15 de noviembre 2017
AA
“El Estado de Nicaragua, dirigido por el FSLN no cesa en su pretensión de imponer su ideología totalitaria y la asimilación cultural de los indígenas mediante la eliminación del mapa politico a la más genuina organización política en la Costa Caribe de Nicaragua, como lo es YATAMA ”
(Informe de Elecciones Municipales Yatama 2017)
El "indio viejo" o Monumento a la Resistencia Indígena, en Bilwi, fue derribado anoche durante la violencia postelectoral. Confidencial | Redes sociales.
Lamentables los actos de violencia que sucedieron a las recientes elecciones municipales en el país. En la Costa Caribe estos episodios tuvieron especial intensidad en tres municipios, dos de ellos de mayoría indígena: Corn Island, Desembocadura de Rio Grande y Bilwi, ciudad cabecera del municipio de Puerto Cabezas. Con excepción de Corn Island, los otros dos municipios han sido gobernados desde el 2012 por YATAMA - la Organización de los Pueblos de la Madre Tierra, el movimiento social y político de mayoría Miskitu. Las protestas post-electorales enfrentaron a simpatizantes del FSLN y YATAMA, y la confrontación resultó en víctimas mortales, múltiples lesionados, daños a la propiedad pública y privada, incluyendo la destrucción de bienes materiales y simbólicos de ambas organizaciones políticas. La demolición por parte de simpatizantes del FSLN de la imagen del “Indio,” obra que inmortalizaba en un espacio público en Bilwi al dirigente mítico Miskut, ofendió a la memoria social del pueblo indígena Miskitu. La protesta de simpatizantes de YATAMA se dirigió hacia instituciones estatales y propiedades del FSLN. También fueron destruidos establecimientos comerciales, tras los enfrentamientos con las fuerzas policiales. El Consejo Pastoral Ecuménico del Caribe Norte, en una comunicación urgente del día 7 de Noviembre, llamó a la calma y le recordó a las “fuerzas políticas confrontadas” resolver los conflictos por la vía de acuerdos y diálogo, y no por medio de la violencia.
En primer lugar será necesario que las autoridades judiciales esclarezcan las responsabilidades en los hechos de violencia, y deben realizar esta tarea de forma urgente, transparente e imparcial. En segundo lugar, será importante realizar la revisión de actas electorales para dirimir las diferencias entre los datos que reportaron los fiscales de YATAMA y el Consejo Supremo Electoral acerca de los resultados de la votación. YATAMA alega haber ganado las alcaldías de Puerto Cabezas, Waspam, Prinzapolka y Awaltara (Desembocadura de Rio Grande). De confirmarse los datos avanzados por el CSE, YATAMA perdería las tres alcaldías que actualmente gobierna. Postergar estas tareas solo va a prolongar el clima de desconfianza y polarización política que hoy se vive en los tres municipios del Caribe.
No obstante, la tarea más importante es de orden político. Aunque parezca contrasentido decirlo hoy día, YATAMA y el FSLN necesitan acercarse nuevamente y replantear los acuerdos políticos que en el 2006 establecieron una agenda común entre ambas organizaciones y una distribución de espacios de poder en la vida política de las regiones del Caribe. Se trató en aquel entonces de un bi-partidismo de facto entre YATAMA y el FSLN, al desplazar al PLC del escenario político en el Caribe Norte. Este acuerdo fue cuestionado por ciertos sectores dentro del FSLN en la Costa y a lo interno de YATAMA, así como por otras organizaciones políticas regionales porque a su parecer el FSLN, al negociar con el liderazgo de YATAMA, desplazaba de su interlocución a otros grupos costeños sin afiliación política orgánica en YATAMA (Afro-descendientes, indígenas Mayangnas y Ulwas).
A pesar de todo, los acuerdos tuvieron sus réditos políticos y brindaron un adecuado nivel de estabilidad política regional. En términos electorales el acuerdo permitió a ambas organizaciones presentar candidaturas en alianzas exitosas en los municipios de mayoría indígena (Desembocadura de Rio Grande, Waspam, Prinzapolka), participar separados en plazas electorales más disputadas (Bluefields y Bilwi), o compartir espacios políticos en donde YATAMA tiene menos presencia electoral (sector de las Minas y Caribe central, de mayoría mestiza). A través de dichos acuerdos YATAMA logró importantes espacios de poder en las instituciones autónomas (Consejo y Gobierno Regionales), en las delegaciones ministeriales y logró elegir diputados nacionales y al PARLACEN a través de las listas electorales del FSLN. Por su parte el FSLN logró cimentar un proyecto estratégico para desplazar a otros contendientes electorales en los consejos regionales y municipios del Caribe.
