos pueden ser destituidos por la directiva del partido nodriza, tal como ocurrió con los diputados del PLI en 2016.
