6 de noviembre 2016
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Las votaciones nacionales, que fueron convocadas para este seis de noviembre en Nicaragua, son las cuartas elecciones consecutivas con “graves incumplimientos” a los principios establecidos en una Ley Electoral, que lleva más de una década y media pendiente de reformas.
Elección tras elección, desde las nacionales del 2006, las misiones de observadores internacionales y los organismos de observación nacional han señalado las irregularidades y deficiencias del sistema electoral nicaragüense, que según los reportes de estas instancias se agravó en las municipales de 2008 y 2012 y las nacionales de 2011, cuando el comandante Daniel Ortega destruyó los candados constitucionales que prohibían la reelección presidencial continua.
La expresidenta del Consejo Supremo Electoral (CSE), Rosa Marina Zelaya, considera que desde la reforma electoral que se aprobó en enero de 2000, producto del pacto entre Ortega y el caudillo liberal Arnoldo Alemán, el sistema electoral nicaragüense ha “involucionado” progresivamente hacia su colapso.
Propuestas sí; voluntad no
Zelaya considera que el deterioro no ha sido por falta de propuestas. En las elecciones municipales de 2008 se denunció un fraude masivo en más de cuarenta municipios del país, incluida la capital Managua. Tras ese proceso, catorce organizaciones cívicas se unieron para desarrollar y promover un conjunto de reformas electorales.
“Ha habido esfuerzos y propuestas concretas de reformas electorales y se han hecho recomendaciones específicas para mejorar el sistema, es decir, el problema no es por no saber qué hacer. Se sabe qué hay que hacer, pero no hay voluntad política para hacerlo”, afirma la exmagistrada.
El director ejecutivo de Ética y Transparencia, Roberto Courtney, añade que el actual sistema electoral nicaragüense también falta en los requisitos mínimos internacionales para garantizar procesos inclusivos, justos y transparentes.
Del retroceso al colapso total
En 2011, la Unión Europea presentó un informe de más de cincuenta páginas con sus conclusiones sobre las elecciones de ese año. “Hay un retroceso en la calidad democrática de los procesos electorales nicaragüenses”, detalló la UE. Además, la misiónadvirtió “la escasa transparencia y neutralidad” de un CSE que calificó como “monocolor”, debido a su “escasa independencia del oficialismo” y la generación de “condiciones de competición desfavorables y obstrusivas para la oposición”.
Por su parte, el Centro Carter consideró que aquella elección “imprimió un golpe negativo a la democracia nicaragüense” y presentó un informe de 26 páginas en las cuales documentó su preocupación por “la composición partidista del CSE y el dominio del FSLN dentro de la estructura técnica y administrativa del Poder Electoral”.
¿Qué ha ocurrido con las recomendaciones de los observadores?
- Reformas a la Ley Electoral
Las reformas a la Ley Electoral se mencionan desde que el pacto Ortega y Alemán instaló el control bipartidista del sistema. En el 2008, catorce organizaciones se unieron en el Grupo Promotor de Reformas Electorales para proponer más de veinte apartados que buscaban mejorar la calidad de la democracia representativa y participativa; garantizar un sistema incluyente; regular el sistema de financiamiento a los partidos; mejorar la administración y transparencia de las elecciones;profesionalizar las estructuras electorales, y establecer límites en la propaganda. Dieciséis años después, el control bipartidista se sustituyó por el control monopartidario, a favor del gobernante Frente Sandinista, coinciden Zelaya y Courtney.
- Depuración del padrón electoral
Desde las elecciones de 2001, los observadores nacionales e internacionales y las asociaciones cívicas han recomendado y demandando la depuración del padrón electoral. Bajo argumento de cumplir con esa exigida depuración del registro, el CSE anunció en 2012 un “padrón activo” para los votantes regulares y un “padrón pasivo” con el listado de aquellos que no han votado en las últimas tres elecciones nacionales o municipales.
Tras esas votaciones, el Instituto para la Democracia y el Desarrollo (Ipade) alertó que el padrón electoral activo y el listado pasivo mostraron “fallas en su diseño con impacto negativo en el derecho a votar”. “No recomendamos realizar otra elección con este sistema, sino usar el listado total de electores inscritos para evitar exclusiones”, sugirió el Instituto.
