8 de febrero 2019
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la denuncia en contra del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, por presentarse como candidato presidencial en el año 2011, en evidente violación de las disposiciones constitucionales de Nicaragua, que limitan el número de mandato. La admisión del caso ocurre siete años después de que el doctor Björn Arp, socio de la firma legal Aparicio, Arp & Associates, en representación del excandidato presidencial Fabio Gadea Mantilla, interpusiera la acusación.
La aceptación de la denuncia de parte de la CIDH, cuestionaría fuertemente la ilegitimidad del régimen de Ortega, que en 2016 se “atornilló en el poder” al presentarse por tercera vez como candidato por el Frente Sandinista. Este hecho presiona más a la dictadura sandinista, que actualmente vive una crisis terminal luego de que el 19 de abril de 2018, los nicaragüenses salieran a las calles a demandar, primero la anulación de las reformas al seguro social, y luego su salida del Gobierno.
En la denuncia admitida por la CIDH el cinco de octubre de 2011, Gadea expresó ante el órgano de la OEA, que vela por la protección de los derechos humanos, que en Nicaragua le fue violentado su derecho a la participación política por la “aceptación ilegal” de la candidatura de Ortega.
El excandidato a la presidencia manifestó que se le violentaron, en concreto, tres artículos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relacionados a la participación política(23), la igualdad ante la ley (24) y la protección judicial (25).
El Gobierno de Daniel Ortega respondió oficialmente a la denuncia interpuesta ante la (CIDH), y negó que las autoridades electorales y judiciales hayan violentado los derechos políticos del excandidato presidencial y aseguró que el Poder Judicial está a cargo de tutelar y garantizar los derechos fundamentales de los nicaragüenses y tiene la potestad de corregir la “desviación o ilegitimidad” en que hubieran incurrido otros poderes del Estado. De esta manera justificó el fallo de la Sala Constitucional a favor de Ortega.
Gabriel Álvarez, experto en derecho constitucional, la respuesta del Gobierno –que afirma que la Corte Suprema y el CSE actuaron conforme al derecho nicaragüense– es de “una pobreza técnica impresionante” y no cuestiona la “argumentación sólida” presentada ante la CIDH en representación de Gadea.
Luis Almagro, secretario general de la OEA, afirmó que “la reelección no es un derecho humano y no limita los derechos humanos de los candidatos o los votantes”. Almagro ofreció estas declaraciones después de recibir de parte de la Comisión de Venecia un estudio consultivo sobre la reelección presidencial en América Latina.
“El informe contiene un análisis jurídico exhaustivo y llega a la conclusión que el derecho a la reelección no es un derecho humano en sí, sino que deriva del derecho a la participación política, y no se vulnera con la imposición de límites de mandatos”, expuso el Secretario General de la OEA a través de un video en su cuenta de Twitter.
Una esperanza para Nicaragua
El informe número 179/18, del 26 de diciembre de 2018, hecho público esta semana, la CIDH confirma que “admitió la petición presentada por Fabio Gadea, de la Alianza PLI vs Nicaragua” por la alegada violación de sus derechos políticos y del principio de legalidad al permitir a Daniel Ortega presentarse para un tercer mandato presidencial consecutivo durante los comicios de 2011.
El proceso internacional, que es largo y complejo, marcó un hito al admitir la denuncia, pues es la primera vez que un órgano internacional decide sobre la compatibilidad de las limitaciones constitucionales al número de mandatos presidenciales con el derecho a la participación política y sus efectos sobre otros candidatos que participan en las contiendas electorales.
“La aceptación, por parte del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, de la candidatura de Daniel Ortega para las elecciones presidenciales de 6 de noviembre de 2011 fue una primera fisura en la incipiente democracia que Nicaragua se había forjado a duras penas después de su guerra civil. Desde 2011, las condiciones en Nicaragua retrocedieron hasta tal punto que en la actualidad el país está de nuevo sometido a un régimen autocrático”, dice parte de la nota de prensa emitida por la CIDH.
La CIDH considera que la denuncia que presentó el señor Fabio Gadea, es una esperanza para los nicaragüenses y para el propio excandidato a la presidencia, pues podrá obtener una reparación por los graves daños que Ortega ha causado a su pueblo y a las instituciones democráticas de Nicaragua.
“Similares situaciones de retroceso hacia el autoritarismo, las dictaduras, y el irrespeto a las más fundamentales reglas de la democracia se observan en otros países del Hemisferio, por lo cual este desarrollo jurídico en relación con Nicaragua puede resonar también fuera de Nicaragua”, afirma la nota de prensa.
Así despejó la CSJ el camino a Ortega
La Corte Suprema de Nicaragua despejó el camino a la reelección de Ortega en octubre de 2011, cuando declaró inaplicable para el caudillo del Frente Sandinista el artículo 147 de la Constitución, que prohibía la reelección continua, dándole vía libre al mandatario para postularse como candidato a las elecciones presidenciales de 2011.
Al no lograr en ese entonces los votos suficientes en la Asamblea Nacional para reformar la Constitución, el presidente Ortega optó por acudir a la Corte Suprema.
La sentencia fue dictada por la Sala Constitucional de la Suprema, que ordenó al Consejo Supremo Electoral permitir que Ortega pueda participar en las elecciones. El fallo fue votado por seis magistrados de la Sala Constitucional, todos sandinistas, porque los magistrados liberales no asistieron a la sesión, por lo que los sandinistas decidieron reemplazarlos con magistrados de su partido que trabajaban en otra sala de la Corte.
