29 de mayo 2020
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Iván Acosta seguirá como titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), aunque su firma no tendrá ningún valor, como consecuencia de las sanciones impuestas siete días atrás por el Gobierno de Estados Unidos, que también alcanzaron al jefe del Ejército, general Julio César Avilés. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo nombró como viceministro de Hacienda a José Adrián Chavarría Montenegro, según del Acuerdo Presidencial, 45-2020 publicado este viernes 29 de mayo en el Diario Oficial La Gaceta.
Hasta ahora, Chavarría se desempeñaba como secretario de Administración Financiera en Hacienda, pero sus nuevas responsabilidades consisten en “firmar todos los documentos relacionados a la administración de las finanzas públicas” en la entidad.
Acosta se sumó el pasado 22 de mayo a la lista de 20 funcionarios orteguistas sancionados por Estados Unidos, y hoy se incorpora a la lista de funcionarios “decorativos”, a quienes el régimen mantiene en el cargo, pero no pueden desempeñar sus funciones como consecuencia de su colaboración con la represión orteguista. Casi un año atrás, ocurrió lo mismo con el también sancionado presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, quien permanece el frente del Poder Legislativo, pero no puede desempeñarse en la administración pública del parlamento.
Lea aquí el Acuerdo Presidencial sobre el Ministerio de Hacienda
En Hacienda, Chavarría es a partir de ahora la firma autorizada para dar trámite a “desembolsos de fondos nacionales y extranjeros, así como los derivados de la suscripción y ejecución de contratos de préstamos, donaciones y otros mecanismos de cooperación financiera internacional”, que antes desempeña Acosta.
Régimen sigue “parchando” la administración pública
El abogado y político opositor Eliseo Núñez considera que la estrategia implementada por el régimen de Ortega es como “un parche chiquito” dentro de la Administración pública, ya que la Ley 290, de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, establece que “las funciones de un ministro son precisamente representar al Ministerio”.
A su juicio, esta situación pondría en riesgo la relación comercial del Estado con las entidades bancarias nacionales e internacionales. “Si yo fuera el gerente de un banco no aceptaría una firma distinta a la del ministro”, porque eso es lo que dice la ley y Ortega “no se quiere molestar” en mandar a reformar la Ley 290, señaló Núñez.
Dos economistas que aceptaron hablar con CONFIDENCIAL a petición de mantener sus identidades en reserva, recordaron que Chavarría Montenegro era profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN - Managua), cuando fue convocado en 2007, para ocupar uno de los dos viceministerios de Hacienda, cuando Alberto Guevara era el titular.
“Chavarría solo está sirviendo como testaferro para comparecer en nombre del Gobierno de Nicaragua para firmar préstamos, convenios y donaciones. Estas movidas de viveza del ratón son una burla y podrían provocar la ira de la comunidad financiera internacional, los donantes, Estados Unidos y la Unión Europea”, valoró uno de los economistas.
Iván Acosta también retirado de sus otras representaciones
El régimen también destituyó a Acosta de su cargo como representante de las acciones de capital de la empresa semiestatal de distribución eléctrica, Disnorte-Dissur, y en su puesto fue nombrado el abogado Bruno Mauricio Gallardo Palaviccine.
A criterio de Núñez esto se debe a que “a Ortega le interesan más sus negocios que la administración pública”, ya que la distribución de energía eléctrica también es un negocio que se maneja de forma discrecional y que muchas personas asocian a la cooperación que el régimen recibió de Venezuela, por más de una década.
Por otro lado, el nuevo representante de Nicaragua ante Disnorte-Dissur es un conocido militante sandinista, sindicalista de trayectoria y maestro de profesión.
Acosta fue sancionado por Estados Unidos porque “ha coordinado las financias del régimen para dar prioridad a la represión, evitar reformas democráticas y la toma de responsabilidad por violaciones de derechos humanos”, argumentó el Departamento de Estado de ese país.
Contrario a Acosta, Avilés no ha sido removido de su cargo ni se le han restado facultades.
Este 28 de mayo, un grupo de senadores de Estados Unidos, liderados por el republicano Jim Risch, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, solicitaron sancionar a miembros del Poder Judicial del régimen de Daniel Ortega, responsables de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, incluyendo magistrados, jueces y miembros de la Fiscalía General de la República, señala como fábrica de delitos contra más de 800 presos políticos, de los cuales más de 80 continúan en prisión.
Dichas sanciones tienen como característica que son aplicadas directamente a personas o a empresas, por lo que los países emisores sostienen que no afectan a Nicaragua como país.
