Secretividad y autocensura

Nicaragua cuenta con una de las mejores Leyes de Acceso a la Información Pública (LAIP) en América Latina. Esto no basta. El problema de fondo continúa siendo el nulo cumplimiento de parte de las esferas de gobierno. La demanda de información es permanentemente pasada por alto. Es probable que esta reticencia obedezca a que habiendo sido aprobada en mayo 2007, esta ley se encontraba en la cañería parlamentaria al momento de asumir la presidencia el comandante Ortega. Se trataba de una herencia del gobierno del Ing. Enrique Bolaños. Para su vigencia se requiere sobre todo voluntad política. El gobierno no ha respetado lo establecido en este estatuto jurídico. En los casi nueve años de estar en el poder nunca ha manifestado voluntad de cumplir sus postulados.

La división ocasionada por los Foros de Periodistas Sandinistas sigue afectando al periodismo nacional y a la sociedad nicaragüense. Sus efectos adversos están relacionados con el derecho a saber que tiene la ciudadanía. Desde el regreso al poder, el comandante Ortega nunca ha concedido entrevistas ni a medios ni a periodistas nicaragüenses. La Prensa registra día a día el tiempo que lleva el mandatario sin atender estas solicitudes. Al domingo 6 de diciembre de 2015 lleva 3,248 días sin responder los pedimentos del periodismo nacional. El gobernante se mantiene a buen resguardo de quienes desean preguntarle sobre la ayuda venezolana, la política económica, la creación de un Estado corporativo, las razones para otorgar —en términos lesivos para la soberanía nacional— la concesión de la construcción del canal interoceánico al empresario chino Wang Jing, entre otros asuntos.

Periodistas y medios críticos a su gestión de gobierno no son invitados ni recibidos en los ministerios. Si algo ha quedado en evidencia es la abierta preferencia por los medios oficiales  y oficiosos. Los efectos sobre la libertad de expresión de esta actitud son evidentes. Al pasar por alto los mandatos legales, el gobierno rehúye someterse al escrutinio público. Prefiere el monólogo al dialogo. Las disposiciones contenidas en la LAIP son desconocidas. El centralismo informativo es absoluto. Desean que se escuche una sola voz. La voz del gobernante. Las solicitudes de información al gobierno central siguen siendo desechadas y no existen visos que ocurra cambio alguno. Este mecanismo le funciona, al no importarle los señalamientos que se formulan por no cumplir con la ley.

El silencio va más allá y alcanza a los funcionarios de gobierno. El precio que han pagado quienes decidieron hablar fue sumamente costoso: fueron echados de sus cargos. El caso más dramático del centralismo informativo, fue el de Margine Gutiérrez, despedida abruptamente como Directora de Cultura por expresar su desacuerdo en la entrega de dos manuscritos originales de Rubén Darío, nuestro poeta mayor, al comandante Hugo Chávez.  La política de silenciamiento sigue incólume. La diputada sandinista Xóchitl Ocampo, fue igualmente despojada de su escaño parlamentario por abstenerse de votar a favor de la concesión onerosa concedida al inversionista chino para la construcción del canal interoceánico.

Al gobierno poco ha importado completar el tendido de la LAIP, en un principio se creyó que el gobernante daría los pasos subsiguientes pero no fue así. Únicamente ha creado las Oficinas de Acceso a la Información, no así las Oficinas de Coordinación de Acceso a la Información. Una evidencia más de una actitud lesiva contra el derecho a saber. Sin información vital para tomar decisiones, la ciudadanía nicaragüense camina a tientas. Ante su empecinamiento por incumplir la LAIP el gobierno asume una actitud secretista. En todo caso resulta indispensable tener presente el enunciado del italiano Norberto Bobbio, quien considera que la democracia es el gobierno público en público. Lo hace a partir de su pleno convencimiento que “la sociedad real que subyace en los gobiernos democráticos es pluralista”. Sin pluralismo político no puede haber pluralidad de medios, ni pluralidad de voces.

Con todos estos antecedentes no existen dudas que en Nicaragua existe una libertad de expresión condicionada. La determinación de la familia presidencial de crear de su propio aparato mediático; el control que ejerce en la entrega parcializada de licencias de radio, televisión y telefonía; la supeditación a sus intereses de dos organizaciones gremiales (CPN y UPN), el acaparamiento a su favor de la publicidad oficial, el desconocimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, la negativa del mandatario de conceder entrevistas, el bozal impuesto a los funcionarios públicos, la exclusión de medios y periodistas en entrevistas y conferencias de prensa en ministerios de Estado, las agresiones físicas contra los periodistas, la existencia de un duopolio televisivo, la autocensura y el uso de la Dirección General de Ingresos, DGI, para amedrentar a medios y periodistas, forman parte del conjunto de mecanismos que limitan el ejercicio de la libertad de expresión.

Esta política invariable hace que medios y periodistas ajenos a su tutela, vean acotadas las posibilidades del pleno ejercicio de la libertad de expresión. Los diferentes métodos utilizados por el gobierno se han traducido en un freno para su pleno y verdadero ejercicio. La efectividad de las intimidaciones se ha traducido en un agravante. En muchas ocasiones el resultado ha sido el cierre de estaciones televisivas locales a petición de los secretarios políticos del FSLN y una gran mayoría de periodistas ha optado por la autocensura. El mal está enquistado en las rutinas de las salas de redacción. Muchos periodistas han decido abstenerse de criticar al gobierno y otros han sido cooptados mediante la entrega a cuenta gotas de la publicidad oficial.

La autocensura para el periodista Carlos F. Chamorro, se ha convertido en una de las enfermedades más graves de este país. Sobre todo por sus consecuencias negativas para la buena salud de la libertad de expresión.  Los periodistas temen perder sus espacios o ser víctimas de represalias políticas y económicas. El gobierno sigue mostrándose impermeable a la crítica. Cada vez es menos el número de medios que cuestionan el ejercicio del poder y son muy pocas las personas que quieren hablar en público de temas políticos. La libertad de expresión es un derecho político. Las razones por las que no hablan son de diversa naturaleza. Una de las más visibles es que algunos empresarios y dueños de medios no desean poner en riesgo sus intereses.