Política

Murillo ordena confiscar la sede de la OEA en Managua

"Cierre unilateral es despreciable en términos jurídicos, ni en los tiempos de las peores dictaduras", expresa Luis Almagro

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, solicitó a la presidenta del Consejo Permanente, la embajadora Elizabeth Darius-Clarke, que incluya en la agenda de la sesión ordinaria, prevista para este miércoles 27 de abril, el debate sobre la confiscación de la oficina de la OEA en Nicaragua.

Este sería el primer debate del Consejo Permanente de la OEA sobre lo sucedido en su oficina en Managua, sin embargo, el secretario general adelantó que el cierre unilateral es “despreciable en términos jurídicos”,  que no había ocurrido “ni en los tiempos de las peores dictaduras de la región”.

Mientras tanto, la vicepresidenta y vocera del régimen, Rosario Murillo, oficializó la confiscación de la sede que alquilaba la OEA en Nicaragua y aseguró que dicho inmueble será ocupado por el Instituto Nicaragüense de Cultura para instalar un “museo de la infamia”, violando de esta manera la propiedad privada y el derecho internacional.

“El bien inmueble que ocupaba la oficina de la deplorable OEA, de la despreciable OEA, ha sido objeto de declaratoria de utilidad pública y pasará al Estado de Nicaragua que, a través de la unidad ejecutora, en este caso el Instituto de Cultura, va a desarrollar el museo de la infamia, qué más infame que ese ministerio de colonias”, dijo Murillo durante su monólogo de este martes.

La oficina de la OEA funcionaba en el primer nivel de un edificio de dos pisos que alquilaba en Las Sierritas de Santo Domingo, al sur de Managua, mientras que el segundo piso estaba ocupado por los propietarios del inmueble. A pesar que no era un edificio propio, Murillo agregó que la estatización de la sede de la OEA entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, diario oficial.

“Todo esto son buenas nuevas, expulsar y confirmar la expulsión. La ratificación de la OEA como infame, como un infame y despreciable ministerio de colonias”, continuó Murillo.

Horas antes, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, advirtió que el cierre unilateral de la sede de esa organización en Nicaragua es violatorio del derecho internacional y de todas las normativas de la OEA, por lo que reportó lo sucedido al Consejo Permanente para que este adopte las medidas necesarias.

De acuerdo con el secretario general, el 24 de abril de 2022, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua le comunicó que el Gobierno de Daniel Ortega decidió “cancelar y cerrar” las oficinas del organismo en Managua, “y así lo hizo mediante la fuerza”. Hecho que, valoró, es contrario a los principios más fundamentales que regulan las relaciones entre Estados parte de organizaciones internacionales y sus funcionarios, dependencias y pertenencias.

“En ningún caso estas normas admiten el cierre de oficinas unilateralmente. En todos los casos se requiere el acuerdo o el consentimiento de la Secretaría General”, señaló Almagro en una misiva al Consejo Permanente. “Por eso es sobre todo una flagrante violación al derecho internacional, que es norma de conducta de los Estados Americanos y cuyo orden internacional está esencialmente constituido por el respeto”, agregó.

Para Almagro, la acción llevada a cabo por el Gobierno de Nicaragua es “absolutamente despreciable en términos jurídicos, políticos y éticos, la misma constituye una acción de violencia y es atentatoria de la normativa internacional. En ese sentido la condenamos y repudiamos”, subrayó.

Algo sin precedentes

El escrito de Almagro también señala que, “inmediatamente después” que el canciller Denis Moncada declaró que la oficina de la OEA estaba cerrada, “fuerzas policiales ocuparon la sede de dicha oficina, apoderándose de sus archivos, así como de todo el material existente” y advierte que los funcionarios de la Secretaría General en Nicaragua pueden correr serios riesgos.

“Nunca ello había ocurrido ni en tiempos de las peores dictaduras de la región, incluidas las que había vivido Nicaragua. Estamos ante la violación de las más elementales normas que regulan las relaciones entre Estados  y organizaciones internacionales abriendo un precedente que la región no había conocido hasta ahora”, enfatizó el secretario general.

La Carta de la OEA en su artículo 133 establece que “la Organización de Estados Americanos gozará en el territorio de cada uno de sus miembros la capacidad jurídica, privilegios e inmunidades que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones y la realización de sus propósitos”.

Nicaragua aún es miembro de la OEA

Nicaragua es suscriptor de un acuerdo sobre el funcionamiento de la oficina de la OEA en el país, que —entre otras cosas— dispone que “cualquier divergencia a cerca de la aplicación o interpretación de las disposiciones de este acuerdo, se someterá al procedimiento de solución que convenga el Gobierno y la Secretaría General”. Es decir que ninguna de las partes puede, unilateralmente, interpretar su texto ni aplicarlo a su conveniencia.

El régimen de Nicaragua anunció el 19 de noviembre de 2021 su salida del organismo regional por supuestas y “constantes actitudes injerencistas” de la OEA. Sin embargo, el retiro será oficial y efectivo hasta el 19 de noviembre de 2023, ya que el proceso dura dos años. Durante ese lapso, el Gobierno deberá cumplir con todas sus obligaciones políticas y financieras con la organización.

“No hay posibilidad alguna de dar por terminada su condición de miembro de la OEA antes de esa fecha”, señaló Almagro en su carta al Consejo Permanente. “Hasta entonces Nicaragua estará sujeta a todas las obligaciones que emanan de la Carta (de la OEA) y de los acuerdos que en su marco ha celebrado”, continuó.

Desde la Asamblea General de cancilleres de la OEA, del 12 de noviembre de 2021, Nicaragua se encuentra inmersa en un denominado proceso de “evaluación colectiva” de su crisis sociopolítica, establecido en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana.

Como parte de ese proceso, el secretario general de la OEA hizo gestiones para que el Gobierno nicaragüense permitiera el arribo de una delegación de alto nivel del organismo regional para negociar la realización de nuevas elecciones, con transparencia y observación creíble. Sin embargo, el régimen nunca brindó una respuesta formal a las solicitudes del diplomático uruguayo.


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