30 de agosto 2022
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La perversidad del régimen va más allá de la narrativa mentirosa que habla de reconciliación y paz en medio de encarcelamiento, intimidación, y miedo. También está presente en los métodos para sostenerse en el poder mediante la represión misma. Uno es la expulsión de nicaragüenses causando un éxodo gigantesco y el otro es la extorsión tributaria.
Migración, remesas e impuestos del pueblo
Desde la crisis política de 2018 han salido más de 500 000 nicaragüenses del país. Entre octubre 2019 a julio 2022 y solamente a Costa Rica y Estados Unidos existe el registro oficial, entre solicitud de refugio y arribo a la frontera para pedir asilo político, de 310 000 nicaragüenses. Sin embargo, para todo 2021 a enero de 2023, serán 300 000 nicaragüenses los que habrán llegado ese año a Estados Unidos y cerca de 120 000 a Costa Rica. Si a esto se incluye la migración a otros países como España y Panamá, que representan al menos 10% de la migración total, son otros 45 000. Básicamente, desde principios de 2021 hay un éxodo masivo, causado por la creciente represión cuya manifestación incluye el miedo y la escasez de empleo e ingreso. En términos netos, descontando algunos que han retornado, ¡el número oficial de migrantes creció de 650 000 a más de un millón entre 2018 y 2022!
El resultado de este éxodo ha sido que el volumen de remesas ha crecido por encima de cualquier otro indicador macroeconómico en el país, asumiendo su rol anticíclico en medio de crisis económica; pasando de ser un 10% del ingreso nacional en 2017 a 18% en 2022, casi duplicando su impacto en cinco años y en gran parte como resultado de la expulsión causada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Para un país de 1.6 millones de hogares—al fin y al cabo Nicaragua es un país pequeño de menos de siete millones de personas, y ahora un millón viviendo afuera—a fines de este año será más del 50% de estos que dependerán de las remesas. A julio 2022 hay 780 000 hogares recibiendo remesas, recibiendo cerca de USD 240 millones mensuales (70% de Estados Unidos, en 2018 era el 60%), con una dependencia de la remesa del 65% del ingreso total del hogar receptor. Estos son hogares que realizan gastos mensuales de USD 500. En estos momentos, los receptores de remesas tienen un fuerte poder de compra, especialmente en medio del alza de precios y escasez de empleos bien remunerados.
El sudor y sangre de ese dólar enviado por un migrante económicamente vulnerable, pero que depositó su esperanza en su familia y una mejor vida, es el lado oscuro de esta realidad: prácticamente más del 90% de esa remesa termina pagando el impuesto de venta que el Gobierno usa para los salarios de la misma Policía que vigila e intimida a sus familiares. Los receptores de remesas estarán pagando al mínimo USD 60 millones mensuales en impuestos de IVA. Eso no incluye otros impuestos de consumo, y en algunos casos para receptores con negocios formales, impuesto sobre la renta. Pero básicamente de los USD 90 millones mensuales que recolecta de IVA, el 65% proviene de estos hogares.
La extorsión del Gobierno a empresas, negocios, y comercios
El otro lado oscuro de esta realidad es la extorsión y el castigo tributario al que están sometidas las empresas y los negocios. Además de la contribución de las remesas al ingreso tributario, es que el ingreso sobre la renta ha crecido, como resultado de la extorsión, presión, e intimidación. Las pequeñas empresas aún no tienen suficiente acceso al crédito, la oferta crediticia sigue siendo 20% menos que en 2018, mostrando un crecimiento leve sino insignificante de 4% este año con una mora del 12% cuando era del 4% en 2018. A pesar de eso, el Gobierno “cristiano, socialista y solidario” ha hecho uso de la extorsión tributaria, oficial y extraoficial, con visitas a los negocios, con mensajes a los microempresarios, notificaciones de cancelación del negocio o de multas multimillonarias que son impagables.
El resultado es que los pagos de impuestos de empresas pasaron de ser 40% en el 2017 a 52% de la tributación total del país. Esto en medio de una falta de acceso al crédito y con la quiebra de más de 40 000 negocios.
Al final, el crecimiento del ingreso tributario es producto de la política de Estado que ha generado migración y extorsión a empresas y mayor recolección de impuestos: la renta del Estado creció de USD 2000 millones en 2019 a 2800 millones este año, y el 70% de ese crecimiento es financiado con remesas e impuesto sobre la renta, predominantemente los pequeños negocios.
El resto incluye el endeudamiento externo financiado predominantemente por el Banco Centroamericano de Integración Económica. Ese endeudamiento en términos globales representa un alto porcentaje del PIB y del ingreso nacional del país, que ha aumentado exponencialmente desde la crisis. En lo que va del año Nicaragua se ha endeudado del BCIE predominantemente y del Banco Mundial, con cerca de USD 500 millones. El año pasado la deuda adquirida fue al menos de USD 800 millones—el 5% del PIB. Mientras, haciendo uso de los impuestos del pueblo ha pagado en amortización de más de USD 300 millones en dos años. Para colmo, el Gobierno ha incumplido con las responsabilidades estipuladas en muchas de las cláusulas de esos préstamos y el silencio del BCIE frente a esas violaciones contractuales ha sido otro lado oscuro de la complicidad con la dictadura.
¿Qué hacer frente a estas formas de represión o explotación?
La mayoría de los nicaragüenses no quieren a este Gobierno. Basta saber cómo los prisioneros políticos siguen siendo hoy en día los personajes más populares y queridos del país, y no la dinastía en el poder: la encuesta de CID-Gallup de mayo 2022 mostró que Cristiana Chamorro, Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena y Félix Maradiaga siguen siendo las personas con mayor opinión favorable entre los nicaragüenses, mientras que la pareja dinástica sigue cosechando las opiniones más negativas.
Pero, aunque han padecido de privaciones y represión, el pueblo no sabe hasta donde se aprovecha el régimen de ellos.
El crecimiento de las remesas familiares, la extorsión económica, y préstamos internacionales sin escrutinio, revelan el lado oscuro de la economía de la dictadura. Para que el pueblo conozca la carga que le están imponiendo hay que mostrárselos desde afuera. Irónicamente, entre más oxigenan esos impuestos al régimen, menor el chance de reencontrarse con sus familias separadas por esa misma dictadura.
Es importante que la comunidad migrante o diáspora, como se autollaman, por su dispersión, haga saber a sus familiares, de lo que pasa en el país. Frente a la censura y desinformación las familias en Nicaragua no están al tanto de la tortura y tratos crueles contra los prisioneros, y mucho menos del nivel de extorsión y oxigenación de la que son objeto con sus gastos. Hacerles saber de lo que ocurre en el país es vital.
Así como también es importante que sepan cómo gastar, dónde gastar y cómo ahorrar, de manera que eviten cualquier complicidad con el régimen. No se trata de reducir las remesas, esa es otra opción, sino más bien, informar y denunciar los abusos, así como destacar las ventajas del ahorro, y expresar la solidaridad con los microempresarios sujetos de extorsión. Sus familiares a nivel local conocen quién es parte de la extorsión, quién se beneficia del clientelismo, y qué negocios son cómplices, pero necesitan el apoyo de sus familiares en el exterior. Es imperativo, además, la rendición de cuentas de los servidores públicos, civiles y militares, que no están dispuestos a ser cómplices de la dictadura. Ellos también pueden ser parte de una solución nacional y sumarse a la resistencia cívica, silenciosa y de largo plazo, que se inspira en la batalla que libran los presos políticos en las cárceles de la dictadura.
