22 de febrero 2023
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En un discurso de casi una hora, el 9 de febrero, Daniel Ortega, luego de haber excarcelado y desterrado a 222 presos políticos cuando saludaba a los miembros de su gabinete, hizo una pausa y dijo: “Aquí está la compañera Rosario Murillo, copresidenta de la república. En verdad así es. ¡Es copresidenta de la república! En la Constitución tendremos que hacer algunas reformas. Doctor (Gustavo) Porras, tendremos que hacer algunas reformas para que quede establecido el principio de la copresidencia”.
Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional y sancionado por Estados Unidos por su rol en las violaciones a los derechos humanos durante la represión de 2018, de forma solícita, respondió con un saludo militar , diciendo: “¡Claro que sí comandante!
Sin embargo, este capricho político de Ortega implica reformas abismales al sistema de Gobierno establecido en Nicaragua por medio de su Constitución Política.
Copresidencia transforma sistema político nicaragüense
Son cambios tan amplios, que de acuerdo a expertos consultados por CONFIDENCIAL, implicarían la elaboración de una nueva Constitución Política por medio de una Asamblea Constituyente y la realización de un plebiscito para consultar el apoyo a esta medida que pueda haber entre los nicaragüenses.
El artículo 144 y el 145 de la Constitución definen las funciones del presidente y el vicepresidente, cargos ejercidos por Ortega y Murillo como un binomio de poder familiar gracias a los fraudes electorales.
Para imponer la figura de la copresidencia, el principal obstáculo es que el Gobierno no puede ser ejercido por dos figuras presidenciales con idénticas funciones y responsabilidades, porque representa un cuello de botella que no permitiría una eficaz administración pública.
¿Quién es el jefe de Gobierno, quién el comandante de las fuerzas armadas?
“Una figura de copresidencia legalmente no es procedente por cuanto ambos tengan las mismas condiciones, facultades y serían a la vez serían jefes de Estado y de Gobierno. Esa es una delgada línea roja que establecería que no existe una sola línea de mando y por otro lado, deja abierto que se den choques y contradicciones”, explicó un abogado, quien pidió el resguardo de su identidad para evitar represalias de la dictadura.
El artículo 144 de la Constitución establece que el Poder Ejecutivo lo ejerce el presidente de la república, como jefe de Estado, Gobierno y del Ejército de Nicaragua.
Por su parte, el artículo 145 establece que el vicepresidente de la república desempeña las funciones determinadas por la Constitución Política y las que le delegue el presidente de la república directamente o a través de una ley. Asimismo, el vicepresidente sustituirá en el cargo al presidente, en casos de falta temporal o definitiva.
“Es una transformación sustancial del sistema político en Nicaragua. El régimen de Gobierno pasaría de ser presidencialista a uno copresidencialista. Es decir, ¿qué facultades tendrán los denominados copresidentes? ¿Quién es el jefe de Estado? ¿Quién está en la línea de sucesión? ¿Se eliminaría la figura de la vicepresidencia? Tiene enormes consecuencias políticas en la vida de Nicaragua. No conozco de algún antecedente similar. De hacerse esta aberración política y jurídica, sería el primer caso en la historia de la región”, añadió.
No puede establecerse con una reforma parcial a la Constitución
Una especialista en temas jurídicos quien también pidió el resguardo su identidad, insistió en que la falta de legitimidad de las Ortega y Murillo como gobernantes y de los diputados de la Asamblea Nacional, tiene como consecuencia que reformas tan considerables como establecer la figura de la copresidencia no tengan validez legal, incluso, si es por medio de una Asamblea Constituyente.
Además, subrayó que cambiar un sistema de Gobierno en un país debe implicar la consulta por medio de un plebiscito a los ciudadanos, un proceso democrático que va en contra de la manera de hacer política de Ortega y Murillo.
