22 de octubre 2022
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Las boletas electorales que serán utilizadas en las votaciones del próximo 6 de noviembre ya están siendo armadas en las maletas correspondientes en el almacén del Consejo Supremo Electoral (CSE), pero su origen y costo es un enigma. El árbitro electoral, dominado por el orteguismo, mantiene oculta esa información a pesar de que esos materiales fueron adquiridos con dinero del erario público.
Ni el Plan Anual de Contrataciones (PAC) del Poder Electoral ni la adjudicación del proyecto de impresión de las boletas electorales han sido publicados en el Sistema de Contrataciones Administrativas Electrónicas (Siscae), por lo que se desconoce si hubo alguna licitación pública como manda la Ley 737, Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público.
Captura de pantalla del Sistema de Contrataciones Administrativas Electrónicas
Lo único que se sabe, a menos de tres semanas del día previsto para la votación, es que las boletas electorales fueron impresas durante 10 días por la empresa Inversiones Papeleras S. A. (INPASA) y que el 12 de octubre pasado fueron trasladadas, bajo resguardo policial, al almacén del CSE ubicado en Monseñor Lezcano, Managua.
Además, por tratarse de unas votaciones municipales fueron elaborados 153 modelos diferentes de boletas electorales, “uno por cada municipio del país”, apuntó esta semana la presidenta del CSE, Brenda Rocha Chacón, durante una entrevista en el Canal Parlamentario.
Días antes, al recibir las boletas electorales, Rocha mencionó que cada una de ellas “lleva todos los estándares de seguridad y autenticidad de vanguardia”. Lo que no dijo la magistrada fue cuánto dinero le costó al Estado de Nicaragua la impresión del material electoral y cuáles fueron los criterios utilizados para seleccionar a la empresa INPASA.
Para las elecciones generales de 2021 el CSE tampoco rindió cuentas claras sobre la impresión de las boletas electorales. Algunos reportes periodísticos indican que —al igual que ahora— el material electoral fue producido por INPASA. Hasta la fecha se desconoce el monto destinado para este fin.
Especialistas en fiscalización de contrataciones públicas advierten que la falta de publicación del PAC y los procesos de adquisición del CSE constituye una serie de irregularidades, puesto que ese poder del Estado está violando los principios de publicidad, transparencia y el debido proceso en las contrataciones públicas.
CSE administra recursos públicos en las sombras
La falta de transparencia del órgano electoral ha sido denunciada por el independiente observatorio ciudadano Urnas Abiertas, que además ha señalado la complicidad de los partidos políticos y alianzas políticas participantes en el proceso electoral, consideradas colaboradores necesarios del régimen gobernante.
“Desde Urnas Abiertas denunciamos que el CSE no ha rendido cuentas sobre el costo de contratación de boletas electorales. El CSE debe reflejar el presupuesto asignado a la elaboración de boletas en su Plan Anual de Contrataciones y debe de ser publicado cada año, según la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público. Sin embargo, a 10 meses de 2022 el CSE sigue sin reportarlo”, indicó el observatorio.
#AlertaUA Este viernes el CSE realizó el proceso de revisión y aprobación de las boletas electorales para las elecciones municipales. Desde Urnas Abiertas denunciamos que el CSE no ha rendido cuentas sobre el costo de contratación de boletas https://t.co/ERKwQ4Ts9o pic.twitter.com/hTC2Ogz8Uq
— Urnas Abiertas (@UrnasAbiertas) September 30, 2022
Para este proceso electoral el CSE recibió un presupuesto de 1465.7 millones de córdobas provenientes de las Rentas del Tesoro, pero el dinero y el proceso han sido administrados en total opacidad. El presupuesto no ofrece detalles de cuánto es lo destinado para la impresión de la papelería de votación.
El monto asignado este año al CSE para las votaciones municipales es el doble de los 773.4 millones de córdobas que recibió para “la farsa electoral” del año pasado. Esto se explica porque en el presupuesto 2022 aparece el monto destinado para el reembolso a los partidos políticos que participaron en las votaciones de 2021. El reembolso por las votaciones de este año, será asignado en el presupuesto de 2023.
Unos 3.7 millones de nicaragüenses están convocados a votar el 6 de noviembre, como parte de un proceso electoral municipal carente “de toda credibilidad”, no solo por la “falta de idoneidad del sistema electoral y de quienes lo administran”, por el control del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sino también por la exclusión de la oposición política y la absoluta falta de libertades en el país.