Los acuerdos llegaron a su fin en el 2014, cuando YATAMA acusó al FSLN de cometer fraude en las elecciones regionales. Brooklyn Rivera, entonces diputado nacional y dirigente principal de YATAMA, responsabilizó al Gobierno del FSLN por la falta de respuesta al tema del saneamiento de la propiedad indígena, acosada por ocupaciones ilegales y violentas por parte de colonos campesinos. La ruptura se agudizó en el 2015 ante la desaforación de Brooklyn Rivera de la Asamblea Nacional. La realidad para YATAMA ha sido cooperar y enfrentar a un régimen de partido hegemónico en condiciones desiguales y bajo una modalidad de exclusión política de la que ha sido parte. En las últimas elecciones nacionales Rivera fue re-electo diputado por el Caribe Norte participando YATAMA sin alianzas electorales, una victoria únicamente posible por el firme apoyo de sus electores indígenas, mayoritariamente Miskitu.
Hay dos razones importantes para que ambas organizaciones políticas vuelvan a la mesa de negociaciones. Una es de tipo electoral y de corto plazo, la otra está relacionada con la confianza costeña en la autonomía y del riesgo de que, al profundizarse la polarización social, se agudicen las tensiones raciales bajo un modelo de exclusión política.
En materia meramente electoral, el Estado de Nicaragua tiene la obligación de cumplir a cabalidad la sentencia de la CIDH de Junio 2005sobre el caso de YATAMA. El acápite 11 de los puntos resolutivos y párrafo 259 de la sentencia señalan que el Estado debe reformar la Ley Electoral para que “los miembros de las comunidades indígenas y étnicas puedan participar en los procesos electorales en forma efectiva y tomando en cuenta sus tradiciones, usos y costumbres, en el marco de la sociedad democrática.” Esto significa reconocer que en la Costa la figura de los partidos políticos como la única institución de participación política debe ponerse a revisión; es necesario considerar otras formas de asociación y organización indígena culturalmente adecuadas para garantizar la representación social legítima y efectiva de las comunidades, como lo razona la sentencia de la CIDH.
Esta cuestión es aún hoy más relevante para la gobernabilidad regional puesto que el 53 por ciento del área territorial del Caribe Nicaragüense ha sido reconocida bajo un régimen de propiedad colectiva. Esta área conforma 23 territorios indígenas y afro-descendientes gobernados por sus propias formas de autoridad, reconocidos por la Constitución política como diferentes al municipio y a los gobiernos regionales. En territorios en donde las formas de autoridad indígena son socialmente legítimas y aceptados, la institución municipal se podría volver inicua o eventualmente contraproducente al superponerse sobre el ejercicio de la autoridad y gobierno comunitario. El conflicto post-electoral en la Desembocadura de Río Grande, que comprende el territorio indígena de Awaltara, enfrentó a dos polos de poder en dos comunidades indígenas con gobiernos territoriales efectivos - por una parte a Karawala de mayoría Ulwa y simpatizante del FSLN; y por otro a Sandy Bay (Sheran), de mayoría Miskitu y simpatizante de YATAMA. Este es un caso ilustrativo sobre de la importancia de fortalecer la autoridad tradicional indígena basada en el territorio ancestral, sobre la lógica de competencia partidaria institucional que introducen los partidos políticos.
La otra razón por la cual el FSLN y YATAMA necesitan retomar la vía del diálogo y la negociación es para renovar la confianza costeña en la autonomía regional del Caribe. El conflicto post-electoral trajo a la memoria el conflicto armado de los 1980s, y atizó peligrosamente tensiones latentes en las relaciones interraciales y étnicas de la sociedad costeña, las cuales - sin el tratamiento adecuado - pueden desembocar en un conflicto aún de mayores proporciones y consecuencias que los conflictos post-electorales. Los costeños, independientemente de cualquier afiliación política, sabemos que preservar la convivencia social y la armonía en la vida de las regiones tiene un gran valor para el presente y el futuro de la Costa, y del resto del país. Será necesario incluir a otros actores, para abrirse a un diálogo costeño.
Las séptimas elecciones regionales costeñas se realizarán en el 2018 y el Presidente Ortega se ha comprometido a “perfeccionar” el sistema electoral de cara a esas elecciones. En un ambiente post-electoral polarizado entre quienes defienden y legitiman las pasadas elecciones municipales, y quienes cuestionan su legitimidad, esa declaración se presta a las más diversas interpretaciones. En la Costa, bajo las condiciones sociales actuales no es opción, ni para YATAMA ni para el FSLN, pretender que cada uno, por su lado, puede garantizar las condiciones de gobernabilidad democrática que necesitan las regiones del Caribe. Tampoco pueden ver el futuro político con la dinámica de repartir el pastel a dos partes, puesto que esa estrategia no solo resultó en excluir a otras voces legítimas en el escenario político costeño, sino en nuevos niveles de polarización social en las regiones del Caribe.
