3 de marzo 2022
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La justicia del régimen orteguista condenó con penas de ocho a 13 años de cárcel a los siete reos políticos, entre ellos tres aspirantes presidenciales, que fueron declarados culpables del supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y de la sociedad”, el pasado 23 de febrero, tras un juicio de siete días.
Los aspirantes presidenciales Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, el politólogo José Pallais y el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, fueron condenados a 13 años de prisión.
Las integrantes del consejo político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Tamara Dávila y Violeta Granera fueron sentenciadas a ocho años de cárcel y el precandidato presidencial, Arturo Cruz, a nueve años de encierro. Todos fueron inhabilitados para optar a cargos públicos, según la lectura de sentencia realizada este jueves tres de marzo, en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), El Chipote.
En todos los casos se cumplió la petición de pena solicitada por la Fiscalía en el juicio, que estuvo a cargo del judicial orteguista Félix Ernesto Salmerón Moreno, del Juzgado Quinto de Distrito Penal de Juicio.
Reos políticos: "somos inocentes"
Tras las audiencias maratónicas, los siete líderes políticos declarados culpables por presunta “conspiración”, afirmaron sentirse en “paz” porque son “inocentes” y “nunca” han pedido sanciones o actuado en contra de los intereses de Nicaragua. Se mostraron firmes y exigieron la liberación de todos los presos políticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Durante las primeras cinco audiencias de juicio, la Fiscalía interrogó a 26 oficiales de Policía, que participaron en los arrestos y allanamientos a los domicilios de los reos políticos. Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía, incluyeron publicaciones relacionadas a los acusados en medios digitales de poca confianza y conversaciones de un grupo de WhatsApp, liderado por el investigador de Diálogo Interamericano, Manuel Orozco.
Según el abogado defensor, Mynor Curtis, las conversaciones en el grupo de WhatsApp se basaban en comentarios sobre la coyuntura del país. En los videos que salía Chamorro: “él comentaba una sanción, pero no la pedía. No llevaron ningún video que pida sanción. El pedir sanción tampoco constituye ese delito. No es el caso. Él nunca pidió sanciones”, aclaró Curtis.
Agregó que la Fiscalía no logró demostrar la comisión del delito por parte de los acusados. Chamorro aseguró: “Estoy en paz, tengo fe, y esperanza porque sé que Dios y los nicaragüenses saben que soy inocente”. Por su parte, Maradiaga se declaró “inocente de un juicio injusto”.
Según el abogado Curtis, Cruz ratificó que él nunca ha pedido sanciones contra Nicaragua, y explicó que debido a su trabajo ha recibido críticas tanto del Gobierno como de la población.
Aguerri, señaló que durante 18 años consecutivos ha trabajado por el crecimiento del país y “nunca ha hecho nada en contra de la nación”. “Quiero recalcar que soy inocente y que nunca he cometido ningún delito”, refutó Violeta Granera al juez, según un mensaje publicado por su familia.
“Soy inocente. Mi único delito ha sido ejercer mi derecho a defender derechos y denunciar las injusticias, expresó Dávila, de la UNAB, tras escuchar el fallo del juez.
De los siete acusados, el único que fungió como testigo fue el doctor Pallais. Por casi treinta minutos explicó que él nunca ha hecho nada en contra de Nicaragua.
“Nosotros nunca hemos ido a pedir sanciones, menos a la OEA (Organización de Estados Americanos), si la OEA no puede imponer sanciones a ningún país”, aclaró el exdiputado.
Ellos se suman a una veintena de reos de conciencia que fueron encarcelados en la última cacería del régimen orteguista contra los líderazgos cívicos y políticos, en aras de mantenerse en el poder sin legitimidad. Los presos políticos han sido sometidos a condiciones precarias y aislamiento.
Declaran culpable a Samantha Jirón
La presa política, Samantha Jirón, también fue declarada culpable de los delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y de la sociedad” y de "propagación de noticias falsas" en un juicio realizado en los juzgados centrales de Managua, a cargo del judicial Melvin Vargas García, del Juzgado Séptimo Distrito Penal de Juicio, este miércoles 2 de marzo.
Las pruebas presentadas por la Fiscalía fueron entrevistas que la joven activista e integrante de la UNAB brindó a medios internacionales sobre temas de derechos humanos, la crisis sociopolítica en Nicaragua y la pandemia de covid-19, además de chats de WhatsApp, indicaron familiares. También incluyeron el testimonio de tres policías.
La Fiscalía solicitó la pena de ocho años de prisión para Jirón, cuatro por cada delito.
