9 de septiembre 2021
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La abogada penalista, María Asunción Moreno, valora que las acusaciones penales que la Fiscalía del régimen presentó contra líderes opositores y profesionales independientes, por el supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, carecen de fundamento legal, sentido común y pruebas, puesto que simplemente se trata de “juicios políticos”.
Moreno, quien es miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, destaca que en los escritos de acusación “no hay consistencia entre los hechos que se están imputando y las pruebas que se están ofreciendo”, que por lo general se trata de una serie de testimonios de oficiales de la Policía y las actas de allanamiento de las viviendas de los acusados.
En esta entrevista, que la doctora Moreno brindó a Esta Noche y CONFIDENCIAL, advierte que hay acusaciones en donde —inclusive— la Fiscalía señala a una sola persona por conspirar contra la integridad nacional, lo que técnicamente es “insostenible”, puesto que para conspirar se necesitan dos o más personas y un plan para cometer un delito.
Estos juicios que se están llevando a cabo en la cárcel de “el Chipote” contra más de 30 detenidos, ¿tienen algún precedente en la historia jurídica de Nicaragua?
Realmente esta es la primera vez en mi experiencia profesional —te estoy hablando de más de 25 años— que yo veo que se celebran audiencias en las prisiones. Desde que está vigente la nueva legislación, desde 2002 que fue aprobado el Código Procesal Penal hasta la fecha, no conozco un solo precedente en donde se haya realizado juicios en las cárceles.
¿Cómo puede la Corte Suprema de Justicia justificar que los jueces estén impartiendo justicia en un centro penitenciario? ¿Afecta esto la autonomía de la Corte Suprema frente a la Policía?
Está más que claro que en estos casos todos los operadores del sistema de justicia están subordinados a una sola orden de naturaleza política. Recuerda que estamos hablando de procesos políticos, se están enjuiciando a líderes políticos en la mayoría de los casos y estamos en procesos de naturaleza política en donde las personas están siendo privadas de libertad simplemente por disentir, por elevar su voz y por pedir libertad y democracia.
La mayoría de los detenidos están siendo acusados por el presunto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional ¿Se puede tipificar ese crimen con base en las opiniones que se les imputan a los acusados?
Lo que está prohibido en nuestro Código Penal es realizar actos que tiendan a menoscabar o fraccionar la integridad territorial de Nicaragua. Cuando un ciudadano lo que hace es ejercer su libertad de expresión no estamos ante un acto atípico que pueda encajar en el artículo 410. Lo que hemos visto en los escritos de acusación son total inconsistencias, incoherencias, no solo jurídicas sino de falta de sentido común. Cuando ves en las acusaciones la narración de los hechos te das cuenta que los hechos no constituyen, desde ningún punto de vista, actos que vayan dirigidos a fraccionar el territorio nacional o a poner parte del territorio al servicio del dominio de un extranjero.
Además, hablan de dominio extranjero y me imagino que están pensando en otro país; sin embargo, lo que hemos visto en el ofrecimiento de pruebas, que están en los escritos de acusación y los escritos de intercambio de pruebas, es una serie de testimonios de agentes policiales y gran parte de las pruebas tienen que ver con actas de allanamientos que se realizaron, en la mayoría de los casos, sin órdenes judiciales, entonces lo que encontramos son actos de convalidación de actos policiales.
En toda acusación los hechos deben describir lo que está tipificado en el Código Penal, si es que estamos hablando de una acusación penal, y las pruebas deben tener coherencia con los hechos que estás imputando. En estos casos está claro que las pruebas que se ofrecen no tienen nada que ver con los hechos que se narran. Desde ahí el juez está obligado, bajo su deber de tutela judicial efectiva, de ejercer el control de legalidad y rechazar este tipo de acusaciones.
Pero aún bajo la Ley 1055 y el Código Penal, el que un ciudadano denuncie las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en Nicaragua, ¿eso puede tipificarse como menoscabo de la integridad territorial o conspiración?
No. El libre ejercicio de la libertad de expresión, que generalmente en la ciudadanía está asociado al ejercicio de la comunicación y del periodismo, es un derecho fundamental que tenemos todos los ciudadanos y consiste en poder expresar de forma libre nuestras ideas de cualquier naturaleza, más aún cuando se levanta la voz para hacer denuncias sobre graves violaciones de derechos humanos. Esto no constituye ningún fraccionamiento a la soberanía o al territorio de Nicaragua. Por eso te digo que los hechos que se narran en las acusaciones no son hechos típicos, no son hechos que constituyan delito y mucho menos las pruebas que se ofrecen.
¿Qué es una conspiración según la tipificación del delito en el Código Penal?
Conspiración es cuando dos o más personas se reúnen para realizar y planifican realizar la comisión de un delito. Estamos viendo acusaciones en donde se acusa a más de una persona por los delitos de conspiración, provocación y proposición; eso es importante porque la acusación no solo dice que hay conspiración, dice que también hay provocación y proposición para cometer el delito de menoscabo a la integridad nacional. Sin embargo, hay acusaciones en donde se acusa a una sola persona por conspirar contra la integridad nacional. Desde ahí la acusación no tiene ni el mínimo fundamento legal, ni la mínima base legal, porque para conspirar se necesita como mínimo dos personas y además necesitas demostrar que hubo un plan, porque además es un delito doloso, es un delito intencional en el que las personas se reúnen para conspirar y planificar la comisión de un hecho.
Hay casos concretos como el de Miguel Mendoza en donde solamente se acusa a Miguel Mendoza por conspirar. Eso es técnicamente insostenible porque nadie conspira consigo mismo, nadie se propone a sí mismo, ni nadie provoca la comisión de un delito consigo mismo. Desde ahí, desde el sentido elemental del sentido común, te das cuenta que no tiene ninguna base legal este tipo de imputación.
Si estos juicios no tienen base legal y, como has señalado, responden al patrón de un juicio político ¿Cómo se deshacen las consecuencias de un juicio político?
El análisis jurídico penal de todos estos procesos lo que hace es desnudar y poner en evidencia que estamos ante un juicio político, que no tiene la mínima base legal y que, por lo tanto, si se resolvieran en el ámbito jurídico deberían declararse procesos nulos. Son procesos nulos desde el inicio, desde el momento en que fueron detenidos sin ningún tipo de orden judicial en adelante, este es un proceso que viene en una cadena de nulidades y que tendría que terminar con la declaración de nulidad. Como los procesos no se han hecho legalmente, también tendrían que tener algún tipo de salida política, pero ¿cuál de salida política? Esta salida política solamente la podés encontrar en una democracia donde se respete el Estado derecho y en donde se declararían nulos estos procesos.
No veo de forma fáctica que puedan cerrarse estos procesos políticos, porque estamos hablando de procesos de persecución política, de criminalización de la disidencia y eso creo que tiene una salida jurídica, que es la políticamente correcta, que es la declaración de nulidad de todo esto.
