29 de octubre 2017
AA
El sistema electoral nicaragüense, señalado de orquestar diversos fraudes electorales para favorecer al gobernante Frente Sandinista, arrastra una descomposición que se ha agravado durante la última década, según el análisis de las conclusiones y recomendaciones de los informes independientes de observadores electorales nacionales e internacionales, y los señalamientos y advertencias sobre el actual proceso, hechos por diversos grupos cívicos y la Conferencia Episcopal.
Tras el fraude electoral de 2008, documentado ampliamente en al menos cuarenta municipios del país, los observadores prestaron especial atención al estado del sistema electoral en las votaciones nacionales de 2011. Mismas en las que el comandante Daniel Ortega logró continuar en la Presidencia, gracias a una sentencia judicial diseñada para despejar su camino hacia la reelección indefinida.
La Unión Europea valoró que las elecciones de aquel año fueron “un retroceso en la calidad democrática de los procesos electorales nicaragüenses” y criticó “la escasa transparencia y neutralidad” de un CSE que calificó como “monocolor”, debido a su “escasa independencia del oficialismo” y la generación de “condiciones de competición desfavorables y obstrusivas para la oposición”.
Por su parte, el estadounidense Centro Carter concluyó que aquella elección “imprimió un golpe negativo a la democracia nicaragüense” y expresó su preocupación por “la composición partidista del CSE y el dominio del FSLN dentro de la estructura técnica y administrativa del Poder Electoral”.
Incluso, una cautelosa misión de la OEA, que hoy es la única institución internacional acreditada para este proceso, imprimió en su informe final de aquel año que “existieron situaciones preocupantes que indican la necesidad de una acción rápida por parte de las autoridades”, a fin de mejorar las elecciones y dar una “señal positiva de su compromiso”.
El árbitro monocolor
Para las votaciones municipales del próximo domingo, el consorcio de ocho organizaciones cívicas Panorama Electoral ha sostenido en sus tres informes sistemáticos de observación, que el principal problema electoral de Nicaragua es su arbitraje a cargo de un sistema colapsado y controlado por el FSLN.
La UE lo advirtió desde 2011. “Siendo (el CSE) un órgano de composición partidaria, la pérdida de neutralidad ha venido del progresivo abandono de posiciones pluralistas de sus magistrados, escorados de manera cada vez más palpable al oficialismo”, detalló.
El Centro Carter añadió que los magistrados a cargo de las votaciones de ese año fueron “los mismos que presidieron las elecciones municipales de 2008, en la cual los partidos de oposición y organizaciones nacionales presentaron pruebas de fraude en beneficio del partido gobernante”, en al menos cuarenta de los 153 territorios.
Los únicos seis magistrados electorales que se han sustituido desde entonces no han sido bajo los criterios recomendados.
De 2011 a la fecha, la Asamblea nombró al actual vicepresidente del CSE, Lumberto Campbell, exsecretario político del FSLN en la Costa Caribe y miembro de la estructura electoral del partido, en la que se validó como hombre de confianza de Ortega.
Además, nombró a Judith Silva, exdirectora del Instituto para la Vivienda Urbana y Rural; Virginia Molina, ex vicesuperintendente de bancos; Miguel Meléndez, propuesto por el diputado Wilfredo Navarro, aliado del FSLN; Mayra Salinas, expresidenta del Instituto Nicaragüense de Turismo, y Norma Moreno, exembajadora de Nicaragua en Argentina y hermana del secretario de la Alcaldía Municipal de Managua, Fidel Moreno.
El sociólogo nicaragüense y experto en temas municipales, Manuel Ortega Hegg, estima que “la voluntad política de continuar manteniendo el mismo CSE, es para garantizar que jugará en estas votaciones el mismo rol que ha jugado en las anteriores”, por lo que considera que “no podemos esperar cambios importantes en los comportamientos conocidos del CSE”.
“Mismas problemáticas”
Además de Panorama Electoral, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y el Frente Amplio por la Democracia han advertido la falta de garantías del actual proceso.
A quince días de las votaciones, la Conferencia Episcopal de Nicaragua también afirmó que “en su mayoría, las problemáticas de esta materia (electoral), siguen siendo las mismas” que ya habían mencionado en 2012 y 2014, cuando demandaron un proceso electoral “absolutamente transparente y honesto”, cedulación independiente y observación irrestricta.
El obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, añadió que “no hay condiciones que aseguren procesos electorales justos, honestos y transparentes”, e indicó que el mensaje de la Conferencia “es también una invitación al discernimiento político, a no dejar que políticos depredadores sigan dominando a Nicaragua”.
Según Ortega Hegg, la principal implicación de estas condiciones será el incremento de la abstención, que en 2016 se calculó extraoficialmente en un 70%.
“La diferencia —anota— es que ahora estamos frente a 153 elecciones, y podría ser que en algunas de ellas los electores vean alguna posibilidad de incidir con su voto”. Sin embargo, no cree que eso “cambie sustantivamente la tendencia abstencionista, porque no ha cambiado ninguna condición sustantiva del sistema electoral”.
Vicios en “una carta ya jugada”
Una visita de alto nivel del Centro Carter y el Grupo de los Amigos de la Carta Democrática Interamericana, constataron este mes “una gran apatía y desinterés” en las votaciones municipales, debido a la percepción de que el proceso es “una carta ya jugada”.
Panorama Electoral sostiene que persisten los “vicios graves” de procesos anteriores, porque el Estado no ha atendido las recomendaciones cardinales “repetidas de forma específica y contundente por las misiones de observación calificadas”.
Agravando las advertencias de partidarización, el CSE ha callado sobre los 146 municipios donde los candidatos han hecho campaña con recursos del Estado, ni se ha pronunciado sobre las denuncias de cedulación irregular.
En 2012, la OEA insistió en “diseñar un marco legal que permita la depuración del padrón electoral de manera permanente”. En cambio, expertos y opositores han alertado que el CSE administra diferentes padrones para manipular las cifras de participación y que la reforma electoral de este año promueve el voto múltiple.
La expectativa de las votaciones de este domingo está en qué dirá el informe de la misión de la OEA, a cargo del uruguayo Wilfredo Penco.
El sociólogo Manuel Ortega Hegg no es muy optimista al respecto. “No es realista esperar mucho”, dice, a menos que “la experiencia abone al trabajo de la OEA en Nicaragua para el mediano plazo”, según el acuerdo de trabajo de tres años que tiene con el Gobierno.