Para estas votaciones, el presidente del Poder Electoral, Roberto Rivas, confirmó que el universo total de votantes es de 4 millones 990 mil 20 personas, pero el “padrón real” es de 3.8 millones de ciudadanos, es decir, 1.2 millones de ciudadanos menos.
- Cedulación
Los observadores recomendaron mejorar el trámite y entrega de cédulas de identidad, para que el proceso no se limitara al proceso electoral. Roberto Courtney, de EyT, afirma que se mejoró en ampliar la cobertura y tiempo para la cedulación. Sin embargo, la exmagistrada Rosa Marina Zelaya insiste en que continúa pendiente la cedulación y voto en el exterior. El cobro de trescientos córdobas para la renovación del nuevo formato de las cédulas, también dificulta el acceso de algunos ciudadanos al documento de identidad.
- Composición del Poder Electoral
En el 2011, la Unión Europea señaló que “siendo un órgano de composición partidaria, la perdida de neutralidad (del Poder Electoral) ha venido del progresivo abandono de posiciones pluralistas de sus magistrados, escorados de manera cada vez más palpable al oficialismo”.
También El Centro Carter recordó que los magistrados a cargo de las elecciones del 2011 fueron “los mismos magistrados que presidieron las elecciones municipales de 2008, en la cual los partidos de oposición y organizaciones nacionales presentaron pruebas de fraude en beneficio del partido gobernante”.
En estos cinco años, la mayoría parlamentaria del Frente Sandinista ha tenido oportunidad de renovar las estructuras del Poder Electoral.
Las ocasiones concretas fueron la destitución del magistrado Julio César Osuna, procesado por tramitar cédulas de identidad a narcotraficantes (2012); el postergado relevo de los magistrados con cargos vencidos, que permitió la reelección de la mayoría y la entrada de más oficialistas (2014); la muerte del magistrado José Marenco Cardenal (2015), y la renuncia de los magistrados Johnny Torres y José Luis Villavicencio, bajo el argumento de ceder espacios a más mujeres dentro del CSE (2016).
En relevo de los señalados se integraron al CSE: Lumberto Campbell (vicepresidente); la exdirectora del Instituto para la Vivienda Urbana y Rural (Invur), Judith Silva (propietaria); la ex vicesuperintendente de bancos, Virginia Molina Hurtado (suplente), todos propuestos por el FSLN; y Miguel Meléndez Treminio (suplente), propuesto por el diputado Wilfredo Navarro, también aliado del partido de gobierno.
La lista la completaron Norma Moreno Silva, exembajadora de Nicaragua en Argentina y militante del FSLN, y Mayra Salinas Uriarte, expresidenta del Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur), quienes en febrero pasado gozaron de la aprobación de la aplanadora oficialista y sus aliados.
El CSE, como en los últimos quince años, sigue presidido por el cuestionado Roberto Rivas Reyes.
- Observación electoral
Las misiones de observación electoral también identificaron en el 2011 los obstáculos y el rechazo hacia su labor independiente.
La Unión Europea criticó la sustitución de la observación por la figura de “acompañamiento” y las restricciones a las libertades de expresión y movimiento de “los acompañantes”.
“El doble rasero utilizado con las organizaciones de observación electoral resalta de nuevo la falta de neutralidad del CSE y su escaso compromiso con la transparencia”, valoró la misión europea, integrada por 90 observadores que estuvieron en el país del 12 de octubre y al 27 de noviembre de 2011.
Para 2016, el Consejo Supremo Electoral no extendió invitaciones de observación ni acompañamiento a las misiones de observación internacional. Organismos como Ética y Transparencia unieron esfuerzos en el consorcio de Panorama Electoral para documentar las incidencias del proceso.
Menos de quince días antes de las votaciones, el gobierno también anunció una invitación a la Organización de Estados Americanos (OEA) para “hacer presencia” durante tres días de la votación. Sin embargo, el secretario general de la Organización, Luis Almagro, aclaró que no se trata de una misión de observación.
