Política

Deborah Ullmer sobre Ley Renacer: “La idea es no dañar al pueblo de Nicaragua”

Supervisión de préstamos multilaterales y la revisión del DR-Cafta están diseñados para afectar selectivamente al régimen y sus operadores

Las restricciones establecidas en la denominada Ley para Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua (Renacer, por sus siglas en inglés) están diseñadas cuidadosamente para golpear selectivamente a personeros claves del régimen orteguista e instituciones colaboradoras en la represión y violación a los derechos humanos, explica Deborah Ullmer, directora para América Latina del Instituto Nacional Demócrata (IND), en Estados Unidos.

Ullmer fue entrevistada en CONFIDENCIAL Radio, que también se transmite en YouTube, sobre los alcances de la Ley Renacer en Nicaragua y también explicó cómo el engranaje de esta legislación —aprobada este 3 de noviembre en el Congreso norteamericano— está dispuesta en función de presionar al régimen por el restablecimiento de las libertades civiles en Nicaragua.

Este 5 de noviembre, funcionarios de la Casa Blanca revelaron que el presidente estadounidense Joe Biden firmaría la Ley Renacer la próxima semana, luego de las votaciones previstas para este domingo 7 de noviembre, según informó el medio Voz de América.

De acuerdo con el reporte periodístico, la razón de Biden para poner en vigencia la Ley hasta luego de las votaciones es porque forma parte una respuesta internacional amplia y coordinada para desconocer los resultados de este proceso diseñado para perpetuar por cinco años más en el poder el binomio familiar de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.

La Ley Renacer ha sido aprobada con un importante apoyo bipartidista en ambas cámaras. ¿Cuáles son sus alcances en términos de las implicaciones que tiene en la relación Estados Unidos y Nicaragua y en qué se diferencia de la Ley NicaAct, aprobada hace unos años?

Con la aprobación de la Ley Renacer, el Congreso y los Estados Unidos están enviando una señal de que no se van a mantener al margen, mientras Daniel Ortega consolida una dictadura. Si bien la NicaAct creó algunas herramientas para desarrollar una estrategia, la Ley Renacer realmente une la diplomacia y las medidas de rendición de cuentas. Establece sanciones selectivas y asegura la coordinación con Canadá y países europeos para garantizar la máxima efectividad de las mismas. El mensaje principal que une este voto bipartidista es que las elecciones del 7 de noviembre son consideradas una farsa. Esto puede llevar a otros líderes de la región a entender que el camino de Ortega ha sido erosionar sistemáticamente las instituciones democráticas y el Estado de Derecho, violar los derechos humanos y cometer corrupción para dañar al pueblo nicaragüense.

Esta Ley está enfocada en el escrutinio que el Gobierno de Estados Unidos debe de desarrollar sobre la relación que tienen organismos multilaterales de crédito como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otros con Nicaragua. ¿Qué significa exactamente este escrutinio o supervisión?

Significa nuevas restricciones y la supervisión de los préstamos por parte de los bancos multilaterales de desarrollo para asegurar que no vayan a enriquecer y empoderar al régimen, al tiempo que establece salvaguardas para que la comunidad internacional aún pueda abordar las necesidades humanitarias del pueblo nicaragüense. Esto asegura que Estados Unidos y otros países pueden ejercer su voto en estos bancos multilaterales para asegurar que el dinero se utiliza para el pueblo nicaragüense, y no para el régimen.

Eso no significa un veto predeterminado de Estados Unidos a la solicitud de préstamos a estas organizaciones, sino una supervisión…

Así es. Se puede leer que en el futuro va a haber mayor supervisión y sobre todo mayor coordinación de la Administración del presidente Biden en asegurar que se están hablando entre todas las entidades de parte del Gobierno de Estados Unidos, que haya esa mayor coordinación, supervisión y reportes sobre cómo se está utilizando ese dinero.

¿Incluye al Banco Interamericano de Desarrollo, o solo es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial?

El Banco Interamericano está incluido, lo que no va incluido obviamente es el BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica), porque ahí Estados Unidos no tiene voto.

Mencionaste la coordinación diplomática con Canadá, con la Unión Europea, con el Reino Unido. ¿Se habla específicamente de sanciones que podrían afectar a altos funcionarios vinculados en la organización de esta farsa electoral y también en violaciones a derechos humanos?

