26 de abril 2019
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Una de las noticias más resonantes de los últimos días ha sido la imposición de sanciones por parte del gobierno norteamericano a un hijo de la pareja presidencial y al banco de la familia Ortega, conocido como BanCorp (Banco Corporativo).
Lo primero que debemos recalcar es que estas sanciones son de carácter individual, no se dirigen ni al país, ni a instituciones públicas, por consiguiente, nada tienen que ver con la soberanía nacional.
Lo segundo es que tales sanciones pusieron de relieve el impacto y el desconcierto que provocan en el régimen.
Vamos a referirnos específicamente al caso del BanCorp. Comencemos por el origen del banco.
Recordemos que Chávez y Ortega suscribieron un convenio que fue ratificado por las Asambleas Legislativas de Nicaragua y Venezuela, como marco legal para la cooperación petrolera. Tratándose de un acuerdo interestatal, lo que correspondía es que los fondos fueran incorporados al Presupuesto General de la República. Sin embargo, ambos compinches inventaron un mecanismo fraudulento mediante el cual privatizaron el acuerdo con el fin de trasegar miles de millones de dólares a la fortuna personal de Ortega y de su familia. De esta manera Ortega se transformó en multimillonario prácticamente de la noche a la mañana.
Según el último reporte del Banco Central, el monto de los créditos petroleros otorgados por Venezuela al régimen se aproxima a los 4 mil millones de dólares. Si sumamos lo que definieron como “inversión extranjera”, la cifra redondea los cinco mil millones de dólares.
Un papel central en el trasiego fraudulento de los fondos fue la empresa Albanisa, cuyos socios son Pdvsa, la empresa estatal venezolana exportadora de petróleo, y Petronic, la empresa estatal nicaragüense importadora de petróleo. La mayoría accionaria la tiene Pdvsa.
Los fondos de Albanisa se utilizaron para diversos fines: proyectos fallidos, programas clientelares, despilfarro, pero también para amasar una gigantes fortuna y para lucrativas inversiones que florecieron al amparo del poder, principalmente en energía y combustible, a tal punto que Albageneración, una de las empresas del conglomerado, se convirtió en el mayor generador de energía del país, mientras en el caso del combustible extraen cuantiosas utilidades a partir de los sobre precios que imponen. Como principal brazo financiero seleccionaron a Caruna, una maltrecha cooperativa que milagrosamente se transformó en una acaudalada empresa. Pero no era suficiente. Necesitaban un banco que favoreciera el trasiego de capitales, más allá de las fronteras, sirviera de pivote financiero al conglomerado empresarial e independizara al grupo de los otros bancos.
Con estos propósitos constituyeron el BanCorp. El presidente de Caruna y Francisco López, formaban parte de la primera junta directiva del Banco. Recordemos que Francisco López, además de vicepresidente de Albanisa, era presidente de Petronic y miembro de la junta directiva de las empresas DISNORTE y DISSUR, además de tesorero del Frente Sandinista.
El año pasado se conoció que Caruna había consolidado su patrimonio y encomendado su administración al BanCorp, mediante un conjunto de contratos de fideicomiso, por un monto aproximado a 2 mil quinientos millones de dólares. Esta cifra nos permite tener una idea de la cuantiosa riqueza de Ortega. Dos mil quinientos millones de dólares, como mínimo.
Con el recrudecimiento de las sanciones a Pdvsa por parte del gobierno norteamericano, Albanisa quedó bajo el punto de mira, amenazando así al entramado empresarial de la familia gobernante y de sus lacayos. Corrieron entonces a buscar testaferros, trasponer propiedades y crear nuevas empresas de mampara. Llegaron al colmo de transformar el Registro Público en registro clandestino. Algunas veces actuaron de manera burda, como en el caso de las gasolineras. Según ellos, cambiando colores y rótulos están escondiendo a los verdaderos dueños.
Pero el mayor clavo era el BanCorp y los fideicomisos.
¿Qué hacer para esconderlos?
Y se dejaron venir con la inverosímil compra del BanCorp por parte del Estado. Ortega banquero, vendiéndole a Ortega gobernante. Pensaron que si utilizaban al Estado como testaferro de la riqueza de la familia, se blindarían con un escudo que los protegería de las sanciones norteamericanas. La confusión entre los intereses de la familia en el poder con el patrimonio público llegó así a un extremo sin parangón, no solo en Nicaragua, sino que probablemente a nivel mundial.
Cuando percibieron que eran inminentes sanciones directas al banco, procedieron a cancelar los contratos de fideicomiso y retornaron los activos a Caruna. Con un pequeño detalle que salió a luz con la auditoría al BanCorp elaborada por la firma británica Moore Stephens: resulta que el capital de Ortega creció en más de 230 millones de dólares en el 2018.
Así, mientras empresas de todo tamaño se las miraban de a palito para sobrevivir y las familias nicaragüenses enfrentan una borrasca, el monto del capital de Ortega encomendado al BanCorp creció de 75 mil millones de córdobas a 82 mil millones (Nota No.27, página 61).
Ahora aparecen con el cuento de que la asamblea de accionistas resolvió la “disolución voluntaria anticipada” del BanCorp. Esta maniobra deja descolgada la operación de compra del BanCorp por parte del Estado, al igual que la creación del Banco Nacional.
¿Qué explicación darán ante tanto disparate?
Lo que resulta claro es que las sanciones internacionales trastornan el juicio de la familia gobernante. También resulta claro que Ortega cobra en dólares el dolor que provoca al pueblo nicaragüense.
