14 de julio 2021
AA
El Gobierno de Canadá sancionó este miércoles 14 de julio a 15 funcionarios orteguistas, entre ministros, diputados, asesores presidenciales, altos jefes de la Policía Nacional, y a la hija de la pareja presidencial, Camila Ortega Murillo. Las sanciones son en “respuesta a las continuas violaciones de derechos humanos que se comenten en Nicaragua”, según un comunicado de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores canadiense.
Los policías sancionados son los comisionados generales Luis Alberto Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) —que controla la cárcel el nuevo Chipote—; Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP); Ramón Antonio Avellán, subdirector de la Policía Nacional; Fidel Domínguez Álvarez, jefe de la Policía en León; y Juan Antonio Valle Valle, jefe de Vigilancia y Patrulla.
También fueron castigados los diputados: Wálmaro Antonio Gutiérrez Mercado y Edwin Ramón Castro Rivera; el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta Montalván; el presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Ovidio Reyes Ramírez; la fiscal general Ana Julia Guido; el magistrado del Poder Electoral, Lumberto Ignacio Campbell Hooker.
Completan la lista: José Jorge Mojica Mejía, conocido testaferro de la familia presidencial; Marvin Ramiro Aguilar García, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); y Julio Modesto Rodríguez Balladares, general de Brigada del Ejército y director del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM).
Las sanciones incluyen la congelación de activos en Canadá, la prohibición de realizar cualquier transacción con ciudadanos dentro del país, o canadienses fuera; así como una restricción migratoria.
Estos altos cargos se suman a nueve funcionarios del régimen que fueron sancionados por Canadá, en junio de 2019. Estos son: Rosario Murillo Zambrana, esposa y vicepresidenta de Nicaragua; Laureano Facundo Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial; además del director de la Policía Nacional y consuegro de Ortega y Murillo, el primer comisionado Francisco Javier Díaz Madriz; el diputado orteguista Gustavo Eduardo Porras Cortés; la exministra de Salud, Sonia Castro González; y el exdirector de Telcor, Orlando José Castillo Castillo (fallecido).
También fueron sancionados: Fidel Antonio Moreno Briones, secretario de la Alcaldía de Managua y asesor cercano a Murillo; el general en retiro Óscar Mojica Obregón, titular del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), y Nestor Moncada Lau, asesor en temas de seguridad.
“Graves violaciones de DD. HH.”
Estos 15 funcionarios ya han sido sancionados por Estados Unidos, en diferentes fechas. Los más recientes fueron Camila Ortega Murillo, Edwin Castro, Ovidio Reyes y Julio Rodríguez, el pasado 9 de junio.
Estados Unidos ha sancionado a estos funcionarios por corrupción y violaciones contra los derechos humanos de los nicaragüenses.
De acuerdo a la Administración canadiense, “desde 2018, el Gobierno de Nicaragua ha cometido graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos contra su pueblo, incluidas campañas de represión y violencia patrocinada por el Estado contra las protestas públicas y la represión de cualquier oposición política”.
“A pesar de los continuos llamados de Canadá, la Organización de los Estados Americanos —OEA— y socios internacionales, el Gobierno de Nicaragua se ha negado a implementar reformas significativas para garantizar que su pueblo pueda tener elecciones libres y justas en noviembre de 2021”, según el comunicado de la Cancillería canadiense.
“En cambio, el Gobierno de Nicaragua ha intensificado sus ataques contra los derechos civiles y políticos y ha arrestado arbitrariamente a más de 20 destacadas figuras de la oposición y posibles candidatos presidenciales desde junio de 2021”, añade la nota de prensa.
Insultos de Murillo
A inicios de julio, la vicepresidenta Murillo arremetió contra Canadá, por el caso de unas tumbas de niños indígenas en antiguos internados gubernamentales descubiertas recientemente, en lo que denominó “prácticas inmorales y absurdas, nada lejanas del nazismo hitleriano”, a la vez que desautorizó a sus autoridades para juzgar al Gobierno de su esposo, el presidente Daniel Ortega.
“No concedemos a Canadá ninguna potestad para seguir juzgando nuestro camino”, dijo, en una alocución del 1 de julio.
“Tantas hipocresías, señores gobernantes de Canadá, tanta osadía, tanta miseria humana no tiene nombre ni perdón. Se ufanan de 60 años de relaciones (con Nicaragua), de juzgamientos, se atreven a juzgar (…). Qué les cuesta aceptar que los ojos, los suyos, están llenos de telarañas y de pajas, lo sabemos”, insistió Murillo.
Ese mismo día, la Cancillería de Nicaragua indicó en una nota de prensa: “Ese país (Canadá), sus gobernantes y sus líderes, han agotado las narrativas de la desvergüenza, pretendiendo encubrir la barbarie, con caridades y vanidades repudiables”, continuó.
“Igualmente, tampoco concedemos al Gobierno de Canadá, ninguna potestad, para seguir juzgando nuestros caminos de dignidad, identidad, valores, honras y decencias nacionales”, agregó.
Canadá ha apoyado las resoluciones contra el Gobierno de Ortega en la OEA, que insisten en que el exguerrillero sandinista respete los derechos humanos y la Constitución de Nicaragua, libere a los presos políticos y garantice que las elecciones de noviembre próximo, en las que busca una nueva reelección, sean transparentes.
