Confiscación de embajada de Taiwán es “ilegal, ofensiva e ignominiosa”

La confiscación de la sede diplomática de Taiwán en Managua, realizada por el Ejecutivo de Nicaragua para entregarla a China Continental, es calificada como un acto “confiscatorio, ilegal, ofensivo e ignominioso”, por expertos en derecho internacional.

Carlos Humberto Cascante Segura, profesor de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, calificó como ilegal esta decisión y explicó que, en casos como este, se da paso a un proceso de transición, en el cual se debe permitir a Taiwán “ordenar los asuntos administrativos-pecuniarios, tanto sobre bienes como personal local que haya contratado”.

Según Cascante, eso fue precisamente lo que se hizo en su país en 2007, cuando el Gobierno de Óscar Arias reconoció a la China Continental, que es lo que corresponde en estos casos de acuerdo con las normas del Derecho.

“Lo correcto es que los funcionarios de Taiwán dispongan de ellos (inversiones y otros bienes), siguiendo instrucciones de su Gobierno, ya sea que los vendan, los donen o cualquier otra posibilidad”, dijo Cascante.

Este domingo 26 de diciembre, a través de una nota de prensa de la Procuraduría General de la República (PGR), el Gobierno de Daniel Ortega informó de la decisión de entregar el bien inmueble a la República Popular de China, a la que reconoció el nueve de diciembre pasado, lo que causó una protesta de Taiwán que denunció la ilegalidad y llamó “régimen dictatorial” al de Managua.

Ese giro en el discurso de Taiwán, que había sido cuestionado por ser el donante más generoso con Ortega pese a las denuncias de graves violaciones a los derechos humanos contra la ciudadanía nicaragüense, es considerado como una actitud esperable, sostiene Cascante, quien explica que la narrativa de ese país asiático se ha basado en contraponer la democracia que ellos representan frente a la autocracia de la República Popular.

“En esto son muy pragmáticos. Mientras se mantuviera la relación con Managua no hubieran expresado ese concepto”, agregó el experto costarricense. 

En su comunicado de este lunes, el Departamento de Asuntos de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán denunció que la apropiación del bien inmueble por parte del régimen de Ortega obstruye la “venta simbólica” (donación) que había realizado a la Arquidiócesis de Managua, misma que había sido acordada por ambas partes el pasado 22 de diciembre y notariada por abogados locales.

Entre los detalles publicados por Taiwán sobre la transacción, en su cuenta de Twitter este lunes 27 de diciembre, está que habían vendido sus antiguas oficinas en Managua en un dólar a la Arquidiócesis de Managua. "Después de que el régimen de Ortega ordenara que Taiwán saliera de Nicaragua antes de Navidad, vendimos la embajada a la Arquidiócesis de Managua. Este acto caritativo fue nuestra buena voluntad para con la gente. Pero Ortega se apoderó de la propiedad y se la regalará al #PRC. Esto es ilegal y absolutamente repugnante", dice el tuit firmado al final con las iniciales J. W., es decir que fue escrito por el ministro de Relaciones Exteriores Jaushieh Joseph Wu.

La Iglesia católica de Nicaragua hasta ahora no se ha pronunciado como institución después de la decisión gubernamental de impedir la donación. En concordancia con su planteamiento, Taipéi describió como “acciones malévolas” las de República Popular China y Nicaragua, mientras denunció el plazo inusual de 13 días fijado por Ortega, con un máximo hasta el 23 de diciembre, para que el personal de la embajada se retirara del país.

Violaron procedimientos: Confiscación paso a paso

Un exdiplomático nicaragüense, consultado bajo condición de anonimato por razones de seguridad, explicó que la decisión de Ortega es confiscatoria sobre unos bienes que bien podrían ser reclamados por China Popular, “pero que no le compete al Gobierno de Nicaragua apropiarse de los mismos o asignarlos a terceros”.

Este experto explicó que, cuando se acuerdan rupturas diplomáticas, es usual que se acuerden plazos prudenciales para solventar los asuntos pendientes y también se pudo haber buscado a un tercer país para que se hiciera cargo de los asuntos de Taiwán, según lo establecido en el artículo 45 de la Convención de Viena, que ha regido como norma práctica la relación entre ambos Estados.

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Según esa norma, Nicaragua tiene la obligación de proteger los bienes de los locales de la misión, incluso cuando esté de por medio un conflicto armado, y también pudo establecer la custodia de los locales de la misión a un tercer Estado aceptable para Taiwán, igual que la protección de sus intereses y los de sus ciudadanos, lo que en este caso no sucedió. 

“La forma en que ha actuado el régimen de Ortega con Taiwán, en relación con los bienes e intereses de su misión diplomática, es además ofensiva e ignominiosa, ni siquiera permitida en caso de un conflicto armado, como reconoce la Convención de Viena. Es evidente que en esta última decisión ha incidido el deseo de la dictadura de evitar que la propiedad de la misión diplomática (taiwanesa) pasara a manos de la Arquidiócesis de Managua, como revancha por las posiciones que la Iglesia católica ha mantenido frente a la grave crisis política que vive el país desde abril de 2018”, explicó el experto nicaragüense.

Exasesor de Torrijos respalda decisión de Ortega

Para el analista internacional Julio Yao, exasesor del General Omar Torrijos en Panamá y exagente de Panamá ante la Corte Internacional de Justicia, a Taiwán se le respetaron sus bienes en países donde se reconoció a China Continental, como Costa Rica en 2007, Panamá en 2017 y El Salvador en 2018.

Sin embargo, a su criterio, se debe evaluar la conducta de Taiwán frente al soberano y recordó que en Panamá funcionarios taiwaneses “quemaron con una mezcla de odio y fruición la bandera nacional de Panamá” y la de la República Popular de China.

Yao es de la postura que la Convención de Viena no es aplicable en el caso de Taiwán y al ser la China Popular el “representante legítimo” ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), los bienes locales pasarían a “ser de su propiedad”.

“En casos como éste, en donde se requiere una definición sobre los derechos de Taiwán y China, yo sugiero que Nicaragua eleve una solicitud de opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para que sus magistrados aclaren este punto importante de Derecho Internacional.  Taiwán no puede participar, porque no es miembro de la ONU ni signataria de la Convención de Viena (1961), a menos que puedan probar que aceptaron la jurisdicción de la Corte en representación exclusiva de Taiwán”, adujo en un cuestionario respondido a CONFIDENCIAL.

Según Yao, Taiwán hizo lo correcto al no pronunciarse sobre las violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejecutivo de Nicaragua, lo que interpreta como inmiscuirse en asuntos internos. 

Sin embargo, la comunidad internacional en general ha denunciado el irrespeto a los derechos civiles de la ciudadanía por parte de Ortega, lo que el caudillo sandinista ha calificado de “intervencionismo” para evitar responder por los abusos, entre ellos algunos calificados como crímenes de lesa humanidad por organismos internacionales.

La ruptura con Taiwán se da en medio de la condena de la Organización de Estados Americanos (OEA) por la represión y tras la reelección ilegítima de Ortega en noviembre pasado, tras la eliminación de la competencia electoral consecuencia del encarcelamiento de los principales líderes opositores y el control del poder electoral.

A ninguno de estos puntos se refirió Yao e instó a Taiwán a abandonar su alianza con Estados Unidos, porque “pone en peligro al planeta entero”.