La Ley Renacer requiere que la Administración del presidente Biden establezca una estrategia de cómo se pueden utilizar las sanciones selectivas de Estados Unidos para impulsar nuevas elecciones que sean libres, justas y creíbles. Hemos visto cómo las dinámicas de políticas corruptas son indicadores de elecciones que carecen de credibilidad y sirven como catalizadores de inestabilidad. La idea es coordinar, como hemos visto en el caso de Venezuela, con otros países como Canadá y los países europeos para seguir el dinero.

Esta es una Ley que se concibe desde el punto de vista de los intereses de Estados Unidos. Incluso dice que se va a revisar el Cafta, porque Estados Unidos no le puede ofrecer beneficios comerciales a un país no democrático. ¿Cómo puede esta Ley incidir en el interés de Nicaragua, por ejemplo, en recuperar las libertades democráticas o incidir en la suspensión del estado policial que hoy existe en Nicaragua?

Esa es la idea, no dañar al pueblo de Nicaragua. Apoyar las sanciones selectivas que van dirigidas al régimen y su familia, oficiales de alto rango de la Policía, del Ejército. Sí, se pide una revisión de la participación de Nicaragua en el Cafta, pero siempre con la idea de que no dañe al pueblo nicaragüense. Asegurar que la ayuda humanitaria necesaria llegue a los nicaragüenses. La idea es ejercer presión, pero que sea multilateral también. Que no sea solo Estados Unidos. El presidente Biden ha hecho como política trabajar multilateralmente con países democráticos, con Canadá, con los países europeos, para asegurar que la democracia se rescate.

En el caso de una eventual suspensión de la participación de Nicaragua en el Cafta, algunos analistas y representantes de sector empresarial argumentan que esto podría tener un efecto indiscriminado en el empleo en Nicaragua y que, incluso, indirectamente podría terminar favoreciendo políticamente a Daniel Ortega, presentar a la dictadura como una víctima de la confrontación entre Estados Unidos y Nicaragua.

Bueno, así ya lo están presentando. Los que apoyan a Daniel Ortega en Washington han hecho una incidencia en presentar que las sanciones, incluso las actuales, están dañando al pueblo y eso no es cierto. Las sanciones actuales son selectivas, van dirigidas a la familia de Ortega, van dirigidas a altos oficiales de la Policía. Por eso con el Cafta el lenguaje es muy cuidadoso, al decir revisar esa participación, para asegurar que no vaya a haber un daño al pueblo nicaragüense.

Hay otro enfoque de la Ley relacionado con la participación de Rusia en los asuntos internos de Nicaragua y la repercusión que eso tiene en las relaciones continentales. ¿Qué es lo que específicamente demanda a hacer esta Ley en relación con la presencia política y de la inteligencia rusa en Nicaragua?

El proyecto requiere nuevos informes sobre las actividades rusas en el país, incluido el puesto de escucha de Rusia (en Nicaragua), la cooperación en materia de seguridad y la venta de armas al régimen de Ortega. Hay mucha preocupación que el puesto de escucha de Rusia se está utilizando no solo contra la oposición democrática en el país, sino contra activistas políticos democráticos en otros países de América Latina. Hay un nuevo enfoque de Estados Unidos para prestar atención e informarse con sus reportes para asegurar estar muy bien informados de cómo podrían otros países, como Venezuela, violar las sanciones impuestas.

Una vez aprobada esta Ley, ¿la ejecución depende exclusivamente del Ejecutivo, el ritmo, las acciones, el cronograma de pasos a dar o esto es algo que se hace de manera coordinada con el Congreso de Estados Unidos?

En Estados Unidos el procedimiento es que el Congreso envía esto a la Casa Blanca. El llamado es a todas las diferentes entidades que nuestros ministros coordinan, como el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Justicia, se coordinan todas estas partes de nuestra Administración para poder actuar ahí mismo, ya firmada esta Ley, con todas las herramientas para comenzar a planificar una estrategia e implementarla ahí mismo.

Hasta ahora han sido sancionados altos funcionarios del Ejército de Nicaragua, el propio jefe del Ejército y el director del Instituto de Previsión Social Militar, no así la institución del Ejército y la institución del IPSM, como sí ha sido sancionada la Policía Nacional. ¿Estas instituciones están en el radar de las posibilidades de ejecución de esta Ley o están excluidas?

Absolutamente, están en el radar. Ahí es donde el régimen de Ortega pretende vender que estos tipos de sanciones sectoriales pueden dañar al pueblo nicaragüense y no es verdad. Siguen siendo selectivas, dirigidas a las instituciones que están haciendo y han participado en el daño al pueblo nicaragüense.


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