Demandan salida inmediata de Roberto Rivas

El magistrado Roberto Rivas, incluido en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, por las sanciones de la Ley Global Magnitsky, debería dejar el cargo que ha ocupado por más de veinte años en un sistema electoral que ha colapsado, aun cuando su salida no restablecería la credibilidad de este, estiman analistas y opositores nicaragüenses, que también demandan una investigación independiente sobre el enriquecimiento ilícito del polémico funcionario.

El analista político y abogado experto en Derecho Constitucional, Gabriel Álvarez, advierte que “el sistema electoral nicaragüense no da para más desde hace rato”, y aunque admite que “este problema no se mejora ni empeora con un individuo, en cualquier caso Rivas tiene que salir de ahí”.

Rivas fue sancionado junto con otras catorce de personas en todo el mundo el pasado 21 de diciembre. Los legisladores estadounidenses, que ya han incluido las sanciones de Rivas en la otra iniciativa de sanciones que condicionaría el voto de Estados Unidos a los préstamos multilaterales para Nicaragua, conocida como Nica Act, basaron sus argumentos en informes del Departamento de Estado sobre los derechos humanos en Nicaragua.

Además, incluyeron “investigaciones periodísticas de La Prensa y Confidencial, que documentan acusaciones de corrupción contra Rivas que lo señalan de hacer una fortuna y ser dueño de casas, mansiones, yates y aviones a reacción, mientras recibe solo 5,000 dólares por mes en concepto de salario del Gobierno”.

A más de tres semanas de las sanciones, el Gobierno de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, han guardado silencio. En este período, Ortega ni siquiera ha tenido alguna aparición pública o intervención oficial. El sector privado también ha preferido, por el momento, no pronunciarse al respecto.

Modelo “insostenible”

Álvarez valora las sanciones estadounidenses contra el magistrado como una “manifestación de la insostenibilidad y del fracaso estratégico del modelo dinástico corporativista que ha venido construyendo Ortega en su alianza con el Cosep (Consejo Superior de la Empresa Privada)”.

“Cuando la Ley Global Magnistsky sanciona a Rivas, lo que vemos es la impresionante fragilidad y precariedad de este régimen, que no se puede sostener”, insiste.

Economistas y analistas independientes han advertido graves riesgos para la economía nicaragüense ante las sanciones a Rivas y otras contra el entorno de Albanisa o la Nica Act. Sin embargo, miembros del sector privado que se han referido escuetamente al tema, descartan tales efectos y eligen destacar la promesa e interés de la inversión extranjera en Nicaragua, cuya meta cifran en 1,500 millones de dólares para el 2018.

CONFIDENCIAL intentó sin éxito conocer las impresiones de representantes del sector privado.

Álvarez critica que en Nicaragua “se ha sustituido la institucionalidad, por un movimiento exclusivo y perverso, de poquísimos, pero importantes empresarios, con sus pocos gerentes gremiales”. Según el analista, “es a estos, y a Ortega y sus más cercanos seguidores a los únicos que ha rendido frutos este modelo”.

El jurista considera que, para quienes lo quieren ver a tiempo, las sanciones a Rivas revelan que “Ortega ya no es capaz de responder a ese pequeño grupo por su seguridad ni por su patrimonio, menos aún al resto de empresarios y trabajadores que quieren un sistema democrático y al resto de nicaragüenses”.

“O (el comandante Ortega) hace un cambio verdadero, no porque le guste, si no por un mecanismo de mera supervivencia, o a corto o mediano plazo va a iniciar su derrumbe irreversible”, sentencia.

“Vergüenza nacional”

La dirigente nacional del opositor Frente Amplio por la Democracia (FAD), Violeta Granera, también coincide en que Rivas “debe salir”, aunque el movimiento es “absolutamente insuficiente” para restaurar la credibilidad en el sistema electoral.

Granera califica a Rivas de ser “una vergüenza nacional”, pero insiste en que la verdadera demanda y preocupación de los nicaragüenses es el establecimiento de las condiciones para la realización de elecciones libres y transparentes.

Rivas y el CSE que presiden son señalados de orquestar los fraudes electorales que durante la última década habrían beneficiado al gobernante Frente Sandinista. Sin embargo, Ortega designó a Rivas como el garante del plan de trabajo de tres años que fue firmado con la Organización de Estados Americanos (OEA), para “fortalecer la institucionalidad” del sistema electoral, aunque del mismo no se ha vuelto a tener noticias.

Granera reclama que la renovación del sistema electoral no se resuelve con “cambios cosméticos o con la salida de Rivas, sino con reformas profundas al sistema y el nombramiento de personas independientes y de reconocida probidad al frente del mismo”.

A finales de 2017, el FAD presentó una propuesta de quince puntos para la reforma de un sistema justo, libre, inclusivo y transparente, que retoma propuestas que circulan desde hace más de una década, recogidas por el ahora extinto Grupo Promotor de las Reformas Electorales.

El abogado y exdiputado opositor, Eliseo Núñez Morales, igual opina que las sanciones a Roberto Rivas deben ser un mensaje “no solo para Ortega, sino también para su círculo inmediato”.

Coincidiendo con el planteamiento de Álvarez, Núñez agrega que las citadas sanciones “causan inseguridad en los cercanos a Ortega, les deja claro que él no puede protegerles más allá de Nicaragua y que no hay impunidad posible”.

El también exdiputado liberal y experto en Derecho Constitucional, José Pallais, estima que a pesar del silencio oficial, la inclusión de Rivas en la lista de la OFAC sí ha provocado “un gran impacto en el Gobierno”.

“Es notorio que están meditando el tipo de respuesta y considerando si intentan desmontar la confrontación creada o se avienen a continuarla, para lo que deben estar analizando todas sus posibilidades y la fortaleza de sus alianzas internas y externas”, reflexiona.

Según Pallais, escoger a Rivas como el primer sujeto de sanciones “tiene el efecto de golpear no solo a la persona señalada de corrupción, sino también al sistema electoral orteguista, por destacar al presidente del órgano electoral como responsable de prácticas antidemocráticas”.

“La legitimidad de todas las elecciones bajo la conducción de Rivas ha quedado seriamente cuestionada, y por ende —estima Pallais— la legitimidad del Gobierno”.