22 de septiembre 2021
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Los congresistas estadounidenses Albio Sires, del Partido Demócrata, y Marck Green, del Partido Republicano, instaron a las instituciones financieras internacionales —como el Fondo Monetario Internacional (FMI)— a no brindar “un salvavidas” económico al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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“Los funcionarios del régimen (de Nicaragua) se han beneficiado enormemente del financiamiento internacional”, señaló Green durante una audiencia convocada por el Subcomité de Hemisferio Occidental, Seguridad Civil, Migración y Política Económica Internacional del Congreso estadounidense. La actividad fue titulada “Una respuesta internacional a la destrucción de la democracia por parte de Daniel Ortega en Nicaragua”.
Sires, presidente del Subcomité, dijo que “el FMI no debería creer en la palabra de Ortega de que estos fondos se utilizarán para hacer frente a la pandemia de covid-19. Todos debemos recordar que este es el mismo régimen que pasó los primeros dieciséis meses de la pandemia realizando grandes manifestaciones políticas, manipulando registros médicos para desinflar el número de muertos y despidiendo a los médicos y enfermeras que se atrevieron a hablar”.
Esos fondos a los que se refirió el senador demócrata son unos 353 millones de dólares que el FMI entregó al Banco Central de Nicaragua (BCN), a finales de agosto pasado, “correspondientes a una asignación de Derechos Especiales de Giro (DEG), para fortalecer reservas internacionales y para hacer frente al impacto económico de la pandemia de covid-19”.
Un economista que ha trabajado con bancos multilaterales explicó a CONFIDENCIAL que “no es dinero contante y sonante, pero sí, los DEG elevan el piso de las reservas internacionales, en consecuencia, aumentan la disponibilidad de divisas. Contribuyen a mejorar los indicadores macroeconómicos, pero —por la estructura económica del país— no se reflejan a nivel microeconómico”.
“Las instituciones financieras internacionales no deberían ser un salvavidas para Ortega”, destacó Sires.
Hoy convoqué una audiencia con @HouseForeign sobre las acciones del régimen corrupto de Ortega para evitar elecciones competitivas, eliminar a la oposición política y encarcelar a cualquiera que se interponga en su camino en #Nicaragua. Vea mi declaración:https://t.co/0n82YmCVVs
— Albio Sires (@RepSires) September 21, 2021
La expresidenta costarricense, Laura Chinchilla, que también fue parte de la audiencia, expresó la urgencia de que se alineen las acciones multilaterales y regionales con el fin de que se detenga el “suministro externo” financiero que recibe el régimen orteguista.
Ryan Berg, miembro del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés), también indicó que Estados Unidos debe “endurecer” su política, enfocados en reducir el acceso del régimen a fondos multilaterales y apoyar a que Nicaragua logre una transición democrática.
Aprobar “Ley Renacer”
Sires explicó que Estados Unidos requiere de la aprobación “urgente” de la propuesta de Ley Renacer, para “supervisar” los fondos que las instituciones financieras le entregan al régimen nicaragüense.
“La Cámara de Representantes debe aprobar urgentemente la Ley Renacer, que fortalecería la supervisión de los fondos proporcionados por las instituciones financieras internacionales y aumentaría las sanciones específicas contra los funcionarios del régimen”, comentó el congresista demócrata en su declaración.
El Senado de Estados Unidos aprobó en agosto pasado la iniciativa de Ley Renacer, que amplía los motivos para sancionar a funcionarios del régimen y solicita al presidente estadounidense, Joe Biden, revisar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica (DR-Cafta).
Para que el proyecto se convierta en ley faltan dos pasos: su aprobación en el Congreso o Cámara de Representantes, y la firma del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
La iniciativa legislativa fue aprobada, el pasado 28 de julio, por el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso, y ahora está a la espera de su confirmación en el pleno de esa Cámara, donde ha sido liderada por el congresista Sires.
“Condenar la farsa electoral”
Green comentó además que el Gobierno de Estados Unidos “debe condenar la farsa electoral” promovida por el régimen de Ortega. “El 7 de noviembre —día de los comicios en Nicaragua— se realizará una farsa política que se asemejará a elecciones. Nadie debe engañarse con el resultado... Estados Unidos debe condenar esta farsa e instar a nuestros socios internacionales a unirse a nosotros”, indicó Green.
Sires señaló que el régimen Ortega-Murillo ha llevado a cabo en los últimos meses “una campaña” para eliminar a la oposición y consolidar “una dictadura de partido único en Nicaragua”, incluso sin tratar de ocultar los arrestos, desapariciones forzadas y violaciones a derechos humanos.
Sires denunció que el régimen orteguista mantiene más de 150 presos políticos, para quienes urgió su libertad inmediata. En este contexto, consideró que Estados Unidos “debe hacer mucho más” por Nicaragua, aunque reconoció que en los últimos años la Administración estadounidense ha trabajado en la aprobación de leyes y sanciones contra el régimen Ortega-Murillo.
Emily Mendrala, subsecretaria adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE. UU., recordó que esa dependencia ha trabajado con el Departamento del Tesoro para “imponer sanciones a los implicados en llevar a cabo la represión del Gobierno”.
Desde 2018 hasta la actualidad, Estados Unidos ha sancionado a 31 altos funcionarios del régimen, entre ellos la vicepresidenta Murillo y cuatro de sus hijos: Rafael, Laureano, Juan Carlos y Camila Ortega Murillo. Además, han girado restricciones a 160 nicaragüenses “en respuesta a la represión política y aplicación de leyes falsas”.
Mendrala concordó con los congresistas Green y Sires respecto a que las próximas elecciones en Nicaragua “no serán libres, justas ni transparentes para reflejar la voluntad” del pueblo, por lo cual trabajan con la comunidad internacional para enviar una “señal clara al Gobierno de Ortega-Murillo” de rechazo a todas estas acciones represivas.
Denuncian torturas y demandan libertad
Indicó que mientras el Congreso “vacila” en tomar acción más nicaragüenses son víctimas de arrestos, desapariciones, torturas y violaciones a sus derechos y libertades.
Berta Valle, esposa del preso político Félix Maradiaga, denunció ante los congresistas del Subcomité que el régimen orteguista mantiene a más de 150 presos políticos, entre ellos más de 30 que fueron capturados en el contexto electoral, torturados psicológicamente con “confinamiento solitario”, con poco acceso a alimentos, pues a la mayoría solo les permiten pasarles líquidos, y muchos ya han perdido hasta 25 libras por estar en esas condiciones.
“Sabemos que los presos políticos han sufrido torturas psicológicas. El Congreso de los Estados Unidos debe garantizar que Estados Unidos trabaje con sus aliados en todo el mundo para defender los derechos humanos de los nicaragüenses. Necesitamos su apoyo ahora más que nunca”, destacó Valle.
