EFE | Confidencial
29 de mayo 2018
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A pesar de nuevos brotes de violencia, el diálogo nacional volverá a reactivarse en los próximos días después del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los representantes de los estudiantes, la sociedad civil y el sector privado.
La Comisión Mixta, integrada por tres miembros del Gobierno y otros tres de la denominada Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, acordó la reanudación del Diálogo Nacional con el objetivo de tratar de poner fin a una crisis que ha dejado al menos 76 muertos.
Según informó en un comunicado la Comisión de Mediación y Testigo, conformada por los obispos de la Conferencia Episcopal, "la delegación del Gobierno y de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia expresaron su disposición de reanudar el diálogo nacional en la mesa plenaria para retomar la agenda del tema de la democratización". Asimismo, la Alianza Cívica "reafirmó su compromiso a aunar esfuerzos y enviar un mensaje para la flexibilización de los tranques (bloqueos)".
Este acuerdo supone la comprensión de ambas partes, dado que una vez que se reinicie el diálogo, los interlocutores presentes en la mesa de negociación abordarán el tema de la democratización y la flexibilización de los bloqueos en las carreteras.
La democratización, una de las máximas pretensiones de la Alianza, incluye entre sus puntos una reforma constitucional y elecciones anticipadas, lo que era visto por el Gobierno como "un intento de golpe de Estado", tal y como manifestó en su momento el canciller, Denis Moncada.
"Se acepta que en la próxima reunión de plenario se hable de la agenda que presentaron los obispos, aunque obviamente toda agenda es sujeta a observación. Lo importante es que el insumo principal es la agenda de la democratización", dijo a los periodistas Juan Sebastián Chamorro, presidente del FUNIDES.
Chamorro dijo que la Alianza se comprometió "a abonar de nuestros esfuerzos para facilitar la flexibilización de estos tranques, así como lo planteamos el día miércoles". Agregó que la jornada del lunes se mantuvo basada en la discusión de este tema, dada la insistencia del Gobierno, pero "nos movimos de una agenda centrada en un solo tema a uno más de fondo, que es la democratización".
"Si aquí se va avanzando sobre los temas que llevaron a poner los tranques, como es la falta de democracia, la violación de derechos, los tranques naturalmente se irán levantando. Es importante que las protestas sigan siempre y cuando sean de forma pacífica. Si esta agenda de democratización va avanzando, las razonas que llevaron a los paros ya no debería existir", explicó.
Por su parte, la desinstalación de las barreras en las carreteras era la estrategia seguida por la sociedad civil para presionar al Ejecutivo ya que suponía una gran preocupación por sus graves consecuencias económicas y sociales.
La Comisión Mixta también condenó los ataques contra la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y contra la emisora radiofónica gubernamental Radio Ya e hicieron un llamado al cese inmediato de toda forma de violencia y al cumplimiento de las recomendaciones 1, 2 y 3 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Dichas recomendaciones pedían el cese inmediato de la represión, el respeto al goce pleno del derecho a la protesta y a la libertad de expresión y la creación de un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos.
Para Carlos Tünnermann, miembro de la sociedad civil en la Comisión Mixta, la reanudación del diálogo nacional compromete al Gobierno a cesar la represión. "Firmamos el acuerdo para continuar el diálogo, y lo firmaron los representantes del Gobierno, de manera que el compromiso es para ellos", dijo Tünnermann.
La comisión mixta solicitó el cese de toda agresión contra cualquier medio de comunicación e hicieron un llamamiento a los medios que propagan noticias falsas e instigan a la violencia a que se abstengan de seguir haciéndolo.
"Reiteramos que el éxito del diálogo requiere de un clima adecuado para su desarrollo. El único camino admisible para fortalecer la democracia es la paz y exhortamos a no apartarnos de ese camino", señaló en un comunicado.
Este pacto era la culminación a un nuevo día marcado nuevamente por la violencia. Ayer un grupo de personas atacó la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), que había sido tomada horas antes por estudiantes que protestaban contra el Gobierno.
La acometida, que fue repelida gracias a ciudadanos que llegaron de forma voluntaria para apoyar a los estudiantes, derivó posteriormente en un ataque y un incendio, provocado por un grupo de manifestantes, contra la sede de la Nueva Radio Ya, la principal emisora radiofónica del Gobierno.
Tras la llegada de la Policía Nacional al lugar de los hechos, se vivieron verdaderos momentos de terror dada la dureza que emplearon los agentes antidisturbios.
La Policía Nacional agredió a un equipo de la Agencia EFE compuesto por el fotógrafo Jorge Torres y la camarógrafa Reneé Lucía Ramos, quienes cubrían los altercados.
Los periodistas se vieron sorprendidos por los agentes antimotines, quienes después de disparar balines y balas de goma, exigieron a los profesionales de EFE que se incorporaran al grito de "¡que se levanten hijueputas!", mientras les propinaron algunas patadas y les zarandearon.
"Mientras los policías nos gritaban con muy malos modos que nos levantáramos, a Jorge un agente le zarandeó. Yo me quedé bloqueada del susto en el suelo y uno de los agentes me propinó una patada en mi pierna izquierda hasta que reaccioné y salí corriendo", denunció Ramos.
Hoy se cumplen 42 días en Nicaragua de una crisis que ha dejado al menos 76 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Mientras tanto, la situación de Nicaragua sigue llamando el interés internacional. Ayer el diputado Enrique Sánchez, del Partido Acción Ciudadana de Costa Rica leyó ante el Parlamento un pronunciamiento solicitando a los colegas de la Asamblea Legislativa que condenaran la violencia de Estado y la violación a los derechos humanos en Nicaragua. “La indiferencia no es una opción cuando se trata de violaciones a los derechos fundamentales”.
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