9 de junio 2022
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En América Latina hay un "aumento del autoritarismo" y un "intento de justificar la violencia estatal al calificar las manifestaciones pacíficas como violentas", advierte el jurista ecuatoriano Juan Pablo Albán, integrante del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas, que participó este martes en un panel que analizó el trasfondo del incremento de la violencia estatal en Cuba, Nicaragua y Venezuela.
"Estas respuestas violentas contra las manifestaciones de ciudadanos desnudan la débil institucionalidad en varios países, porque no hay independencia de poderes y vemos como se utiliza la justicia para castigar a quienes salen a las calles", explicó.
Durante el foro "Las manifestaciones pacíficas en América Latina: Reflexiones sobre Cuba a un año del 11J", Albán lamentó que también ha "aumentado la cantidad de desapariciones durante las protestas". El panel fue organizado por Race and Equality y el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) en el marco de la IX Cumbre de las Américas, que se realiza en Los Ángeles.
"Ha cambiado el concepto de desapariciones forzadas porque ahora hay desapariciones de más corto plazo, que van desde pocas horas hasta unos cuantos meses, con el propósito de sacarles información, someterles a tratos crueles e inhumanos y sobre todo sin ningún tipo de control oficial", detalló.
"La privación de libertad, el involucramiento directo e indirecto de agentes estatales y la negativa a revelar la suerte y el paradero del desaparecido son elementos clave en una desaparición forzada": @JuanPablo_Alban, Miembro del Comité contra la Desaparición Forzada de @UN. pic.twitter.com/Zll8ztw3vt
— Race and Equality (@raceandequality) June 8, 2022
Albán recordó que en el caso de Nicaragua no es firmante de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, al igual que El Salvador, lo que es "llamativo" porque en Centroamérica "ha habido una tradición larga de desapariciones forzadas".
Sin embargo, remarcó que el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas ha monitoreado las denuncias existentes en Nicaragua a raíz de las protestas de 2018.
Cuba repite represión vivida en Nicaragua
Para la activista cubana y defensora de derechos humanos, Salomé García, tras las protestas del 11 de julio de 2021 en la isla se han aprobado una serie de leyes represivas "repetidas a las aprobadas en otros países como Nicaragua".
"Lo primero que hizo el presidente Miguel Díaz-Canel fue mandar a las calles a las fuerzas represivas, a policías vestidos de civil con la orden de reprimir con todo y cortando el internet para evitar que se denunciara y que se reorganizaran las protestas por todo el país", expresó.
García indicó que, hasta la fecha, las autoridades cubanas no han dado cifras sobre la cantidad de personas arrestadas por participar en las protestas, pero las organizaciones Justicia OCJ y Cubalex han registrado un total de 1477 personas detenidas y de estas 728 aún continúan privadas de libertad.
"Aunque hay una gran cantidad de videos y denuncias que mostraron cómo la Policía y las tropas especiales ingresaron armados a los barrios (...) no se conoce que ningún oficial haya sido sancionado por estas actuaciones represivas", denunció.
El exreo político y abogado cubano, Roberto Quiñónez, aseguró que "las manifestaciones espontáneas y pacíficas ocurridas el 11 de julio fueron un suceso histórico sin precedentes en la historia de Cuba".
Sin embargo, lamentó que se ha encarcelado a todo aquel que sea considerado disidente del régimen cubano. "¿Por qué está preso el joven Luis Robles, que salió con un cartel a La Habana a protestar?", cuestionó.
