Política

CSJ reelige a once magistrados y mantiene cinco vacantes

Alba Luz Ramos y Marvin Aguilar siguen como presidente y vicepresidente de la Corte. Pugna entre Ortega y Murillo impide la elección de vacantes

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) reeligió a Alba Luz Ramos y a Marvin Aguilar –ambos sancionados por la comunidad internacional– como presidenta y vicepresidente, respectivamente, de una institución que tiene cinco vacantes en su cúpula desde 2021, cuando murió el magistrado Francisco Rosales

Esos cinco nombramientos, que debe realizar la Asamblea Nacional,  aún siguen pendientes por desacuerdos de la pareja presidencial, informaron fuentes del Poder Judicial, sin brindar los detalles de la pugna presidencial. 

Un magistrado, bajo condición de anonimato, confirmó que el acuerdo de Corte Plena para reelegir a Ramos y Aguilar se firmó el pasado viernes tres de junio y en el mismo se confirmó por 2.5 años a Armando Juárez como presidente de la Sala Constitucional, a Armengol Cuadra en la Sala Penal, a Ileana Pérez en la Sala Civil y a Yadira Centeno en la Sala de lo Contencioso Administrativo.

Esta misma fuente judicial recordó que la magistrada Pérez recibió el respaldo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pese a que en febrero pasado fue interrogada en la Dirección de Auxilio Judicial en Managua por el caso de una propiedad que perteneció a un narcotraficante en el departamento de Rivas–al sur del país– y terminó en manos de un hermano de la magistrada, el juez Emilio Chan López. 

La magistrada Ramos, al ser consultada por CONFIDENCIAL este lunes 13 de junio, se quedó en silencio cuando se le preguntó con claridad—en una llamada a su número celular— si había sido reelegida en el cargo, lo mismo que Aguilar.

La prolongación de la dirigencia de la CSJ es un espaldarazo del Ejecutivo a uno de sus principales brazos represores. La gestión judicial se ha caracterizado en los últimos cuatro años por legalizar la represión contra los opositores, y mantiene al menos a 182 presos políticos en las cárceles de Nicaragua, con el respaldo de una maquinaria judicial integrada por policías, jueces y fiscales al servicio de la dictadura.

Fuentes jurídicas independientes consultadas por este medio, consideran que los esos funcionarios judiciales estarían cometiendo los delitos de “prevaricato” y “tortura” en el caso de los reos de conciencia, a quienes Ortega condenó llamándolos “delincuentes” en distintos momentos.

“Pugna” entre Ortega y Murillo por magistrados vacantes

Alba Luz Ramos preside la CSJ y ha defendido públicamente al tirano sandinista, pero ha presentado su renuncia en varias ocasiones, sin que esta sea aceptada por Ortega. En cambio, el vicepresidente de la institución, Marvin Aguilar, es señalado como el verdadero poder de la Corte con el respaldo del poderoso asesor presidencial Néstor Moncada Lau.

Según la sanción impuesta por Estados Unidos el 21 de diciembre de 2021, el vicepresidente de la CSJ, Marvin Aguilar, es el secretario político nacional del Consejo de Liderazgo Sandinista. “Como secretario político nacional, Aguilar está en contacto directo con el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo y, según se informa, coordina la persecución de los miembros de la oposición a favor de la democracia”. 

Tras el fallecimiento del magistrado Francisco Rosales, la Corte Plena quedó integrada por 11 magistrados. Existen cinco vacantes: dos por fallecimientos (Rosales y Ligia Molina) y tres por renuncias (Rafael Solís, Carlos Aguerri Hurtado y José Adán Guerra en 2019).

Fuentes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) agregaron que el tema de las vacantes en la CSJ está pendiente de resolver, porque no se ha podido elegir a nadie para ocuparlas—pese al control de orteguismo en el Parlamento— debido a las “pugnas internas” que hay entre la pareja presidencial.

Mientras eso no se resuelva, advirtieron las mismas fuentes, los funcionarios se mantienen en sus cargos porque en el artículo 130 quedó establecido en la reforma constitucional de 2014 que seguirán hasta “que no sean elegidos y tomen posesión quienes deben sustituirlos”. 

El período constitucional de un magistrado judicial en Nicaragua es de cinco años. “La organización interna quedó igual. Esa la decidimos nosotros (Poder Judicial). El FSLN no nombra a nadie”, confirmó por su parte la fuente consultada por CONFIDENCIAL.

Los otros magistrados de la CSJ son los sandinistas Gerardo Arce Castaño, Juana Méndez y Elley Joy Lewin Downs. También están los liberales Virgilio Gurdián y Manuel Martínez Sevilla. 

Todos están integrados a las cuatro salas de la institución, excepto Gurdián y Méndez que son parte del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial en que participan también la presidenta y el vicepresidente de la CSJ.

CSJ, instrumento para la represión

El Poder Judicial es cuestionado tanto  a nivel nacional como internacional por violaciones a derechos humanos. De acuerdo con un informe sobre “Los privados de Libertad en Nicaragua”, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA), el régimen encarceló a 1 614 ciudadanos entre abril de 2018 y 2020.

“A la fecha de cierre de este informe, en Nicaragua persiste la criminalización de las voces críticas al Gobierno bajo un contexto de completa falta de garantías de imparcialidad e independencia del sistema judicial nicaragüense”, dijo la CIDH que señaló también a la “impunidad” como otra de las características del sistema.

Estados Unidos cuestionó nuevamente este 13 de junio la complicidad de los “jueces y fiscales” que participaron en las condenas de los presos políticos al anunciar la restricción de 93 visas. Sancionaron también a diputados y funcionarios del Ministerio de Gobernación por la persecución a la sociedad civil con el cierre masivo de oenegés, ordenado por el Estado.


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