Política

COSEP pide a Ortega diálogo “sin precondiciones”, en la peor crisis de legitimidad del régimen

El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) se pronunció este jueves 27 de enero a favor de un diálogo nacional, después de permanecer en silencio desde septiembre de 2021, y después de la reelección de Daniel Ortega sin competencia política, tras encarcelar a todo el liderazgo de la oposición democrática.

 La cúpula empresarial que encabeza César Zamora, endosó una petición de familiares de los presos políticos que demandan la libertad de todos los reos de conciencia y la anulación de los juicios políticos, pero agregó la solicitud de un diálogo “sin precondiciones”. El COSEP respalda la “búsqueda de soluciones viables, prontas y sin precondiciones que prioricen solucionar la encrucijada que atraviesa la nación”, dice el comunicado que divulgaron este jueves 27 de enero, mientras el régimen mantiene encarcelados a dos expresidentes y un exvicepresidente de la patronal, José Adán Aguerri, Michael Healy y Álvaro Vargas, respectivamente.

“Nosotros pedimos por todos los presos políticos. Es una negociación asimétrica a todas luces. Lo que verdaderamente nos chima los zapatos son los presos políticos y sus condiciones. Somos claros en lo que priorizamos”, dijo un directivo del COSEP desde el anonimato, quien sostuvo que como organización quieren que los “dejen trabajar en paz”.

La declaración gremial ocurre un día después que el consejo directivo del COSEP abordó la posibilidad de una negociación con el régimen en el peor momento de legitimidad del mismo, que no ha sido reconocido por más de 40 países tras las votaciones de noviembre pasado, por las faltas de garantías democráticas en las elecciones y por la represión, mientras Daniel Ortega prometió un “borrón y cuenta nueva”, después de la matanza de 2018 sin hacer referencia a los presos políticos y al estado policial que ha conculcado los derechos de la ciudadanía.

Fuentes del sector privado revelaron a CONFIDENCIAL que el presidente del COSEP, César Zamora, afirmó a los presidentes de cámaras en la sesión del miércoles que “tenemos que hablar de una negociación, diálogo, encuentro todo debido a tres amigos que están desesperados y nos debemos a ellos”. Sin embargo, en el comunicado no se hizo referencia a las palabras del ejecutivo del sector energético.

El COSEP tampoco comentó nada sobre la ayuda memoria, que recogió las principales ideas de la sesión en un documento, que circuló entre distintos sectores políticos en las horas previas a que se conociera la posición oficial del empresariado. 

Después de la matanza de 2018, perpetrada por el Estado en que fueron asesinadas 328  personas según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la patronal y Ortega se distanciaron, los grandes capitales del país pidieron un adelanto de las elecciones a lo que el gobernante se rehusó. El caudillo los atacó de forma virulenta en sus discursos, igual que hizo con otros sectores que denunciaron la represión como la Iglesia católica, y en 2021 encarceló a cinco líderes empresariales: el expresidente del Cosep, José Adán Aguerri; el banquero Luis Rivas; el gerente general de La Prensa, Juan Lorenzo Holmann; el presidente del Cosep, Michael Healy y el presidente de Upanic, Álvaro Vargas.

Esta semana, el sistema judicial bajo el control de Ortega ha reactivado los juicios contra seis presos políticos en procesos que acumulan tantas nulidades que deberían causar la emisión inmediata de órdenes de libertad a los mismos, según la jurista, María Asunción Moreno.

Endosan demanda de familiares de presos políticos

Para justificar el respaldo al diálogo con Ortega, que el caudillo del FSLN no ha solicitado, el COSEP se acogió al pronunciamiento que dieron a conocer los familiares de 27 de presos políticos, en el cual los firmantes apelaron tanto a los gobernantes, a las fuerzas vivas de la nación y a la Iglesia católica “a construir puentes que ayuden a vencer desconfianzas”.

Los familiares, a quienes se han sumado varias decenas más, recordaron que hay 170 presos de conciencia y que el sentimiento de la población en general es que se cometió una injusticia, por lo que los procesos judiciales deben ser anulados y ellos liberados inmediatamente.

“La libertad de nuestros presos no es un asunto de preferencias partidarias, ni es una maniobra en una lucha por el poder. Su liberación, más bien, se puede ver como el paso inicial en un proceso que conlleve un mayor grado de serenidad para los hogares nicaragüenses, dentro y fuera de nuestras fronteras; y que ayude gradualmente a reducir grietas en nuestra sociedad”, indicaron.

Ese comunicado fue respaldado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en un comentario en su cuenta de Twitter.

