12 de julio 2016
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La presión internacional aumenta día a día en torno a que el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición democrática integrada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se sienten a dialogar formalmente. La mayoría de la comunidad democrática internacional sigue apostando a lo que podríamos llamar “la fórmula UNASUR”, es decir, que sean los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero de España, Martín Torrijos de Panamá y Leonel Fernández de la República Dominicana quienes funjan de mediadores. Incluso, según fuentes diplomáticas, hasta la Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, se inclina por la Formula UNASUR y está buscando nombrar al expresidente del Gobierno español como enviado especial de la UE para Venezuela.
Esa presión no cesa a pesar de que la oposición venezolana ha criticado la supuesta falta de neutralidad de este trio de ex mandatarios y, en línea con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, solicitan que esa mediación se amplíe a otros integrantes miembros de la OEA y a representantes de El Vaticano. La dirigencia de la MUD tiene buenas razones en sus críticas especialmente hacia Zapatero, quien hasta ha viajado en aviones de la petrolera estatal PDVSA y no ha tomado en cuenta las condiciones expuestas reiteradamente por la oposición para sentarse a dialogar.
Pese a su desconfianza y ante la fuerte presión internacional, la oposición ha afirmado que está dispuesta a dialogar con “quien sea” a partir del 12 de julio para salvar a su país siempre que se respeten las condiciones que solicitan para un dialogo efectivo: la liberación de los presos políticos, la realización del referendo revocatorio para este 2016, la ampliación de la mediación y que el lugar de las reuniones no sea República Dominicana sino una nueva propuesta pactada. De igual forma, la MUD ha reiterado que sin respeto a la Asamblea Nacional no habrá posibilidad de diálogo real.
Ahora, el problema es que todas esas condiciones opositoras, que responder a un fuerte clamor nacional, han sido negadas de antemano por el régimen venezolano, mientras continúa con su visible actitud de hostigamiento hacia la Asamblea Nacional y los presos políticos, así como obstaculizando la realización del referéndum revocatorio del presidente para este año. El régimen chavista-madurista se acostumbró durante estos últimos 17 años a imponer arbitrariamente sus ejecutorias y no dialogó con sus adversarios sino en dos oportunidades al verse con el agua al cuello: en 2003 luego de los conflictos que se le presentaron a Hugo Chávez que lo llevó a su breve separación del poder y en 2014, al término de las cruentas protestas de calle contra Nicolás Maduro.
En ambos casos el diálogo no produjo resultados y exacerbó aún más los ánimos. Como bien ha dicho Miguel Martínez Meucci, el gobierno “sólo se ha sentado a dialogar cuando amenazar no le alcanza para garantizar la obediencia de la población o de quienes ejercen el poder desde los distintos órganos del Estado. Usualmente, lo ha hecho con la esperanza y propósito de ir ganando tiempo mientras recupera dicho control y divide a la oposición.”
De modo que, si bien una solución real y efectiva a la terrible crisis económica, institucional y humanitaria que vive Venezuela pasa necesariamente por darle una oportunidad al diálogo – como bien afirmó el propio Rodríguez Zapatero-, sin embargo a estas alturas del complejo y polarizado conflicto venezolano es imposible cualquier diálogo, y que se dé en cualquier circunstancia. Es que no es lo mismo iniciar conversaciones cuando se tiene a una de las partes sojuzgadas y contra la pared, que hacerlo en un cierto nivel de igualdad de condiciones. Y eso no es lo que ocurre entre la oposición venezolana y el gobierno de Nicolás Maduro.
Las condiciones para que ese diálogo pueda ser efectivo requieren que ambas partes se tengan respeto y confianza mutua en que se produzcan resultados, lo que obligatoriamente pasa, por el lado de la oposición venezolana, porque se cumplan de inmediato sus en particular la de alcanzar una salida democrática, pacífica, constitucional y electoral, lo cual demostraría la buena fe del gobierno de Nicolás Maduro.
Bien lo dijo el secretario Luis Almagro en su breve declaración en la reunión de la OEA el pasado 21 de junio: “Dialogar no es sentarse a hablar, es demostrar compromisos con la democracia, con el respeto a los derechos humanos, con la inexistencia de presos políticos, con no tener detenciones arbitrarias”.
Sin duda, el chance al diálogo para solventar la crisis en el país depende más del gobierno que de la oposición venezolana.
Publicado originalmente en Infolatam.
