8 de noviembre 2021
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Cuatro expresidentes latinoamericanos demandaron a la región profundizar el aislamiento del régimen de Daniel Ortega, que se ha reelegido en unas votaciones sin competencia política, tras el encarcelamiento de precandidatos presidenciales opositores y bajo represión a la ciudadanía en general.
Los exmandatarios Fernando Henrique Cardoso (Brasil), Laura Chinchilla (Costa Rica), Ricardo Lagos (Chile), Juan Manuel Santos (Colombia) y el secretario general de IDEA Internacional, Kevin Casas, pidieron la suspensión de Nicaragua de la Organización de Estados Americanos (OEA) bajo la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática, tras un proceso que consideran ilegítimo.
Cardoso, Chinchilla, Santos y Casas demandaron en un comunicado titulado “Impidamos a Ortega consolidar su dictadura” a los países de la región que prioricen en sus agendas a Nicaragua ante la gravedad de los hechos ocurridos, los que describen como el itinerario en que una democracia se convierte en autocracia, de cara a la Asamblea General de la OEA, organizada en modo virtual en Guatemala para el próximo 10 y 12 de noviembre.
Asimismo, demandan que se suspendan “todos los programas o negociaciones en el seno de las instituciones financieras internacionales y regionales en tanto las condiciones mínimas de vigencia de la institucionalidad democrática no retornen a Nicaragua. Ello sin alterar los programas de asistencia humanitaria en favor de la población nicaragüense”.
Violaciones sistemáticas de derechos humanos en Nicaragua
Los exgobernantes explican que las violaciones de derechos humanos han marcado la reelección ilegítima de Ortega para un cuarto mandato consecutivo y su intención de perpetuarse de manera indefinida en el poder”.
Con vehemencia denunciaron la intensificación de la ofensiva autoritaria de Ortega que llevó a la detención de 39 líderes políticos, cívicos y empresariales, entre ellos siete precandidatos presidenciales, los que han sido privados de sus derechos y aislados en cárceles de la Policía.
Parte de las demandas, expresadas en el mismo comunicado, corresponden a la exigencia de la inmediata liberación de todos los presos políticos, pero también la plena vigencia de los derechos humanos, el cese del estado policial, el restablecimiento del orden constitucional y la urgente reapertura de “un proceso de negociación para buscar una salida pacífica y electoral a la crisis”.
Desde septiembre de 2018, Nicaragua vive bajo un estado policial que impide protestas de ciudadanos opositores, que han denunciado también hostigamiento de la fuerza pública a las puertas incluso de sus casas.
El Estado tampoco ha investigado las violaciones a derechos humanos y los abusos de la Policía y paramilitares cuya violencia dejó 328 asesinados, 2 000 heridos en el contexto de las manifestaciones surgidas a partir de una inconformidad social con la aprobación de una reforma inconsulta a la Seguridad Social.
“Hace cuatro décadas el pueblo de Nicaragua emprendió un camino de rescate de la democracia tras largos años bajo una dictadura opresiva extrema. Hoy aquellos sueños están sofocados por un mandatario que, instalado en el poder, asumió el mismo camino e impide a su pueblo elegir con plena libertad el devenir de su futuro. Ante ello los pueblos y Gobiernos de América Latina no pueden ser indiferentes”, instaron en el comunicado conjunto.