“De ninguna manera establecer la copresidencia puede ser hecho por medio de reformas parciales a la Constitución Política. Si estuviésemos en un Estado de derecho, la vía constitucional para cambiar el sistema de Gobierno de Nicaragua sería una Asamblea Constituyente o alternativamente un plebiscito o referéndum para consultar al soberano, que es el pueblo”, afirmó.
“Dentro de esta maraña dictatorial dinástica no cabe preguntarnos cuál sería el procedimiento para cumplir con la orden de crear una copresidencia. No basta con que Ortega dé la orden. Debemos tener claro que la actuación del régimen de Ortega y Murillo está enfocada en consolidar un modelo autoritario dinástico que transgrede el marco normativo constitucional”, resaltó.
Una decisión trascendental
No es la primera vez que Ortega alude a que el actual sistema de Gobierno en Nicaragua es una copresidencia que ejerce junto a su esposa. Sin embargo, fue hasta ese discurso del 9 de febrero de 2023 que el dictador ordenó directamente a uno de sus principales operadores políticos llevar cabo los pasos necesarios para establecer un sistema de copresidencia en Nicaragua.
“Es una decisión demasiado trascendental para que deba ser tomada por dos personas, porque los diputados estamos claros de que no van a decidir nada. Ellos simplemente van a ejecutar lo que les ordenen sus superiores políticos. Es como si Nicaragua fuera una monarquía absolutista”, señaló el abogado.
“Ya sea vía Asamblea Constituyente o por medio de una severa reforma constitucional, lo que se debe hacer es que se debería consultar al soberano, en este caso, al pueblo de Nicaragua por medio de un plebiscito. Sin embargo, por las condiciones institucionales que existen, no es posible que los ciudadanos puedan votar con libertad y que ese voto sea respetado. Entonces, estamos hablando de un proceso inconsulto definido por dos personas”, agregó.
Cogobiernos en el mundo delimitan funciones
La figura de dos personas al mando del Gobierno que existen en otros países delimitan las responsabilidades de cada uno de los que ejercen estas funciones. Existen casos como Alemania, donde las principales responsabilidades como jefe de Estado las ejerce el canciller, y luego existe el presidente federal, que tiene otras determinadas funciones de Gobierno.
También existen ejemplos como España, una monarquía constitucionalista donde los reyes son los jefes de Estado, pero el jefe de Gobierno es escogido por medio de un proceso de votaciones.
Sin embargo, pese a lo complejo de reformar el sistema político nicaragüense, la falta de un balance de poderes bajo el régimen Ortega-Murillo podría permitir establecer la figura de la copresidencia en Nicaragua, aún incluso sin tener hacer reformas sustanciales a la Constitución o por medio de una Asamblea Constituyente.
“Los diputados no son electos por el pueblo en unas elecciones libres, sino designados por el dictador y aunque a veces pretendan aparentar legalidad procedimental legislativa, lo que en verdad vemos son unos sirvientes que cumplen las órdenes del dictador”, opinó la especialista en temas jurídicos.
“La actuación del régimen de Ortega-Murillo transgrede abiertamente el marco constitucional vigente. Y en este contexto es que se debe analizar la declaraciones de Ortega en las que solicita, o más bien ordena, una reforma para crear una copresidencia, como un acto dictatorial que viene de alguien que está usurpando el poder y lo ejerce ilegítimamente”, añadió.
Recordó que en Colombia y en Argentina han ocurrido períodos de cogobiernos, pero en los que se compartía el ejercicio de los poderes presidenciales en regímenes institucionales y bajo sistemas políticos democráticos.
“Lo más cercano que pueda haber existido en Nicaragua son las Juntas de Gobierno, como la que hubo a inicios de los años 80, en la que a pesar de que había un presidente, era la dirección nacional de un partido político la que gobernaba y tenía el poder absoluto. También (Anastasio) Somoza (Debayle) después del terremoto de 1972, que gobernó con una Junta Nacional de Gobierno, bajo la figura del triunvirato”, rememoró.
