11 de julio 2015
AA
Las penas impuestas contra los principales enjuiciados en el caso de la masacre del 19 de julio sumaron para algunos de ellos hasta 133 años y avivaron nuevamente las denuncias de violaciones a los derechos humanos a los condenados, perpetradas por un sistema de justicia acusado de operar bajo control del Frente Sandinista.
Un año después del crimen continúa siendo un enigma el móvil del ataque contra caravanas sandinistas que el 19 de julio de 2014 produjo cinco muertos y 30 lesionados en Matagalpa, y resulta evidente para los activistas de derechos humanos y abogados consultados por Confidencial que el presidente Daniel Ortega dictó la sentencia mucho antes del juez Edgar Altamirano, al llamar “delincuentes” a los condenados en un acto público.
Juan Carlos Arce, coordinador de la filial del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) en Matagalpa, señaló que pocas veces en la historia una sentencia se publica ocho meses después que los acusados fuesen declarados culpables cuando debió tardar seis días, según nuestra legislación.
“Esto no lo habíamos visto nunca y evidentemente se vuelve a dar en el contexto del 19 de julio, un poco para intentar cerrar un capítulo que no puede ser cerrado por las irregularidades del proceso”, dijo Arce.
Familiares denuncian aislamiento
La esposa de uno de los condenados, la del ex concejal Wilfredo Balmaceda, Sonia Quintana, denunció que no le permiten entregarle comida a su marido. “Los muchachos cumplirán un mes de estar trasladados a máxima seguridad y no nos dejan verlos ni llevarles nada de comida. Dicen que hasta nuevo aviso. Supongo que eso será hasta después del 19 julio”, dijo.
Según la sentencia, el juez Altamirano estableció como pena para los condenados un promedio de 15 años por cada víctima asesinada, tres años por cada una lesionada y diez años impuso para los autores del delito de crimen organizado.
“Yo estoy segura de la inocencia de Wilfredo Balmaceda, su familia andaremos siempre con la frente en alto”, dijo Quintana en su cuenta de Facebook al conocer la sentencia.
Balmaceda es parte del grupo al que juez consideró autor intelectual del crimen, aunque en la población persiste la duda sobre quién está detrás del ataque. En ese círculo el judicial sumó al transportista Walter Balmaceda, a Leonel Antonio Poveda, José Ricardo Cortez y Zacarías Cano. Según la sentencia, ellos deberán permanecer encarcelados hasta el año 2044, porque el sistema legal nicaragüense establece como condena máxima 30 años.
El juez dictó una pena de dos años únicamente en el caso de Juan y Gregorio Torrez Espinoza, y su cuñado Erick Salgado, quienes deberán permanecer encarcelados hasta el 24 de julio de 2016. A ellos los conocen públicamente como “los Tirapiedras” en la opinión pública. Según la tesis de la Fiscalía, estos campesinos originarios de Las Pilas (Ciudad Darío) y militantes sandinistas, fueron designados para lanzar piedras contra los buses y lograr de ese modo que las caravanas redujeran su velocidad para convertirse en presa fácil de los tiradores que dispararon a la altura del kilómetro 75 en la Carretera Panamericana.
Durante el proceso judicial, las autoridades policiales fueron denunciadas por detenciones ilegales, el traslado de reos sin dar explicaciones a sus familiares hasta la Dirección de Auxilio Judicial en Managua y por torturas tan violentas que uno de los reos, al usar su derecho a la última palabra en el juicio, denunció su caso.
“A media noche – dijo Jairo Obando Delgadillo– me tiraban hormigas y yo sin camisa, solo con pantalón sin zapatos y sin nada, me tiraban hormigas… me tiraban patadas. Me trataban como animal. Después me bajaron y me llevaron como un perro y me jalaban y me arrastraban como animal. Me dijeron que me iba a bañar porque iba a dar una entrevista. Y yo con miedo y nervios y todo y me sientan en una mesa y están 8 personas apuntándome con una Ak de civil, pero sí encapuchados, para que yo hiciera lo que ellos me iban a decir y si yo me movía o hacia un movimiento en falso, aquí te morís hijueputa…”
Uno de los episodios más recordados durante la investigación policial fue cuando los principales acusados aparecieron confesando tranquilamente la masacre y dramatizando su participación individual en los vídeos que la primera comisionada Aminta Granera presentó para explicar a la ciudadanía el 11 de agosto de 2014 lo qué había ocurrido en julio.
“Acomodaron” sentencia
Marlon Aburto, abogado de Obando Delgadillo y Eddy Gutiérrez (condenados a 113 y 128 años respectivamente), dijo que son penas excesivas las dictadas por el juez y recordó que la Fiscalía no convenció. De acuerdo con el jurista, la sentencia se fue “acomodando” al libelo de la institución.
“Si nos vamos a las pruebas periciales y de balística, fueron pruebas contaminadas durante el proceso, acordemos la declaración del campesino dueño de la propiedad donde se dio el hecho. Él dijo cómo llegó a la Policía y contradice todos lo dicho por ellos. Don Ignacio Berríos Mendoza dice que entró y no los acompañó, que hasta que encontraron unos paquetes tres horas después. Eso tiene que ver con las armas encontradas. Nosotros miramos que eran sacos nuevos donde estaban y que la Policía dijo que habían caído días de lluvia. Toda esa historia la vamos a repetir en el recurso de apelación, vamos a hacer memoria sobre los chistes que pasaron en todo este proceso”, anunció Aburto.
Aburto preguntó qué va tener más valor, si lo que dijo el campesino o lo que señaló el oficial de Policía, a lo que el juez le dio valor. Los condenados están purgando penas en Tipitapa, al norte de Managua.