En los últimos meses, los familiares de presos políticos han denunciado las torturas a las que han sido sometidos sus parientes y han documentado la falta de garantías para un juicio justo en los procesos legales.  

Por su parte, Ana Lucía Álvarez, defensora de derechos humanos y familiar de Tamara Dávila, Ana Margarita Vijil, y Dora María Téllez, demandó la libertad inmediata e incondicional de sus parientes  y la anulación de los juicios políticos, aunque no suscribió el documento del 25 de enero.

“Creemos en la justicia sin impunidad y que debe haber un cambio democrático”, insistió Álvarez, quien explicó que si hay un proceso de diálogo debe ser amplio con representantes incluso de las víctimas de la represión.

Álvarez apeló por la “no repetición” de los abusos de derechos humanos, lo que se ha evidenciado con la detención de 41 excarcelados que forman parte de los 170 presos políticos que hay en la actualidad.

Desoyendo las demandas de la comunidad internacional y nacional de la liberación de los reos, el 19 de enero pasado, la vicepresidenta Rosario Murillo anunció en su intervención de mediodía  una serie de encuentros del gabinete con distintos sectores para hablar del modelo económico del país.

En esa declaración, Murillo ignoró la petición de poner fin al estado policial que ha conculcado los derechos de los nicaragüenses, desde que fue impuesto en septiembre de 2018 tras las protestas reprimidas con violencia por el Estado ese año.

De izq. a der.: Álvaro Vargas, José Adán Aguerri y Michael Healy, durante una conferencia en 2019. En la actualidad, están detenidos en el Chipote. Foto: Archivo

Directivo COSEP niega acercamientos

El directivo del COSEP  consultado por CONFIDENCIAL aseguró que no existe en este momento ningún acercamiento de parte de la patronal con las autoridades gubernamentales.

El empresario explicó que, al referirse en el comunicado a la posición de que no existan precondiciones en las conversaciones con el Estado, se refieren a lo dicho por Enrique Quiñónez, allegado de la dictadura, quien sostuvo que para sentarse la otra parte debería pronunciarse contra las sanciones de la comunidad internacional, impuestas a representantes gubernamentales por las violaciones a derechos humanos. 

“La precondición es de dos vías para que sea franca la conversación”, dijo. El empresario reconoció que “no nos ha buscado el Gobierno, esa es la realidad”. 

Para él, el acuerdo que debe buscarse es uno que se pueda cumplir, pero remarcó que la democracia es “imprescindible para el sector privado” y “que el resultado sea no volverse a tener que sentar”, afirmó.

Healy y Vargas liberados de acusación de lavado de dinero

El directivo de COSEP informó que el viernes 21 de enero, Enrique Genie, abogado de los presos políticos Michael Healy y Álvaro Vargas, se sorprendió en la audiencia de juicio cuando verificó que ya no estaba el cargo contra sus clientes por lavado de dinero. 

Ambos fueron capturados en octubre de 2021 y acusados, además de ese supuesto delito, por infringir la “Ley de Soberanía” o Ley 1055 al incitar, supuestamente, la intervención extranjera en asuntos internos. Por este último delito fue acusado José Aguerri el nueve de junio pasado.

Las detenciones a miembros del sector privado se dieron en medio de la escalada represiva a través de la cual Ortega eliminó la competencia política en las votaciones de noviembre pasado al detener a siete precandidatos opositores. 

En el sistema electrónico del Poder Judicial, conocido como Nicarao, no hay rastros de las acusaciones contra los empresarios, según confirmó CONFIDENCIAL a través de abogados. Menos de las resoluciones recientes tomadas en las instancias para cada uno de estos casos puntuales, lo que no es extraño porque otros juristas de presos políticos han denunciado la falta de acceso a los expedientes y la negativa de los jueces a permitirles entrevistarse con sus clientes. 

El abogado Enrique Genie no quiso hacer comentarios vía telefónica cuando fue consultado por CONFIDENCIAL y se limitó a decir que no había nada nuevo. La ayuda memoria sobre la reunión del COSEP afirma que el Cosep conversó con el partido opositor Ciudadanos por la Libertad, excluido de las votaciones de noviembre pasado por el régimen, para promover un diálogo para que salgan los privados de libertad.

No obstante, Kitty Monterrey, la presidenta de esta organización, adujo que no ha tenido ninguna conversación con el COSEP. “Puedo asegurar que ni mi persona ni el Comité Ejecutivo Nacional de Ciudadanos por la Libertad hemos sostenido encuentro alguno con ellos”, desmintió desde el exilio en su cuenta de Twitter.

Octavio Enríquez

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